Venezuela atraviesa un escenario político "incierto" que empuja a sectores del Gobierno y la oposición a la radicalización. Esta postura reduce el éxito de una posible negociación entre las partes.
Así lo advierte un informe de la banca de inversión Barclays conocido este martes en Caracas.
El análisis, suscrito por Alejandro Arreaza, asegura que la estrategia del gobierno de Nicolás Maduro de frenar el proceso de referendo por la vía judicial fue «demasiada arriesgada y no elimina la posibilidad de un cambio político» en Venezuela.
Barclays cita a una encuesta de la firma de Datanálisis, realizada del 20 al 29 de septiembre, asegurando que el 79,2% de los venezolanos quiere la salida de Maduro del poder. Esto representa que dos tercios de los consultados están dispuestos a firmar por la remoción del gobernante.
El freno en seco contra la consulta coloca al Gobierno en «una postura más represiva», alerta Barclays.
La firma también se muestra pesimista sobre el éxito de una posible negociación entre el chavismo y los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática.
«La radicalización de ambas partes reduce el éxito de la de negociación, incrementando el riesgo de divisiones y problemas de coordinación», dice el informe que se publica een momentos que ambos bandos políticos se aprestan a iniciar a finales de semana una ronda exploratoria de diálogo en la isla de Margarita con la mediación del Vaticano.
Barclays, además, que Venezuela enfrenta un acertijo de cómo será la reacción popular tras paralizar el referendo. «Esta reacción podría significar la diferencia entre una consolidación de un régimen más autoritario» con el apoyo de algunos factores políticos radicales y de sectores de la Fuerza Armada.
El Gobierno se apoyará en «la fatiga y la frustración» entre los sectores de la oposición para minimizar la movilización opositora. Pero eso no puede subestimar la determinación del pueblo que quiere un cambio político, añade el análisis.
«Si la comunidad internacional (OEA o Mercosur) interpreta una ruptura del orden constitucional en Venezuela , la legitimidad de contratos (económicos) firmados por el Gobierno podrían ser cuestionados», añadió Barclays.
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