¿Se democratizará Venezuela? Una revisión a la evidencia empírica

¿Cómo deben conjugarse los elementos del conflicto político venezolano para producir el cambio político?
Adelanto algo: la carta más fuerte que tienen los venezolanos para lograr un cambio político es lo que muchos llaman «la calle».
La literatura disponible sobre la lucha por el cambio en un contexto de autoritarismo electoral ofrece una serie de elementos que han sido determinantes en la transformación de estos regímenes. En este sentido, el propósito de este escrito es doble: mientras mostramos cuáles elementos han estado presentes en previos episodios de cambio a nivel mundial, exploraremos si estos están presentes en Venezuela en la actualidad.
Como bien describe Benigno Alarcón Deza en su libro “Transición Democrática o Autocratización Revolucionaria”, no toda transición en un régimen político es hacia un modelo más democrático: en no pocas ocasiones, el cambio político desemboca en una dictadura.
Dicho lo anterior, la pregunta necesita reformularse:
¿Cómo deben conjugarse los elementos presentes en el conflicto político venezolano para producir una transición hacia la democracia?
O dicho de otra forma:  ¿cómo no deben conjugarse los elementos presentes en el conflicto político venezolano para que Venezuela desemboque en una dictadura?
Esta última pregunta lleva implícito un supuesto importante: Venezuela todavía no se ha convertido en una dictadura cerrada, en los términos de las conocidas dictaduras del siglo XX. Es decir, después de las elecciones parlamentarias de 2015, Venezuela se encuentra transitando en un conflicto que devendrá o bien en un régimen más democrático (el cumplimiento de la Constitución) o en un régimen más cerrado (que es lo que todo el mundo intuye con la ANC).
Lo que debe quedar claro es que el cambio estaría enmarcado en la presencia o ausencia de eventos electorales: independientemente de lo que suceda, el cambio en estos regímenes está supeditado a lo que ocurra en vísperas de la próxima elección, después de la última elección realizada.
En este sentido, la pregunta que se han hecho muchos estudiosos de este tema es: ¿qué pasa en una autocracia electoral después de una elección y antes de la otra? ¿todo sigue igual?, ¿hay un cambio de gobierno?, ¿se hacen reformas que impacten para bien o para mal en las libertades y derechos de los ciudadanos? En síntesis, es una de tres: o todo sigue igual, o viene más democracia, o se sucumbe al autoritarismo.
La base de datos sobre elecciones autoritarias de Andreas Schedler (1), una muestra de 93 elecciones en autocracias competitivas (2) y de 57 elecciones en autocracias hegemónicas (3) durante el periodo 1980-2002, revela que el 73% de las primeras y en el 79% de las segundas el resultado de una elección simplemente acarrea la continuidad del status quo. Esto es de esperarse, pues estos regímenes concentran y ejecutan recursos (económicos e institucionales, principalmente) en una forma que les permite ganar elecciones «sin mayores inconvenientes». Así pasó en Venezuela desde el 2000 hasta el 2014.
Pero no perdamos el foco, nuestro interés es ver qué pasó con los casos restantes:
En regímenes competitivos, el 27% restante, equivalente a 25 episodios electorales, 20 de estos dieron paso hacia un régimen más democrático, mientras que solo 5 dieron paso a un quiebre (definido por el autor como: una guerra civil, un golpe militar, la eliminación de la oposición o la extensión del periodo presidencial vía decreto o referéndum). En el caso de los regímenes hegemónicos, el 21% restante está compuesto por 9 casos de democratización y 3 casos de apertura (definido por el autor por la aparición de un juego más democrático).
No es la misión de este artículo la de definir al régimen venezolano ni en la categoría de autocracia competitiva ni de autocracia hegemónica porque Venezuela podría, dependiendo de quien la mire, insertarse en cada uno de ellos. Tampoco voy a asumir explícitamente que Venezuela se encuentra en un proceso de quiebre, pues es aún prematuro dado que no sabemos si el conflicto devendrá en lo que el autor plantea como quiebre. Simplemente voy a ver cómo los diferentes elementos del conflicto político influyen en el devenir de estos regímenes y si estas aplican al caso venezolano.
El autor que citamos en este trabajo propone que el conflicto político en este tipo de regímenes se ve influenciado por 4 elementos (dos de carácter estructural y dos de carácter estratégico) que se relacionan entre sí. El primero es la estructura de la sociedad (¿cómo es la relación entre Estado y ciudadano? ¿es un país de alto o bajo ingreso?) la cual determina la estructura institucional (¿es un sistema presidencialista? ¿hay separación de poderes y descentralización de la administración pública?). La combinación de estos dos elementos potencia las amenazas al régimen (elecciones, derecho a la protesta, libertad de expresión), las cuales éste puede sortear de acuerdo a sus capacidades autoritarias (censura, represión, inhabilitaciones, fraude, etc.) para mantenerse en el poder.
La siguiente tabla muestra cómo estos elementos, medidos a través de una serie de variables explicativas, han influido en el devenir de los 150 episodios mencionados anteriormente, e incluye, a su vez, la forma en que cada variable estaría funcionando en el conflicto venezolano (aumentando o disminuyendo la probabilidad de cambio).

