En cinco días TSJ decidirá futuro de Luisa Ortega Díaz

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, señaló durante la audiencia del antejuicio de mérito en contra de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, que se dio en su ausencia, que no “es el Ministerio Público (MP) el legitimado para actuar en contra de la funcionaria porque se trata de un caso ético y moral”, no “penal”.
De este modo, enfrentó el problema de la legitimación activa que es un legalismo para referirse a quien tiene el derecho para iniciar el antejuicio.
Moreno aseguró que en el artículo 285 de la Constitución, numeral 5, se establecen las atribuciones con las que cuenta el MP para actuar en contra de los funcionarios de los  Poderes Públicos. “Los legitimados para actuar en contra de Luisa Ortega Díaz, porque se trata de caso ético y moral, son los propios ciudadanos investidos de su derecho a petición”, señaló.
La audiencia se desarrolló en ausencia de la Fiscal General quien, pocos minutos antes, daba una rueda de prensa y calificó de “circo” a dicha cita. Por esto, contó con un defensor público.
“No voy a convalidar un circo”

«El TSJ perpetrará una nueva violación para anular la última institución capaz de defender a las personas y manifestantes. Por esa razón no acudí, no voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor, y cuya decisión está cantada», dijo Ortega Díaz en la sede del Ministerio Público.
«No los reconozco, con este acto quedará abierto el camino para aniquilar con vías violentas el descontento popular. Ya sabemos que desde el día de hoy va a operar mi remoción, y si no es a mí, al vicefiscal», agregó la funcionaria.
Durante la audiencia en su contra, habló el diputado oficialista Pedro Carreño, quien solicitó el antejuicio de mérito.
Alegó que Ortega Díaz “atentó contra la respetabilidad del Poder Moral Ciudadano al afirmar que ella no fue al proceso de designación de los magistrados, cuando el defensor del pueblo demostró lo contrario y en el acta aparece su firma”. Estaban presentes el Contralor General de la República, Manuel Galindo y el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab.
Carreño acotó que la falta grave se “da al pretender deslegitimar la buena actuación de los representantes del Poder Ciudadano y que violó el artículo 22, numeral 5, de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano”.
También afirmó que cuenta con las pruebas de que ella asistió a la reunión de nombramiento del acta de magistrados en diciembre de 2015 por la anterior AN de mayoría oficialista.
Solicitó que se haga un análisis grafotécnico para ver si la firma del acta es o no de ella. La audiencia y los alegatos para la calificación de falta grave giraron en torno a dicha firma pero la confusión se da porque hay dos documentos. Uno, que es el acta de asistencia a la reunión como tal y otro, el acta de aprobación de los magistrados cuyos nombres fueron debatidos en ese encuentro.
Por su parte, Ortega Díaz señaló recientemente que se negó a firmar el acta de preselección de los magistrados, mejor conocidos como los “exprés”, argumentando que el proceso estuvo viciado.
“No tuvo hidalguía para vernos los rostros y decir esas mentiras que estaba diciendo en la rueda de prensa. Ella dijo que  no sabía cómo obtuve las pruebas”, dijo Carreño ante su ausencia.
Añadió que además ha violado la ética pública, los principios de la Constitución y ha realizado “activismo político”. “Esta señora permitió que dentro del MP un grupo de fiscales gritaran ‘este gobierno va a caer’”, señaló Carreño.
Afirmó que, además, la funcionaria “se ha excedido, según el artículo 137 de la Constitución, al declarar inconstitucional los actos de designación de los magistrados”, en diciembre de 2015. “Ella no tiene competencia para ello, sino la Sala Constitucional”.
William Saab también declaró en la audiencia. Sostuvo que iba a mostrar con pruebas originales cómo Ortega Díaz “no solo asistió (a la reunión de designación), sino como estuvo plenamente de acuerdo con la lista de magistrados que luego fue entregada a la AN”.
“Si tan es así que ella no avaló la elección de todos ustedes, por qué todo el país la vio cuando se instaló el año judicial apenas un año después de la designación de todos ustedes”, se preguntó ante los jueces. Solicitó que se haga “la prueba de la verdad”. Insistió en que no hay un voto salvado por parte de la Fiscal y mostró varios documentos, que según él, desmontan «la trama que ha rodeado este evento». La constancia de que sí se reunieron.
Enseñó el acta de la reunión con la firma de los que conforman el Poder Moral. 
“Un careo de testigos”

