Universidades públicas en Venezuela subsisten en la miseria

«Administrar en la miseria», es el resumen de lo que les toca a las autoridades universitarias en esta crisis marcada por la inflación más alta del mundo, escasez de alimentos y medicamentos, y restricciones presupuestarias por parte del Ministerio para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, según la vicerrectora administrativa de la Universidad Simón Bolívar (USB), Mariella Azzato.

Prueba de esto es que a la USB el gobierno nacional le aprobó el 15% del presupuesto requerido para este año académico, según su rector Enrique Planchart, mientras que a la Universidad de Los Andes (ULA) se le asignó solamente el 29% de lo que necesitan para funcionar, informó Mario Bonucci, máxima autoridad de esta entidad. En el caso de la Universidad Central de Venezuela, su rectora Cecilia García Arocha, explicó que se le otorgó el 38% de lo que requieren, lo que quiere decir que en el mejor de los casos esta casa de estudio tiene un déficit presupuestario de 62%, en comparación con la ULA y USB.

Este déficit presupuestario se refleja en servicios suspendidos o colapsados. Por primera vez en la historia de la USB, el comedor estuvo cerrado nueve semanas lo que causó que 42 estudiantes no se inscribieran en los cursos intensivos del verano para adelantar materias porque su verdadero interés no era cursar nuevas materias, sino comer. «Una realidad bastante compleja», lamentó el presidente de la Federación de Centro de Estudiantes USB (FCEUSB), Daniel Ascanio.

Pero las cifras se pueden poner aún peor. Según estudios de la Dirección de Servicios de esta universidad un 65% de sus estudiantes depende del comedor universitario, y a pesar de que se logró reactivar su servicio no es el correcto porque el departamento de Alimentación y Nutrición de la misma estima que cada estudiante debe consumir 2400 kilocalorías diarias y actualmente solo están ingiriendo 1400.

Esta misma situación se presenta en la ULA, estado Mérida. Su rector explica que a pesar de que el comedor de esta casa de estudios ha sido el único de las universidades públicas que ha funcionado desde el comienzo de clases, tiene deficiencias calóricas y explicó que entre 14 mil y 17 mil estudiantes de un total de 45 mil (en el núcleo Mérida) utilizan este servicio, pero su presidente del FCEU, Jorge Arellano dijo que en varias ocasiones no han podido entregar 100% de la bandeja debido a irregularidades por parte del Ministerio.

Mientras tanto, el de la UCV que beneficia a 10% de la población estudiantil diariamente, tiene más de un año sin funcionar, agregó Arocha.

De Patrimonio Cultural de la Humanidad a casa del hampa

Asaltos, linchamientos, hurtos y hasta secuestros son cada vez más comunes en la casa que vence las sombras. Tanto sus estudiantes como profesores se someten al miedo e incertidumbre a diario de no saber si ese día serán victimas del hampa en los espacios de la UCV.

Hace ocho años el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia que prohibió la colocación de puertas para el control de paso en esta universidad, una petición que solicitó García Arocha y proyecto del mismo Carlos Raúl Villanueva, argumentando que es un corredor vial el cual debe ser de libre acceso para los ciudadanos. Aunado a ello, la Defensoría del Pueblo tampoco permitió el establecimiento de puntos de seguridad, lo cual deriva según la rectora «en un espacio libre para el hamponaje».

En esos años son 100 ataques que ha recibido la UCV, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2002. Quemas del rectorado, secretaría y carros, destrucción de obras de artes como los mosaicos de Oswaldo Vigas son algunas de las arremetidas que las autoridades correspondientes han denunciado ante la Fiscalía, TSJ y Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicipc) pero todavía no obtienen respuesta.

Manuel Sainz, periodista y profesor de la escuela de Comunicación Social, fue víctima de robo el pasado 26 de septiembre a las 11:45 am cuando luego de culminar su clase un delincuente le despojó su moto con pistola en mano. La escuela emitió un comunicado lamentando el hecho y rechazando la inseguridad, así como «la constante exposición a la que está sometida toda la comunidad Ucevista».

“El tema de seguridad parece de películas. Antes tenía el privilegio de salir de clases y estudiar con mis amigos en la biblioteca de la universidad, que para mí es majestuosa y perfecta. Desde hace 3 semestres no puedo hacerlo. Llego directo a clases y luego me voy corriendo porque simplemente no hay otra opción”, dijo Antonella Di Ciano, estudiante de 6to semestre en Estudios Internacionales, quien también manifiesta, que a su mejor amiga Gabriela, le quitaron el teléfono saliendo del aula de clases. “Las motos pasan concurrentemente por los pasillos y si te roban casi que es lo mejor que te puede pasar”.

Otro incidente que deja evidencia de la inseguridad que se registra en la UCV es que el Instituto de Medicina Tropical está desvalijado, y por ende, numerosas veces se ha visto obligados a cerrar sus puertas, afectando la atención de los pacientes y las actividades de los profesores.

A lo que va de año, ha sido víctima del vandalismo 16 veces, en las que sustrajeron computadoras, microscopios, inyectadoras y más. A pesar que las autoridades han emitido las denuncias correspondientes ante el Cicpc, no se han conseguido culpables. Igualmente, ocurre con la Escuela de Medicina José María Vargas, que una semana antes que iniciaran las clases, grupos irregulares ingresaron en la noche a robar el comedor, aseguraron García Arocha y el presidente del FCEUCV, Hasler Iglesias.

