En este caso judicial del chavismo contra Rodríguez, el hombre de confianza del presidente de la Asamblea Nacional -Henry Ramos Allup- el organismo garante de la acción penal, la propia Fiscalía, legalizó la figura del llamado «patriota cooperante», como se conoce a los soplones al servicio del oficialismo.
Cuando ya se había anunciado su liberación, y su abogado estaba a la espera de la boleta de excarcelación, el jefe de seguridad fue dejado preso.
La precalificación fiscal contiene los siguientes tipos penales: homicidio intencional agravado en grado de frustración, asociación para delinquir e instigación. El homicidio es un delito de resultado. En este caso no llegó a cometerse porque las victimas no perdieron la vida. Nuestro código penal dictamina que de ser culpable la pena será de entre 12 y 18 años de cárcel.
Sobre los delitos, la defensa a cargo del penalista Omar Estacio, señaló que, «no existen pruebas pero, qué le importa a ellos», afirmó.
Según Estacio, la juez del tribunal 4to de control con competencia en terrorismo, María Magdalena Diaz Pereira, manifestó que en el momento que la magistrada hizo el receso para preparar el acta de la audiencia, pasadas la una de la madrugada, en su despacho recibió la llamada del fiscal 20 nacional Ismar Maurera, solicitando la privativa de libertad para Coromoto Rodríguez.
«Esto suele estipularse, la llamada telefónica, si es un hecho que reviste gravedad, luego el fiscal debe realizar los trámites administrativos correspondientes», dijo Estacio a El Estímulo.
Asimismo, El representante del MP con competencia en flagrancia, indicó en audiencia que «El comisario» no fue aprendido bajo esta condición, «en flagrancia», sino por la información aportada por un «patriota cooperante». Esta figura tan utilizada en estos últimos años por el régimen es ilegal, pues nuestro Código Orgánico Procesal Penal (COPP), no contempla las denuncias anónimas.
– Presuntos implicados y torturados –
Según la defensa de los siete jóvenes aprehendidos por los hechos violentos del día 18 de mayo, donde dos funcionarias de la PNB fueron golpeadas, los hoy detenidos fueron torturados por funcionarios del Sebin en El Helicoide, para que dijeran que Coromoto Rodríguez les había pagado para cometer tal delito, en la marcha que convocó ese día la oposición y que sólo llegó hasta la avenida Libertador, a la altura de Mariperez.
«Hay unos videos que les grabaron a los muchachos, bajo la amenaza de ser violados, sobretodo a Jheimy Bastardo Lugo y José Hernandez, quienes son los que tienen los delitos de homicidio agravado en grado de frustración, para que dijeran que María Corina Machado, Henrique Capriles y Juan Requesens, también les habían pagado para que cometieran ese delito en la marcha», aseguró Elenis Rodríguez, miembro de Fundeci y abogado de dos de los detenidos.
Los otros cinco imputados por este caso son Deyvis Hernández (Instigación, agavillamiento y daños violentos), Jeferson Aguache (Instigación, agavillamiento y daños violentos), Richard Rondón (Instigación, agavillamiento y daños violentos), Antonio Theis (Instigación, agavillamiento y daños violentos) y Daniel Morales (Instigación, agavillamiento y daños violentos).
Hubo un adolescente detenido pero liberado después de su audiencia en un tribunal especial para menores. Sus abogados también aseguran que fue torturado física y psicológicamente en el Sebin.
En el caso de Jheimy Bastardo Lugo, en las actas policiales no aparece reflejado que este ciudadano fue el que cometió el delito que se le señaló en la presentación.
«El MP tiene la carga de la prueba (un video donde se aprecia a unas personas golpeando a las dos funcionarias) y tienen que demostrar que esa persona del video es Jeremy Bastardo, porque esa área estaba tomada por policías, por qué no lo aprehendieron en flagrancia», se preguntó Elenis Rodríguez.
Los hechos en cuestión sucedieron a las 12:30 PM aproximadamente y según la defensa del joven, éste fue arrestado a las 3 de la tarde en la plaza Altamira.
Llama la atención que Jheimy Bastardo, participó en una manifestación en 2014 en la cual fue arrestado después de haber sido herido con perdigones por un Guardia Nacional. En ese momento fue dejado en libertad plena. Pues bien, en esta oportunidad la subinspectora de la PNB Reina Rodríguez dejó constancia en un acta de investigación, que visitó la sede del Sebin en plaza Venezuela a las 9 de la mañana del 18 de mayo (día de la marcha), para «chequear los registros policiales de los ciudadanos presentados ese día».
¿Cómo sabía esta subinspectora a las 9 AM que estos jóvenes iban a estar implicados en esta causa, si no habían ocurrido los hechos?
«Me causa suspicacia que de todo este grupo de detenidos, el único que ha estado en una protesta, es Jheimy», afirmó Elenis Rodríguez.
Richard Rondón, de treinta años de edad, es vigilante y estaba parado mirando lo que pasaba en la avenida Libertador, específicamente en la esquina del concesionario Lino Fayen y además esperaba que su esposa saliera del trabajo. Allí fue arrestado y llevado al Sebin.
Mala suerte parece haber tenido Daniel Morales, quien salió del propedéutico que cursa en la universidad Humbold en Plaza Venezuela, y al encontrar la estación del Metro cerrada caminó frente al Sebin y es allí donde lo llama un funcionario para ver que tenia en el morral que llevaba y sin abrirlo lo dejan detenido.
Pero quizá, el caso que más sorprende es el de Deyvis Hernández, un joven de 20 años de edad que vive debajo del puente que va de plaza Venezuela al estadio de Beísbol de la UCV. No sabe leer ni escribir y trabaja cuidando vehículos en la arepera que está al final de la llamada «calle de los hoteles».
Cinco de estas personas están detenidas en El Helicoide, después de haberlos llevado a la cárcel de San Juan de los Morros, uniformarlos como a los sentenciados de color amarillo y hacerles gritar consignas como: «Chávez vive la patria sigue». Tanto Luis Theis como Richard Rondón tiene medidas cautelares de presentación ante el tribunal cada 30 días.