Por su parte, el contralor, Manuel Galindo, señaló que existen otro documentos que quienes lo “antecedieron (en la audiencia), no consignaron”, como el oficio sobre la convocatoria que también se le hizo a él. Afirmó que sí se celebró tal reunión de conformación de la lista de los magistrados, antes de consignar dicho papel.
“Se observa la falta de la firma y la de la ciudadana secretaria ejecutiva permanente, María José Marcano Bermúdez, ¿qué pasó ese día? (…) Comenzó la sesión a las 2:00pm  y terminó pasadas las 8:00pm, estuvo presente la fiscal, el defensor, mi persona y la secretaria”.
Galindo relató que a las 8:30pm, la Fiscal solicitó alegando cuestiones propias de su despacho, que posteriormente firmaría el acta en cuestión de designación de magistrados, pues el de la reunión fue firmado al momento de inciarse esta.
“La anuencia la dimos bajo una condición. Quedó bajo su responsabilidad (la de la secretaria) recoger las firmas que faltaban suscribir ella el acta y transcribirla en el libro respectivo”. Pidió un procedimiento en contra de José Marcano Bermúdez de carácter civil o penal, “si fuera necesario” por no cumplir con sus supuestas responsabilidades.
Además, argumentó que en una entrevista a la periodista Vanessa Davis la secretaria dijo que no firmó nada y calificó de viciado los expedientes. “Informó que en todas las salas del TSJ hay magistrados ilegítimos”.
Asimismo solicitó a los magistrados a que sometan a los cuatro (Fiscal, Defensor, Contralor y Secretaria Ejecutiva de la Fiscal) a un “careo de testigos para que la ciudadana Luisa Ortega desmienta lo dicho y afirme que esa reunión se llevó a cabo”.
Al final, el TSJ que en un plazo de cinco días ofrecerán la decisión sobre si habrá un antejuicio de mérito en contra de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz.
Antecedentes 

Carreño, solicitó el 16 de junio formalmente el presidente de la máxima corte, Maikel Moreno, calificar de “falta grave” la actuación de Luisa Ortega Díaz, y determinar si hay mérito para llevarla a juicio. También calificó a la oposición de “mutantes”.
El parlamentario fue recibido personalmente por Moreno al presentar la solicitud en contra de la titular del Ministerio Público, luego de que la chavista disidente emprendiera un conjunto de acciones contra un grupo de magistrados y contra el proceso de Asamblea Nacional Constituyente (ANC), convocada por el presidente Maduro, por considerarla ilegal, entre otras cosas, porque no pasó por un referéndum consultivo entre el universo de electores, al contrario de lo que establece la Carta Magna de 1999.
Esta es la segunda acción que emprende Carreño contra la funcionaria, representante del llamado chavismo original. Poco antes el diputado había pedido que se conforme una junta médica para evaluar su conducta por “insania mental”. Esta primera solicitud, según rumores judiciales, no fue aceptada y por esa razón es que Carreño tuvo que volver con su nuevo intento.
Asimismo, el TSJ designó este martes, antes de decidir un antejuicio contra la fiscal Luisa Ortega, a Katherine Harrington como vicefiscal general de la República.
Harrington, sancionada por Estados Unidos por violación a Derechos Humanos, es conocida como la que acusó al dirigente opositor Leopoldo López en 2014 como fiscal 20 Nacional.]]>