Habitantes de tres municipios del Táchira están afectados por la suspensión de la venta de carne, debido a irregularidades en un proceso de licitación que obligó a los carniceros a bajar sus santamarías.
Alrededor de 30 carnicerías han cerrado sus puertas en la última semana en San Juan de Colón, municipio Ayacucho, ubicado a una hora y media de San Cristóbal, zona que se ha caracterizado por poseer uno de los más grandes criaderos de ganado y cerdo en la región.
Según lo denunció la diputada a la Asamblea Nacional por el circuito de montaña baja, Gaby Arellano, el motivo del cierre de los negocios de carnes se produce a raíz de los frecuentes maltratos que estarían sufriendo los propietarios de los comercios de carnes, luego que el alcalde de la localidad, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, -PSUV- Daniel Berbesí, privatizara de manera ilegal el matadero municipal.
De acuerdo a las declaraciones ofrecidas por la parlamentaria, se estarían viendo perjudicados con esta situación, no solo los habitantes de Ayacucho, sino también de los municipios vecinos Michelena y Lobatera que suman unos 130 mil habitantes.
Detalló Arellano que “después que el alcalde hizo un negocio para su beneficio, otorgándole la administración del matadero municipal a un empresario sin proceso de licitación y sin cumplir con los trámites administrativos necesarios, los precios que deben pagar los carniceros para su uso son exorbitantes. Razón por la que los comerciantes decidieron detener su labor en señal de protesta”.
Destacó que ante esta situación el próximo sábado asistirá al mercado municipal de San Juan de Colón a una asamblea conjuntamente con la diputada Karim Vera, en donde conversará con los carniceros para recopilar la información necesaria y elevarla a la Comisión de Controlaría de la Asamblea Nacional, a fin de que sean investigados estos hechos irregulares.
Gaby Arellano emplazó al alcalde de Ayacucho, a que muestre públicamente todos los procesos de licitación y trámites que debieron haberse realizado para entregar el matadero municipal a la administración de una empresa privada, porque de lo contrario tiene que dejar sin efecto la medida.
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