El peor crimen

No todos pensamos igual en una sociedad y no lo pretende la democracia, que no se lleva bien con la unanimidad y la uniformidad, siempre obligadas, nunca libres. Para Savater “democracia es convivir con gente y actitudes que no nos gustan”. Consciente de esa realidad, el Estado de Derecho estructura un poder institucional, limitado y distribuido, cuya garantía es el equilibrio. Garantía para los ciudadanos, que así como quieren ser libres, aspiran a un Estado que proteja su libertad y sus derechos y, como corresponde, les exija cumplimiento de sus deberes.
Al Estado de Derecho se le completó con democrático, a medida que se reconoció el protagonismo del pueblo. Luego se amplió a social, incorporando preocupaciones solidarias que trascienden a los derechos individuales, influencia de demócrata cristianos y socialdemócratas. Y más allá, de justicia, que una interpretación progresiva identifica con los Derechos Humanos.
La administración de justicia, y sus tribunales, árbitros en la interpretación de la ley y en la resolución de conflictos interpersonales, intraestatales o entre el Estado y los particulares, expresan una rama específica y autónoma del poder público. No puede confundírsela con el Parlamento que representa, legisla y controla, ni con el Ejecutivo que gobierna, porque un día pueden presentarse conflictos entre esas dos ramas o entre alguna de ellas y los particulares. Y precisamente para evitar esa confusión indeseable es que son claves en los jueces la independencia, la autonomía y la idoneidad.
Nuestro Tribunal Supremo de Justicia, y por especialización su Sala Constitucional, tiene la tamaña responsabilidad de ser “el máximo y último intérprete de la Constitución”, papel que no viene cumpliendo pues no cuida su independencia, ni demuestra idoneidad.
El daño más grave que ha infligido a la sociedad venezolana es el de su contumacia en negar a los venezolanos las posibilidades pacíficas de resolver sus controversias y de decidir si cambian o no la dirección política de la República. El golpe continuado contra la Asamblea Nacional, enervándola mediante la reducción, el inicuo condicionamiento o el franco desconocimiento de sus competencias, se suma al bloqueo del referéndum revocatorio presidencial y a la complicidad en la imposición de una Constituyente fraudulenta, inconstitucional y antidemocrática y más recientemente, al despacho con prisa irresponsable de los recursos presentados por la Fiscal General de la República.
El peor crimen es cerrar los caminos al Derecho, porque deja indefensa a la sociedad y frágil a la paz.
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