¿Cuáles podrían ser los escenarios más probables en el corto plazo?
A juzgar por las evidencias y por hechos públicos, notorios y comunicacionales, Venezuela marcha aceleradamente hacia una peor radicalización del chavismo militar-cívico. Una Constituyente, que redactará una nueva Constitución a la medida del madurismo, sellará esta tendencia predominante y la hará permanecer durante años.
No hay indicios de que Maduro esté dispuesto a ceder. Todo lo contrario.
Su llamado a una Asamblea Nacional Constituyente “es irreversible”, ha dicho.
Será una Asamblea de “carácter soberano, plenipotenciario” y él se subordinará “a las órdenes que le den”, ha dicho antes de firmar este martes el decreto que ordena al Consejo Nacional Electoral convocar el proceso sin consultar al pueblo si de verdad quiere cambiar la Constitución de 1999.
En realidad es difícil que una Asamblea colegiada, electa entre dirigentes chavistas, no se subordiné al propio Maduro y haga que todo el país se subordine a ellos.
“La Asamblea Nacional Constituyente decidirá si someterá a consulta la nueva Constitución”, admitió el dirigente chavista Elías Jaua este lunes.
El ministro de Comunicaciones, Ernesto Villegas, dijo más tarde que las únicas elecciones previstas ahora serán en el marco de la Constituyente.
La decisión en realidad significa que todos los demás poderes, inclusive la Asamblea Nacional (el parlamento) electo en diciembre de 2015, deberá sucumbir al cuerpo colegiado corporativo que transformará el Estado a la medida de Maduro y su grupo de colaboradores más cercanos.
Es la fórmula ideal para posponer elecciones por parte de un gobierno que según encuestas no podría ganar ninguna ahora mismo.
Ya antes de lanzar su ingenio de la Constituyente, Maduro habría adelantado claramente que sólo habría elecciones cuando estuviera seguro de que pudiera ganar el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
En este escenario, cualquier otro poder incómodo será removido, entre ellos el que representa la Fiscal Luisa Ortega Díaz, quien ha resultado dentro del chavismo una disidente del madurismo que se ha opuesto públicamente a una Constituyente con el argumento de que esa fórmula sólo acelerará la crisis actual.
El mandato oficial de la Fiscal termina en 2021, inclusive después que el de la actual Asamblea Nacional. Fue ratificada en su cargo por el anterior legislativo el 22 de diciembre de 2014, por otros siete años.
NADA PERSONAL, SOLO NEGOCIOS
Según todos los indicios, el costo de salir del poder para Maduro, sus más cercanos colaboradores, la “nomenklatura” del chavismo, las fuerzas militares y hasta las bandas de civiles armados, mal llamadas “colectivos” es demasiado alto.
También son elevados los incentivos del chavismo para permanecer aferrados al dominio absoluto que ejercen sobre todas las instituciones del Estado.
Por parte de los costos, una vez fuera del poder, el propio Maduro estaría en riesgo de verse enfrentado a procesos judiciales y penales bajo cargos de violaciones a los derechos humanos o por corrupción administrativa.
En algo de eso ya están trabajando sus adversarios políticos que están tomando nota de la represión desbordada durante este mes y medio de revueltas, o de las denuncias que llegan de Brasil sobre manejos turbios de 11 millones de dólares en efectivo para pagar la campaña electoral de Hugo Chávez en 2012.
El propio vice presidente de la República, Tarek El Aissami y varios militares en el poder podrían enfrentar procesos internacionales por presunto narcotráfico, si prosperaran las intenciones de Estados Unidos que mantiene a estos funcionarios en su lista negra de sancionados por el Departamento del Tesoro.
De modo que para muchos de los protagonistas del chavismo en el poder lo que está en juego es su supervivencia, su libertad y hasta sus fortunas, en caso de que las tuvieran.
Por el lado de los incentivos, es muy difícil que quieran desprender se los privilegios acumulados durante casi dos décadas de poder absoluto político y económico. En sus hogares desde hace años no deben saber el costo de un mercado.
Aún más, una nueva Constitución que les permitiría eliminar por completo el escrutinio electoral de los adversarios es una tentación muy grande.
Estas son las razones fundamentales por las cuales, en las condiciones de hoy, el escenario de la radicalización es el más fortalecido.
AHORA ES TARDE YA
Los propios dirigentes de la oposición –cuya única arma que les queda es la presión de los manifestantes que los acompañan cada día en las calles- han afirmado que si se enfrían las protestas el gobierno establecerá un régimen totalitario en Venezuela.
Bajo el nuevo régimen en ciernes, se institucionalizaría el modelo de votaciones sin elecciones: ausente la oposición de los procesos electorales y hasta de la vida política, los propios chavistas se pagarían y se darían el vuelto, sin disidencia, como ocurre en Cuba desde hace medio siglo, o más recientemente en Nicaragua.
En el mediano plazo, cuando se complete el proceso de la Constituyente Maduro establecerá un Estado Comunal en Venezuela, lo que supondrá una transformación total del sistema, con una economía mixta, socialista y nuevas formas de control político.
