Poder Judicial persigue a denunciantes e impone el silencio ante la corrupción

No es una casualidad. Al contrario, parece una estrategia muy bien definida. A punta de sentencias, el Poder Judicial venezolano se inmiscuye en el debate político, tratando de silenciar a quienes denuncian las supuestas irregularidades cometidas por altos funcionarios del Gobierno chavista. Para muestra, un botón. O tres en menos de seis meses.

El Tribunal Segundo de Primera Instancia del Circuito Judicial del estado Barinas prohibió el 23 de agosto a los medios regionales “publicar informaciones, declaraciones de políticos, dirigentes y de cualquier ciudadano” que relacionen al gobernador Adán Chávez Frías con hechos de corrupción.

Chávez Frías había solicitado la protección del sistema justicia, por considerar que el diputado Freddy Superlano (VP-Barinas) se estaba “aprovechando” de su inmunidad parlamentaria para difamarlo e injuriarlo en medios locales. Superlano introdujo una denuncia contra el mandatario regional el 3 de agosto en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional por la paralización de, al menos, 16 obras por un monto que superaría los 8 millones de bolívares.

Boca cerrada

La fórmula empleada por el gobernante barinés y directivo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) es similar a la que aplicó un par de meses atrás el mayor general Carlos Osorio, exministro de Alimentación cuya gestión está siendo examinada por el Parlamento. El oficial del Ejército demandó por “daños y perjuicios morales” a los legisladores Ismael García (PJ-Aragua) y Carlos Berrizbeitia (PV-Carabobo) y al dirigente de Voluntad Popular, Carlos Tablante.

“Mi demanda contra los ciudadanos Tablante, García y Berrizbeitia obedece a no seguir permitiendo más injurias a mi reputación y honor”, anunció Osorio el 13 de junio a través de su cuenta en Twitter. Dos semanas más tarde, la jueza provisoria del estado Carabobo, Omaira Escalona, daba la razón al militar y ordenaba a los políticos abstenerse de “continuar con la publicación, declaración y difusión de artículos difamantes a través de la página web Cuentas Claras Digital y redes sociales como Twitter, Facebook y otros”.

Escalona no se quedó allí y extendió el veto a todos los medios del país, impidiéndoles la posibilidad de “publicar o difundir noticias, mensajes gráficos o vilipendiosos en cuanto a cualquier señalamiento que tenga por objeto menoscabar la esfera moral que atente contra el honor, decoro y reputación del ciudadano Carlos Osorio”.

Puño de hierro

El director del Correo del Caroní, David Natera Febres, también recibió un golpe del Poder Judicial el 20 de julio, cuando la Corte de Apelaciones del estado Bolívar ratificó una condena en su contra a cuatro años de prisión por haber informado acerca de un caso de presunto tráfico de mineral de hierro en Ferrominera Orinoco.

La acción contra Natera Febres fue intentada por el empresario Yamal Mustafá, detenido e imputado por el hecho que reveló la investigación periodística en 2013. Sin embargo, Mustafá se benefició del sobreseimiento de su causa y pasó de acusado a acusador, al sentirse víctima de los delitos de difamación e injuria. El juez Beltrán Javier Lira, del Tribunal Penal Sexto de Juicio de Bolívar, falló a su favor el 11 de marzo.

A través de un comunicado en el que rechazaba el dictamen de Lira, la ONG Espacio Público destacó: “El tribunal que admitió la demanda emitió una medida para prohibir a Correo del Caroní divulgar información sobre este hecho de corrupción, vulnerando el derecho a la información del pueblo de Guayana y de Venezuela de conocer las incidencias de un caso de interés público”.

Los expedientes de Chávez Frías, Osorio y Correo del Caroní dejan en evidencia un patrón que se repite sin mayores alteraciones. Basándose en los supuestos de difamación e injuria, los denunciantes terminan contra la pared y el Poder Judicial impone el silencio para evitar que las palomas disparen a las escopetas.