Para ver si el impacto de cada variable puede propiciar una transición en Venezuela, he categorizado cada una de acuerdo a su carácter transicional (democrática o autocrática) y las he valorizado basándome en su relevancia estadística, poder explicativo y carácter idiosincrático. El ejercicio trata de ser lo más objetivo posible; sin embargo, ciertos grados de subjetividad pueden estar presentes. Invito al lector a que la complete a su gusto.
Como puede verse en la tabla, mi interpretación es que los elementos presentes en el conflicto venezolano estarían inclinando la balanza hacia una transición democrática. Sin embargo, reconozco que existe un contrapeso importante que puede inclinarla hacia el autoritarismo.
Esta se basa en 3 aspectos clave:
A. Del lado de la estructura país, la ventaja que el petróleo le da a quien conduce al Estado (factor que juega a favor del autoritarismo) también le ha dado a la sociedad venezolana unos niveles de riqueza relativamente altos (factor que juega hacia la democracia). Esta interacción, junto al empobrecimiento acelerado de los últimos 3 años, se ha traducido en un reclamo de la sociedad hacia el Estado por “aquellos tiempos donde se vivía mejor”.
Podríamos decir entonces que de nada sirve convertirse en una dictadura petrolera si no se es capaz de generar riqueza.
B. La tabla muestra que la estructura institucional estaría jugando en ambos sentidos, aunque con leve tendencia hacia la democracia. La CRBV, además de otorgar ventajas electorales a las mayorías, también contempla elecciones a todos los niveles, separación y equilibrio de poderes, así como la descentralización, el respeto a los DDHH, etc. La evidencia muestra que estas cualidades elevan la probabilidad de cambio democrático en caso que la oposición sea mayoría. En Venezuela, el control del petroestado por parte del Ejecutivo está hoy siendo socavado por las restricciones que impone la CRBV. Esto podemos observarlo claramente en la renuencia de la AN para aprobar nuevas operaciones de financiamiento externo, haciendo que un factor que tradicionalmente ayuda a un régimen autoritario hoy lo esté perjudicando. Así como también está ocurriendo con la actuación de la FGR, algunos miembros del TSJ, un rector del CNE y otros actores gubernamentales y del oficialismo, con relación a temas como la represión y la ANC.
Podríamos decir entonces que, después de 18 años la CRBV se ha convertido en una camisa de fuerza para el Ejecutivo. Es por esto que intentan derogarla.
C. Finalmente, creo que el bloque estratégico (las amenazas al régimen y su capacidad de manipulación) también estaría jugando a favor del cambio democrático. Esto se debe a que las amenazas latentes (desigualdad social y el colapso económico) están siendo totalmente capitalizadas por parte la oposición y transformadas en amenazas reales. Esto se refleja no solo en la victoria electoral de 2015 sino que, ante los abusos autoritarios de 2016 y 2017, el principal bloque opositor luce hoy unificado y reconectado con los electores, quienes responden masiva y/o constantemente a todas los protestas y demostraciones convocadas (acciones que, históricamente, han aumentado la probabilidad de cambio democrático). Todo esto, a pesar de que la capacidad represiva del régimen sigue siendo fuerte.
Podríamos decir entonces que, en la medida que la respuesta del régimen (represión, censura, constituyente) no sea eficiente apaciguando las protestas, la balanza se inclinaría progresivamente hacia la oposición. De allí la importancia de mantener viva la protesta pacífica.
En resumen, mientras que la evidencia nos dice que la probabilidad de cambio democrático disminuye significativamente con el petróleo, la riqueza, la censura, la manipulación electoral y la violencia, también nos dice que aumenta con el deterioro de las condiciones económicas y sociales, empobrecimiento, bajos niveles de apoyo electoral hacia el régimen, protestas por elecciones justas, uso exagerado de la represión y las demostraciones pacíficas. Pero, sobre todo, la probabilidad de cambio democrático aumenta aún más con el surgimiento de purgas y crisis dentro del propio régimen.

El cambio democrático parece estar gestándose en Venezuela, solo falta lo último: que quienes puedan abandonar el Titanic lo hagan …y dejen tranquilos a los músicos.

1 El marco analítico y los resultados empíricos presentados provienen del libro “The Politics of Uncertainty” Sustaining and Subverting Electoral Authoritarianism”. Schedler (2013).
2 Definido por el autor como aquellos regímenes que poseen una calificación mayor a 4 y menor a 7 en la categoría de Derechos Políticos del Informe Anual de Freedom House “Freedom in the World”.
3 Para distinguir la hegemonía en el conjunto de países autocráticos se toman en cuenta dos criterios: que el partido gobernante obtenga una mayoría de ⅔ en el parlamento y (ii) que tenga 10 o más años en el poder.

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