“El SP3 va a tener patriotas cooperantes, tiene ya por miles a nivel de todo el país, patriotas cooperantes para adelantarse con información a las amenazas”, manifestó el gobernante el martes 17 de enero, al momento de designar al director de la policía política Sebin, mayor general Gustavo González López, como el encargado de esta nueva maniobra «de seguridad» que supuestamente está orientada a disminuir la desbordada criminalidad, que según el Observatorio Venezolano de la Violencia, en 2016 acabó con la vida de más de 28.000 personas en todo el país.
«Esta batalla se gana con inteligencia popular. Todo el mundo puede incorporarse al SP3 que va a tener patriotas cooperantes, tiene ya por miles a nivel de todo el país, para adelantarse con información a las amenazas, para identificar las bancas criminales paramilitarizadas y las bandas de homicidas y sicarios», dijo Maduro.
Pero juristas, dirigentes políticos y criminalistas temen que esta figura sirva como arma para arreciar los ataques contra disidentes.
El criminalista Fermín Mármol García señala que este llamado Plan Carabobo 2021, en el que se incluye el SP3 con el Sebin supuestamente para combatir la delincuencia es algo “muy delicado”.
«Sabemos que esto pudiera ser una amenaza con relación a los movimientos de libertad y democracia que están activados en Venezuela”, dijo el experto en una reciente entrevista radial por RCR 750 con el periodista y secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba.
“¿O será que por fin el Sebin va a contribuir a luchar contra la delincuencia organizada? ¿Qué va a pasar información para desarmar colectivos armados y violentos, para desarticular el pranato carcelario (jefes de los presidios, que controlan los negocios ilícitos), para desarticular los boliches (grupos guerrilleros afectos al chavismo bolivariano) en occidente?”, cuestionó Mármol García.
“El papel del Sebin no ha sido el de resguardar la seguridad del Estado contra movimientos como las FARC o el ELN, o para atacar el contrabando de armamento ligero y pesado, el tráfico ilegal de drogas o la corrupción. Más bien ha sido una policía política para perseguir a la disidencia política, a los empresarios. Entonces, tenerlo en una línea para el combate del crimen y la violencia suena sospechoso porque, como dice el refrán, al pasajero se le conoce por la maleta, a la gente se le conoce por su conducta previa. Es muy, muy preocupante si fue un mensaje velado o si el Sebin va realmente a contribuir con la administración de justicia. Eso lo veremos”, prosiguió.
¿Quien es el patriota cooperante?
Se trata del denunciante sin rostro, un sistema que tiene a muchos ciudadanos en prisión, no necesariamente a delincuentes. Su implementación tomó auge con las protestas que comenzaron el 12 de febrero de 2014 y que se prolongaron durante varios meses dejando casi medio centenar de muertos, la mayoría a manos de fuerzas de seguridad del Estado.
El manifestante Rodolfo González conocido entre sus amigos como “El Aviador”, muerto en el Sebin, fue denunciado por un “patriota cooperante”.
Son repetidos los casos en Venezuela en los que una persona acude a los órganos de seguridad del Estado y presenta una denuncia sin ningún elemento de convicción o prueba y de inmediato las autoridades se activan y en lugar de comprobar la versión del denunciante, mediante pesquisas o averiguaciones, actúan como si se tratara de oficio contra quien fue señalado.
El Código Orgánico Procesal Penal (COPP), artículo 268, describe perfectamente cómo debe elaborarse una denuncia.
“Podrá formularse verbalmente o por escrito y deberá contener la identificación del o la denunciante, la indicación de su domicilio o residencia, la narración circunstanciada del hecho, el señalamiento de quienes lo han cometido y de las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticias de él, todo cuanto le constare al o la denunciante”.
“LA DENUNCIA ESCRITA DEBE SER FIRMADA POR EL DENUNCIANTE”, (COPP).
Para el abogado Joel García, quien fue defensor de Rodolfo González, el problema está en que las autoridades obtienen la información del patriota cooperante y “el Sebin de una vez lo toma como un hecho, como cierto y no es corroborado con otro tipo de investigación”.
En el caso de “El Aviador”, describió García decían que Rodolfo «era un piloto que traficaba armas. Entonces se buscan en Facebook una foto de Rodolfo al lado un avión y dice la fiscal: en este avión es donde Rodolfo González trafica armas”.
El jurista se manifestó indignado por el hecho de que todo se basa en “chismes” de un “patriota cooperante”, que no se sabe si existe o no, y no se fortalece con pruebas recabadas, para determinar si la información aportada por esta figura es cierta o no.
Según comenta García, mientras retoma el caso de Rodolfo González, el célebre “denunciante” habría dicho a las autoridades que González trancaría la autopista Caracas-La Guaira y la Gran Mariscal de Ayacucho.
