Foro Penal confirmó que 31 civiles fueron imputados por tribunales militares

Diputados de la Asamblea Nacional y abogados denunciaron este domingo, desde las afueras del Comando de la Zona 41 en La Isabelica, Valencia, que con la aplicación del Plan Zamora en esta entidad federal se violan los derechos humanos y la Constitución porque se somete a civiles a actuaciones de la justicia militar.
El diputado Luis Stefanelli, vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la AN; así como los diputados Ángel Álvarez, Marco Bozo y Juan Miguel Matheus, junto al dirigente de Voluntad Popular en Los Guayos, Isaac Pérez Yunis, se presentaron a escuchar los testimonios de los familiares que aseguraban que muchos de los detenidos no participaron en la ola de saqueos que se vivió esta semana en Carabobo.
La exigencia es que los civiles aprehendidos sean juzgados ante órganos civiles y no que les apliquen la ley militar, pues es inconstitucional.
El diputado Stefanelli leyó un comunicado a los efectivos castrenses en los que les recordaba que violar la Constitución por órdenes superiores no serviría después, como atenuante, cuando deban rendir cuentas por sus actos ante la justicia.
El diputado por Carabobo, Juan Miguel Matheus, aseveró que el Mayor General Benavides Torres anunció que activaron el Plan Zamora para evitar saqueos y desórdenes en el estado.
«En el marco de este supuesto plan, todos los detenidos civiles son llevados a tribunales militares improvisados. Esta medida es una aberración que viola los Derechos Humanos y nuestra Constitución. Los civiles deben ser atendidos en los tribunales ordinarios y no en jurisdicción militar», indicó. 

«Maduro, Reverol y Benavides Torres pretenden institucionalizar la justicia militar en el ámbito civil porque saben que no cuenta con el apoyo de la Fiscalía General de la República. Reconocen que los tribunales civiles responden a la Constitución y no a la dictadura. Por eso improvisan tribunales militares y violan los derechos humanos de los carabobeños», dijo Matheus.
El parlamentario expresó su solidaridad con los dueños de negocios saqueados y afirmó que el responsable de la situación es el presidente Nicolás Maduro “al crear condiciones para el caos y la violencia”.
Siguen audiencias en instancias militares

También abogados que han participado de estas audiencias de presentación rechazaron que civiles detenidos sean juzgados por tribunales castrenses, además de que las audiencias se den frente a militares armados.
El Foro Penal confirmó que  31 personas civiles fueron imputadas ante tribunales militares por delitos como instigación a la rebelión y vilipendio,  y quedaron privadas de libertad. 
“Estos delitos están previstos y sancionados en el Código Orgánico de Justicia Militar”, dijo el coordinador del Foro Penal en Carabobo, Luis Armando Betancourt.
Asimismo dijo que a pesar de todos los pedimentos que efectuaron los abogados defensores, que advirtieron la incompetencia del tribunal, la respuesta que recibieron es que se trataba de la aplicación del Plan Zamora.
A las 12:40 del mediodía hubo un traslado desde esta sede militar en dos autobuses sin que se conociera hacia dónde eran conducidos los detenidos. Los familiares corrieron detrás de los buses. La solicitud de los parientes que esperaban era que les suministraran información certera sobre el destino de los detenidos. De manera extraoficial se conoció que los llevaban a la cárcel 26 de julio en Guárico.
Desde el jueves pasado fue activado  el Plan Zamora en Carabobo que se desplegó  para detener la ola de saqueos y vandalismo ocurrida entre el 2 y 4 de mayo, en zonas de los municipios Valencia, Naguanagua, Los Guayos, Libertador, Guacara y San Joaquín.
De acuerdo con la información del jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Central,  mayor General Jesús Suárez Chourio, suministrada a través de un boletín de prensa de la Secretaría de Información y Comunicación del gobierno de Carabobo, hasta el sábado se registraban 780 detenciones en el despliegue de este plan.]]>