Desde hace algunos años en columnas de prensa, que han sido en general ignoradas por la dirigencia política opositora, y por el ciudadano común, expertos como el abogado Leonardo Palacios han venido estudiando el Estado Comunal que se dispone a aplicar en Venezuela el chavismo.
Sus advertencias, basadas en evidencias, ni siquiera fueron escuchadas por la nueva Asamblea Nacional instalada en enero de 2016, cuando todavía tenía fresco el poder delegado por más de ocho millones de votos.
Ni siquiera cuando estaba recién electo y el país opositor rebosada de expectativas entusiastas, al Parlamento en manos de la MUD se le ocurrió por ejemplo convocar alguna manifestación para salir a reclamar el poder que le habían conferido los votos.
De hecho no reclamaron formalmente y a tiempo la designación alegadamente inconstitucional de los magistrados de la Sala Constitucional por parte de la Asamblea saliente, dominada por el chavismo radical en cabeza de Diosdado Cabello.
Hoy, gracias al TSJ la Asamblea ha sido técnicamente ya anulada por el gobierno y lo que le queda a la oposición es la fuerza de la calle, en manos de cientos de miles de seguidores que todavía atienden los llamados convocados a través de las redes sociales.
A través del TSJ por estas horas también comienza la persecución de los alcaldes opositores, acusados de no poner coto a los cierres de calles y protestas, de modo que a través de su Poder Judicial el chavismo ordena a la propia dirigencia de la oposición que frene a la masa de manifestantes.
Esta será la forma más directa de encarcelar a los altos líderes de los partidos opositores, acusados de desacato a una decisión del Supremo, como hizo el gobierno en 2014 con los alcaldes de San Cristóbal (Táchira) y San Diego (Carabobo).
La imposición de una constituyente significaría en este escenario el tiro de gracia para la oposición organizada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Una fragmentada dirigencia, apenas ahora cohesionada por el vértigo de las protestas callejeras, enfrentará el duro trance de tener que rechazar el llamado “irreversible” de Maduro. En caso de «hacerse cómplice» de una Constituyente y participar para tratar de salvar los muebles de la casa en llamas, los dirigentes serían aborrecidos por una masa ya enardecida por casi 60 asesinatos de jóvenes manifestantes, más de mil heridos y centenares de detenidos.
De modo que participar en este proceso de Maduro y el CNE sería un suicidio político en masa para los líderes de los partidos opositores.
No participar supondrá la inminente exclusión o ilegalización de los partidos, cuyos líderes quedarán proscritos.
La MUD objeta el proceso inconstitucional de un llamado a Asamblea Constituyente sin pasar por un referendo consultivo, y además critica que sea organizado por un Consejo Nacional Electoral ya convertido sin mascaradas en el «ministerio de las Elecciones», con todas las letras.
El gobierno entonces le jugará posición adelantada, de modo que todos los integrantes de la Asamblea Constituyente, – sin importar el mecanismo escogido para designarlos- serán chavistas maduristas que le harán un traje a la medida de Maduro y Diosdado Cabello.
En este escenario un gobierno impopular impondrá a la fuerza su modelo político y administrativo que hasta ahora no ofrece soluciones al colapso de la economía y del propio sistema actual.
El escenario de radicalización, de cierre de salidas y de implosión se nutre del discurso apocalíptico de Maduro y los principales personeros de su gobierno: son los radicales que cada día acumulan más poder.
El gobierno ni siquiera reconoce que existe una crisis real de la economía, muchos menos que ésta ya haya colapsado.
Las evidencias, a las cifras, los resultados sectoriales, los indicadores anticipados y postergados muestran que la economía ha perdido un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos cuatro años. Pero el chavismo insiste en afirmar que eso es falso y que se trata de una guerra económica alentada por agentes al servicio de Washington.
También niega la existencia de la oposición: la considera una banda de terroristas y sólo está preparando la cama para detener a dirigentes de primera línea, después de sus ensayos exitosos en la prisión de dirigentes juveniles y estudiantiles de partidos como Primero Justicia y Voluntad Popular.
La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles bajo peregrinas acusaciones de traición a la patria, terrorismo y conspiración, serán la orden del día. A la alta dirigencia solo le quedarán dos caminos: aceptar voluntariamente la prisión como lo hizo Leopoldo López, o marcharse al exilio a esperar y trabajar por mejores tiempos.
La clandestinidad será otra opción, pero ese es un territorio que se cruza con otros pantanos.
Si el gobierno logra disolver las manifestaciones masivas, de modo que la llamada primavera venezolana se marche por completo y si la dirigencia formal es anulada, quedarán sueltos muchos “radicales libres” en la llamada “Resistencia”, dispuesta a seguir expresando sus frustraciones a través de métodos menos civilizados.
Cuando se cierran los canales de la expresión democrática, libre y bajo los mecanismos pacíficos y constitucionales para buscar una transición democrática, aumenta exponencialmente la posibilidad de que prosperen expresiones de violencia, lo que ha quedado demostrado a lo largo de la historia en muchos países.
(Publicado originalmente el 23 de mayo)
]]>