La USB no se aleja de esta realidad. Los pabellones de arquitectura han sido víctima tres veces este año de hurtos en sus instalaciones. Aparatos electrónicos, electrodomésticos y bienes inmuebles son algunas de las cosas que reporta María Virginia Millán, presidenta del centro de estudiante de esta escuela.

Además, las primeras semanas del mes de agosto robaron todo el equipo técnico de La Dirección de Admisión y Control de Estudios (DACE), el cual costó 8 mil dólares reponerlo, gracias al grupo de egresados de la universidad ALUMI USB, expresó Ascanio.

Lo mismo ha ocurrido en la ULA, en dónde Arellano comenta que facultades como las de Farmacia, Forestal o Ingeniería se han visto en la necesidad de suspender clases por robos de instrumentos indispensables para el funcionamiento correcto de las actividades académicas.

¿Quién cuida las casas de estudio?
En el caso de la USB, la cual alberga 10 mil estudiantes, Ascanio reporta que el personal de seguridad no es suficiente para los distintos bloques del campus. La nómina presenta 20 miembros, de los cuales 10 son supervisores y los otros son los que prestan el servicio durante la noche. “Hay dos vigilantes y un supervisor para toda la extensión por turno”, quienes tampoco cuentan con el material para brindar resguardo, aseguró Ascanio. De hecho, señaló que las dos puertas principales están averiadas y una de ellas no posee cadenas ni candados.

Mientras, tanto la ULA como la UCV cuentan con 400 vigilantes responsables de garantizar la seguridad, en el caso de la segunda, a unos 60 mil estudiantes.

«En cualquier país del mundo donde no hubiese delincuencia sería más que suficiente. Uno no ve en universidades como La Sorbona o Cambridge plagado de vigilancia. Hay que situarnos en el país que tenemos, somos una universidad en medio de una ciudad inhóspita», subrayó García Arocha.

Cuando el acceso es inaccesible

El transporte público también es otra limitante. En el caso de las rutas interurbanas de la USB que se encargan de trasladar a más de 300 estudiantes fuera de la capital como: Guarenas, Guatire, Maracay, La Victoria, Los Teques, San Anotnio y La Guaira están suspendidas desde julio por una deuda a los transportistas de dos meses, según el rector de esta universidad.

La situación es grave. Además, de las seis rutas urbanas suspendieron dos de las más importante que son: Bellas Artes y Chacaíto, lo cual ha dificultado el acceso de los estudiantes a su universidad por su ubicación geográfica en donde no hay presencia de ningún transporte público. Según el mismo estudio de la Dirección de Servicios, 80% de sus estudiantes depende de este funcionamiento. Planchart enfatizó que debido a ello se ha solicitado al Consejo Directivo Superior la suspensión de las evaluaciones, lo cual podría comprometer el transcurso regular de este trimestre.

En el caso de la ULA, los autobuses que utilizaban, por lo menos la mitad de los estudiantes, llevan paralizados todo el año.«Es más barato venderlos a la Venezuela de antes que reponerlos», dijo Bonucci, quien agregó que tienen muchísimo tiempo que no reciben nuevas unidades.

Igual ocurre con la UCV. De un total de 58 unidades, este año solo han funcionado 25, y las autoridades manifiestan que es porque no cuentan con el presupuesto necesario para su mantenimiento o reparaciones, inclusive, solicitan 15 unidades para fortalecer el servicio que moviliza a más de un millón de personas al año.

Una calidad educativa comprometida
«No hay dinero para la academia», apuntó la máxima autoridad de la ULA. En este recinto universitario los rústicos necesarios para realizar las prácticas rurales de los alumnos de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales están suspendidos desde hace un año.

«¿Cómo esperar que nuestros alumnos aprendan si no tienen las herramientas básicas e indispensables para su formación?», sostuvo Bonucci.

De igual forma concuerda la máxima autoridad de la USB, quien explica que sus laboratorios no cuentan con equipos e insumos importantes, lo cual limita la calidad educativa de sus estudiantes.

«Son muchas prácticas que no podemos ejecutar. En mi caso que estudio Geología, la universidad no cuenta con un sismógrafo, instrumento primordial, ese es uno en millones de casos», agregó Ascanio.

Además, esta falta de recursos ha impuesto que los mismos estudiantes asuman costos que no le corresponden.Di Ciano expresó que desde hace tres semestres entre todo su salón recolectan dinero para pagar sus propias hojas de examen, impresión y hasta marcadores de pizarras para sus profesores.

Otro factor remarcable, es a quiénes permiten estar en las aulas de clases. Desde el 2015 el nuevo sistema de ingreso de la Oficina de Planificación de Sector Universitario (OPSU) establece que esta entidad asigna 100% de los cupos dependiendo de la territorialidad, condición socioeconómica, actividades sociales e índice económico, lo cual ciertamente limita la autonomía de las universidades para la selección de sus futuros alumnos.

Todos los rectores coincidieron que este es un método excluyente, además, de que la mitad de esos estudiantes no ejecutan el proceso de inscripción debido a que no están preparados o cuentan con los conocimientos demandados, lo cual injustamente y sin necesidad le quita cupos a otros jóvenes.

De acuerdo a estudios de Planchart, es primera vez que en la USB un 29% de los estudiantes no aprueban el trimestre. «Hay un severo problema con el rendimiento de estos estudiantes».

Y así mismo lo respalda Bonucci, quien declara que universidad se refiere a conocimiento, y esa es la única condición que se debe tomar en cuenta al momento de los ingresos estudiantiles.
«Esto es simplemente un populismo sin sentido. La universidad no divide entre ricos o pobres, negros o blancos, judíos o católicos, el aula magna sienta a todo el mundo por igual», concluyó García Arocha.