La secretaria ejecutiva permanente del Consejo Moral Republicano, María José Marcano Bermúdez, se fue del país luego que se diera a conocer que la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, mostraría el documento donde se observa que no aprobó los expedientes de los 381 postulados al cargo de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
En la sesión del miércoles 16 de diciembre de 2015, estuvieron presentes en el salón de sesiones del Consejo Moral Republicano el Defensor del Pueblo, Tarek Willian Saab, el Contralor General, Manuel Galindo y la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, titulares de los órganos que conforman el Poder Ciudadano. También estuvo presente en ese momento la secretaria ejecutiva de dicha instancia, María José Marcano Bermúdez.
Ese día había un solo punto en agenda: la escogencia de los postulados a ocupar una de las vacantes que existían en 2015 en las salas del máximo juzgado del país, que además debían ser seleccionados entre gallos y medianoche antes que la Asamblea Nacional, teñida de rojo oficialista, entregara a la mayoría opositora el 5 de enero de 2016. De lo contrario, el nuevo parlamento que encabezaría Henry Ramos Allup sería quien escogería a los nuevos jueces, algo que políticamente no convenía a los que dirigen las riendas del país.
Como se puede apreciar, agotada la agenda de ese día, los miembros del Poder Ciudadano e integrantes del Consejo Moral Republicano, firmaron conformes tras haber realizado la selección de quien actualmente forman parte del Tribunal Supremo de Justicia. Firmaron Tarek Willian Saab y Manuel Galindo. Luisa Ortega Díaz no firmó por no estar de acuerdo en cómo se llevó a cabo el proceso.
Por otra parte, los Procuradores y Fiscales Generales, representantes de los Ministerios Públicos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Panamá, Paraguay, Portugal y Uruguay, manifestaron su profunda preocupación por las declaraciones expresadas públicamente en contra de la labor del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, el cual, en uso de sus facultades constitucionales y legales, se encuentra investigando los distintos hechos constitutivos de delito, suscitados durante los meses de abril, mayo y junio de 2017 en el país.
En este sentido, reafirmaron lo expresado en el comunicado de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) de fecha 6 de abril de 2017, y manifestaron su convicción sobre el rol que deben cumplir estas instancias para garantizar el Estado de Derecho, especialmente en momentos de convulsión social que ameritan la actuación de sus instituciones de justicia de forma oportuna, independiente y transparente para esclarecer todos los hechos que vulneren o pongan en riesgo bienes jurídicos superiores, como son la vida e integridad personal.
Rechazaron de esta forma cualquier pretensión de llevar adelante reformas legales, que impidan de cualquier modo al Ministerio Público ser autónomo e independiente, y que por ende busquen afectar las investigaciones en curso.
En tal sentido, repudiaron los actos de hostigamiento, presión, injerencia, amenaza de poderes, públicos o privados, así como cualquier pretensión de remoción ilegal o arbitraria contra la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, los Fiscales y demás funcionarios que integran el Ministerio Público. Los garantes de la acción penal de Iberoamérica manifestaron su solidaridad con la actuación de Ortega Díaz, empeñada en el resguardo de la constitucionalidad y la legalidad de su país, en el momento de profunda crisis que atraviesa nuestro país.
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