Venezuela

Ya nos cortaron la luz y el agua, denuncia Ramos Allup

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, denunció este miércoles que el "acoso" que ejerce el Ejecutivo se refleja con la asfixia financiera al legislativo y con maniobras legales que apuntan al encarcelamiento de los diputados de la oposición.

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FOTOGRAFÍA: ANDREA HERNÁNDEZ

En declaraciones al Circuito Éxitos, Ramos Allup denunció que la operatividad del parlamento está siendo afectada seriamente con la negativa del Ejecutivo para distribuir los recursos que, por ley, deben administrar. «Ya nos han cortado la luz y el agua; ahora no le quieren pagar a los diputados. Hagan lo que hagan la AN seguirá funcionando», apuntó.

El jefe del legislativo, único poder público bajo control opositor, denuncia que el acoso que sufre la AN obedece al «desespero» que en su opinión tiene el presidente Nicolás Maduro para evitar el desmoronamiento de su gobierno, afectado por una profunda crisis económica y la posibilidad de ser sacado del poder por la vía del referendo revocatorio.

«Por eso al gobierno se le cierran mas las puertas. Aquí hay un serio quebrantamiento del orden constitucional porque hay presos políticos, porque no hay separación de poderes», apunto.

Ramos Allup, además, advirtió que la reciente orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de anular siete sesiones de la AN son parte de un «paquete» legal que contemplaría el allanamiento del legislativo y el encarcelamiento de los diputados.

«Nosotros seríamos allanados sin ni siquiera necesitar un pronunciamiento de la cámara (…) Están preparando el escenario. Si pasa eso pasa sería el colmo y un escándalo», advirtió.

«Todas las amenazas de Maduro forman parte de un mismo paquete. Es una evidencia más desespero del gobierno», agregó el también secretario general de Acción Democrática.

El presidente de la Asamblea Nacional, acudió el martes a la sede del Ministerio Público para denunciar la sentencia emitida por la Sala Constitucional que contempla, entre sus puntos, nuevas limitaciones a las funciones del parlamento, como que las sesiones deben convocarse con al menos 48 horas de antelación y que el orden del día no pueda ser cambiado.

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