La sociedad civil en el estado Táchira se movilizó a la sede del Ministerio Público en la entidad para entregar un documento, con el fin de exigir que se investiguen los hechos del pasado 8 de abril, fecha en la que grupos armados arremetieron contra dirigentes políticos, militantes de diversos partidos y estudiantes universitarios.
Desde la plaza Murachi, en San Cristóbal salió la marcha que, portando consignas y pancartas, realizó el recorrido por las avenidas de la capital tachirense hasta llegar a sede del organismo público donde un fuerte piquete conformado por la Policía del Táchira y Policía Nacional Bolivariana (PNB) los esperaba, impidiendo el acceso de la multitud al edificio de la institución.
Los cuerpos de seguridad apostados a la entrada de la estructura negó la entrada a la misma, a pesar de las peticiones de los manifestantes de abrir el paso. Al parecer, los efectivos se encontraban en la sede de la Fiscalía desde tempranas horas de la mañana de este martes con equipo antimotín y acompañados con «ballenas», que son vehículos de control del orden público.
Hasta unos 50 metros fue permitida la llegada a los manifestantes, quienes acordaron con las autoridades, para que permitieran a una comisión conformada por diputados a la Asamblea Nacional y miembros de partidos políticos, ingresar al edificio ministerial para hacer entrega del respectivo documento.
La diputada al Parlamento, Laidy Gomez, que integró la comisión que entregó el informe en la sede del Ministerio Público, señaló a la salida del organismo que será la fiscalía séptima la encargada de abrir la investigación relacionada a los grupos armados que agredieron y amenazaron a la población de San Cristóbal el pasado sábado, 8 de abril.
Dijo Gómez que ya existe una averiguación que adelanta el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) desde el mismo día sábado lo que se agrega a la nueva investigación.
“Tenemos los testimonios de los testigos que fueron agredidos directamente por estos sujetos que actuaron de manera delincuencial. Si bien es cierto que una gran parte del pueblo venezolano no confía en la administración de justicia, nosotros no dejaremos de imponer las denuncias ante los órganos competentes. Tenemos confianza que la administración de justicia retomará al Estado venezolano y regresará el Estado de Derecho”, indicó.
Por su parte, el diputado Abelardo Díaz, quien es también coordinador regional de Primero Justicia, emplazó al Jefe de Seguridad Ciudadana del gobierno regional a hacer respetar las leyes. “Por qué ciudadanos con armas largas, caminan con total impunidad en las calles de San Cristóbal apuntando y amenazando a la gente que esta desarmada y la policía nada hace, y no hay ni un solo preso cuando todo el pueblo los vio. Acaso esos señores tienen permiso para hacer eso y por qué lo hacen y la policía no actúa”, acusó.
La dirigencia política del Táchira a las afueras de la Fiscalía, dio un lapso de cinco días de espera al organismo nacional para que se pronuncie y de respuesta sobre la investigación.
“Ya los tenemos plenamente identificados, dónde viven, qué hacen, dónde trabajan y desde dónde operan porque el pueblo nos ha suministrado información. Esperamos cinco días para que el Ministerio Público nos de respuesta”, dijo acusó el diputado regional Juan Carlos Palencia.
“Protegemos la sede de la institución”
El coronel Ramón Cabeza, Jefe de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, justificó la presencia policial y la obstrucción del paso hasta la sede del Ministerio Público, como un resguardo al institución nacional.
Indicó que la presencia de un nuevo contingente policial encapuchado, se debe a que los mismos realizan labores de recolección fotográfica y filmográfica de cada una de las manifestaciones y afirmó que actúan “igual como lo hacen ustedes los periodistas”. Y agregó que a diferencia de los trabajadores de los medios, estos cubren su rostro “para preservar su seguridad y no ser identificados por los marchistas”.
El jefe policial informó sobre el restablecimiento del paso vehicular por algunas zonas de San Cristóbal, en las que durante la noche del lunes hubo intentos de iniciar focos de violencia y barricadas con quema de cauchos y obstrucción de vías.
Hasta el día martes, las protestas en Táchira no han dejado ningún detenido. Sin embargo, el Foro Penal en la región contabilizó 23 heridos por perdigones y golpes hasta el pasado domingo cuando un conjunto residencial de la zona recibió la arremetida de la autoridad (PNB), en busca de presuntos manifestantes.
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