Provea, la ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos, divulgó un documental que denuncia las contradicciones del gobierno en la creación del Arco Minero del Orinoco, en un foro celebrado este martes por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
El foro analizó la importancia de otorgar el derecho de las comunidades originarias a ser consultadas de manera previa, antes de decretar zonas militares o ejecutar el Arco Minero del Orinoco, la vasta zona minera de 111.000 kilómetros cuadrados ubicada al extremo este del estado Bolívar, donde se encuentran ricas minas de oro y diamante que son actualmente explotadas por mafias, comunidades indígenas y cooperativas mineras.
El documental muestra cómo desde el gobierno del fallecido Hugo Chávez se impulsó la creación del Arco Minero, a pesar de tener un discurso en defensa del ambiente.
En el Arco Minero del Orinoco «no se hizo un proceso de consulta previa, a pesar de lo establecido por la Constitución Bolivariana de 1999 y que el gobierno se comprometió en Ginebra el año pasado a no realizar concesiones mineras», explicó Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea ante periodistas.
El Gobierno estima que en el “Arco” existen 7.000 toneladas de reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales en un área que duplica la extensión de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Guyana ha venido ejerciendo de hecho durante décadas el control pleno sobre el territorio Esequibo, donde hay siete de las 10 regiones administrativas de ese país vecino de Venezuela. Enormes riquezas minerales y de petróleo y gas, se suman a una disputa nacionalista histórica.
En el país que tiene la inflación más alta del mundo y el salario mínimo más bajo, el régimen de Nicolás Maduro, a través de un tribunal contra "terrorismo", condena a 16 años de cárcel a seis sindicalistas y activistas que protestaron el año pasado por demandas salariales. Mensajes en Twitter y WhatsApp entre las supuestas "pruebas" de delitos.
La tragedia ocurrida en la mina Talavera no es un hecho aislado: en los últimos cuatro años al menos 73 mineros artesanales han muerto dentro de las minas al sur de Bolívar, en territorios custodiados por el Estado, administrador principal de toda concesión minera y por lo tanto del control de acceso a zonas mineras legales e ilegales
