Venezuela estará durante tres horas bajo los ojos de la Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y las expectativas son muchas. Las ONG fuera de la órbita chavista estarán atentas a las denuncias que llevan efectuando sobre la crisis humanitaria, en el examen de derechos humanos que se efectuará el 1 y 2 de noviembre en Ginebra, sede del consejo. Las organizaciones aseveran que al país le costará dar respuestas evasivas y dar discursos retóricos por la forma como se realiza esta rendición de cuentas universal, adoptada en el año 2007.
Temas espinosos como detenciones arbitrarias, torturas, persecución a periodistas y políticos de oposición, respeto a los pueblos indígenas, discriminación y violencia a las mujeres, así como el desabastecimiento de alimentos y medicinas básicas serán evaluados con nota por los miembros del organismo de Naciones Unidas. El gobierno tendrá su derecho de palabra. Luego de esta revisión, el consejo presentará un informe final el primer trimestre de 2017 con recomendaciones y posibles sanciones, que no tienen carácter vinculante.
«Las sanciones no son contra el Estado, son contra los gobiernos y no contemplan sanciones penales», aclara Jo D’ Elia, al explicar ante periodistas y miembros de organizaciones civiles la importancia del EPU en el universo de los derechos humanos. «Esto es una oportunidad para demostrar que en Venezuela están pasando cosas».
El examen implica la revisión detallada de cada uno de los derechos consagrados en la Constitución y en los dos tratados internacionales en derechos humanos suscritos ante Naciones Unidas. La expectación es mucha, toda vez que se multiplican desde 2014 los exhortos y las preocupaciones de los comisionados del organismo sobre discriminación, impunidad, malos tratos, ocultamiento de cifras, abusos y torturas en casos específicos sobre derechos fundamentales.
Sin respuestas
En una recopilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos sobre Venezuela, a propósito del EPU, se evidencia la falta de respuesta del gobierno de Maduro a las peticiones para verificar las violaciones denunciadas por las ONG. En el texto se constata cómo el representante de la oficina regional de la Oficina de Derechos Humanos no ha recibido repuestas a su pedido para visitar el país desde 2014. Esto también pasó con el Comité contra la Tortura.
El escrutinio de la ONU ha adquirido mayor trascendencia internacional ante los fallos a favor de la liberación de los presos políticos y el llamado público del saliente secretario general de la ONU, Ban ki-mon a Maduro de «escuchar» las voces que claman por recibir la ayuda humanitaria.
El gobierno se defenderá con argumentos ya conocidos. Las consecuencias de la «guerra económica» y el fenómeno climático del Niño serán sus principales avales para reconocer que hay crisis, aunque inducida, por lo que denomina agentes contrarios al proyecto bolivariano. Las ONG no descartan que el chavismo se valga de la propaganda, el lobby internacional y las viejas «mañas» de sus aliados tradicionales (Cuba, Nicaragua, Ecuador y Bolivia) para evitar una exposición incómoda en el Consejo.
El examen global a Venezuela se basa más de 500 informes provenientes de cuatro sectores: el del gobierno, que realizó en 2015 un examen sobre derechos fundamentales, tomando la opinión exclusiva de asociaciones ligadas al chavismo. El de los organismos de la ONU. El de las organizaciones vinculadas al oficialismo, que presentó 450 informes, de los cuales 200 de ellos fueron redactados por las comunas. Y el de 60 análisis levantados por ONG independientes.
¿Cómo se realiza el examen?
La observación de la ONU será de dos sesiones: la primera de ellas (1 de noviembre) se basará en la participación del gobierno venezolano y la de los Estados que forman parte el Consejo. «Allí el lobby que hará Venezuela y las ONG antes serán importantes para animar a los países a participar», afirma D’ Elía. Cada derecho de palabra constará de tres minutos en promedio, por lo que el ser conciso valdrá mucho en cada una de las exposiciones. Esta sesión estará dirigida por una troika conformada por los miembros del Consejo.
En la sesión del dos de noviembre, el gobierno venezolano deberá presentar el informe preliminar aceptando, anotando o justificando las recomendaciones hechas en la sesión previa. Una sesión final está prevista para el mes de febrero o marzo de 2017, con el informe (y notas del examen) elaborado por el Consejo. Allí también participarán voceros de las ONG y el Defensor del Pueblo, Tareck William Saab, siempre y cuando esa organización no sea rebajada a «categoría B» como se evalúa en el seno de la ONU por su «falta de independencia».
D’ Elía, quien participó en la redacción de los informes de las ONG, manifestó que la oportunidad en Ginebra será única para exponer la gravedad de la crisis. «Venezuela está en la obligación de atender, la comunidad internacional tiene el deber de ayudar y si no es así, estamos fregados».
Datos sobre el EPU sobre Venezuela by El Estímulo on Scribd