Enfatiza, “iba a trancar, son cosas que iban a suceder a futuro. ¿Cómo se materializa eso? Es decir, ¿acaso el pensamiento es criminoso? ¿El hecho de que yo pueda pensar cometer un delito sin exteriorizarlo, eso es delito? Eso no es delito, si hubiese sido el caso”.
Para Joel García, quien también fue abogado del ahora ex alcalde del municipio San Diego, de Valencia, Enzo Scaranno, en Venezuela se está aplicando “el derecho penal del enemigo”, donde no se busca sancionar la comisión de un hecho punible sino, que se sanciona a la persona.
“¿Quién eres tú? ¿disidente? Hay que buscar la forma de sancionarte”, agregó García.
Según una de las máximas autoridades mundiales en teoría del Derecho, el alemán Günther Jakobs, “el derecho penal del enemigo pena la conducta peligrosa de un sujeto en etapas previas a la lesión, con el fin de proteger a la sociedad en su conjunto, y esto quiebra la relación lógica tradicional entre pena y culpabilidad”.
“La figura del patriota cooperante es un comodín que están utilizando los órganos de seguridad del Estado, para reprimir a la disidencia”, dice Joel García.
Por su parte, el abogado Juan Carlos Gutiérrez indicó que la información que pudiera suministrar el llamado patriota cooperante, sólo serviría para labores de inteligencia y contra inteligencia, sin que ésta tenga ningún tipo de validez en el proceso penal. Esta figura, resalta Gutiérrez, tiene la particularidad de que actúa bajo el anonimato, y el anonimato está prohibido en la Constitución Nacional.
“Los informes que he visto de los patriotas cooperantes, son respaldados por información obtenida de GOOGLE, Facebook y de Twitter, y eso no tiene ningún tipo de valor probatorio en una sala de audiencias”, indicó el jurista defensor de Leopoldo López.
Juan Carlos Gutiérrez manifestó que en toda su carrera como litigante, no había visto una figura como la del “patriota cooperante”. Sin embargo, por un momento hizo una pausa para recordar que de ocho años hacia el presente, habían visto unos procedimientos que realizaba el CICPC (la policía de investigaciones) en base a llamadas anónimas.
“Fue una mala praxis policial, que también ocurría en la época de la PTJ (Policía Técnica Judicial, predecesora del CICPC). Una llamada decía que, X casa era un centro de distribución de drogas y entonces la PTJ se metía, tumbaba la puerta sin orden judicial, violando los procedimientos, y conseguían una supuesta droga”. Esos procedimientos que se iniciaban con denuncias anónimas, fueron y son procedimientos que han servido históricamente para violentar Derechos Humanos, para hacer siembras y hacer procedimientos ilegales, recalcó Gutiérrez.
En Europa, comentó el penalista, existe una figura que ha sido duramente criticada, sin embargo, para nada es la del “patriota cooperante”, sino el llamado agente encubierto y la del agente provocador. Este último se trata de un agente del Estado que se infiltra dentro de una organización para inducir a que se cometa un delito. Indicó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo prohibió.
Explicó que en Venezuela, en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo, está establecida la utilización de agentes encubiertos previa autorización de un juez en funciones de control. Es decir, tendría que haber una investigación en curso, en materia de delincuencia organizada y además, una autorización de un fiscal del Ministerio Público y de un juez.
“No es que cualquier funcionario policial se va a meter en una organización criminal, va a formar parte directa, activa de ella, si no está debidamente soportado por una orden judicial”, aseveró Gutiérrez.
CASO DEL DIPUTADO ROSMIT MANTILLA, PRESO DESDE 2014 SIN AUDIENCIA PRELIMINAR
Uno de los casos que más ha llamado la atención es el del dirigente estudiantil para el momento y ahora diputado a la Asamblea Nacional, Rosmit Mantilla, quien fue denunciado por un “patriota cooperante”, por supuestamente estar financiando las “guarimbas” (cierre de vías públicas con barricadas).
En su oportunidad, agentes del Sebin llegaron a su residencia en Caricuao, donde vive con su abuela, y sin orden judicial practicaron un allanamiento en el que supuestamente encontraron dinero en efectivo, con el que presuntamente Mantilla, quien es miembro de Voluntad Popular, estaba costeando los gastos de las protestas en Altamira, municipio Chacao, en 2014.
Carmen Luisa Flores, abuela del joven, recordó que Rosmit Mantilla fue sacado de su casa a las 5:30 de la mañana. “No tienen ninguna prueba para mantenerlo preso. A él le sembraron pruebas, no tenía nada en la casa”, contó su abuela cuando solicitó explicaciones en la fiscalía en el 2014.
Rosmit Mantilla estuvo detenido en El Helicoide desde el 14 de mayo de 2014 hasta noviembre de 2016, luego de ser denunciado de forma anónima, por un “patriota cooperante”, y aún cuando, había sido electo parlamentario el 6 de diciembre de 2015
