La Asociación de Corresponsales de la Prensa Extranjera en Venezuela emitió una nota de protesta por la detención en días pasados de los periodistas Andreína Flores (RCN Colombia, RFI) y Jorge Luis Pérez Valery (Más Noticias Colombia), por parte de funcionarios del Sebin, cuando los comunicadores sociales realizaban algunas tomas para sus respectivos canales el pasado 18 de agosto en Caracas.
En una nota de prensa, la APEX manifestó su preocupación por la acción de los efectivos militares en contra de los comunicadores, ya que a su juicio, obstruyeron el trabajo que venían desempeñando.
También expresó su inquietud por el mecanismo usado de «retención» o «entrevista» para trasladar a Flores y Pérez Valery a Fuerte Tiuna, lo que deja entrever que en la práctica es una detención de los periodistas.
Recordemos que el pasado 18 de agosto de 2016, se registró una situación irregular en las inmediaciones de El Calvario, lugar cercano al Palacio de Miraflores, en donde funcionarios militares procedieron a detener a los comunicadores sociales por estar grabando en un área denominada «corredor presidencial».
A continuación el comunicado de la APEX:
La Asociación de Corresponsales de la Prensa Extranjera en Venezuela (APEX) expresa su queja y protesta por la detención durante varias horas, por funcionarios de Inteligencia Militar, de Andreína Flores (RCN Colombia, RFI) y Jorge Luis Pérez Valery (Más Noticias Colombia), cuando esos colegas efectuaban en el centro de Caracas este Jueves 18 de agosto, tomas audiovisuales de apoyo a los trabajos que realizan para sus medios.
Nuestra Asociación expresa nuevamente su preocupación por la actuación desproporcionada de los agentes militares ante colegas debidamente identificados, y la obstrucción que ello significa para el trabajo de los profesionales de la prensa y para el derecho de estar informados que tienen los públicos a los cuales servimos.
Igualmente nos preocupa el traslado a la ciudadela militar Fuerte Tiuna como medida de “retención” o “entrevista”, según indicaron portavoces del Estado y que en la práctica significan intimidación y detención de colegas, como han señalado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas, cuya intervención ante las autoridades reconocemos en este caso, así como el de la abogada Rocío San Miguel.
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