La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó acciones de "coerción" (represión) contra los nuevos magistrados designados por la Asamblea Nacional opositora tras acusarlos de los delitos de "traición a la patria" y de "usurpación de funciones", contemplados en la justicia civil y militar.
La sentencia ordena «ejecutar las acciones de coerción pertinentes a fin de garantizar la paz y la estabilidad constitucional», explicó este viernes el presidente de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza al pronunciarse sobre la sentencia 545 emitida el jueves, que califica de «ilegal» el proceso de elección de los magistrados.
Los nuevos magistrados están «en delito flagrante» por lo que la justicia civil y militar deben actuar, apuntó Mendoza ante periodistas.
«Estamos viendo un delito de flagrancia. Cometieron delitos de traición a la patria y usurpación de funciones», añadió el magistrado.
El pronunciamiento del Supremo se conoce minutos después que el legislativo de mayoría opositora designara en una sesión celebrada en la Plaza Alfredo Sadel de Caracas a 13 magistrados titulares y 20 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia.
La Sala Constitucional del TSJ argumentó que la decisión del Legislativo carece de validez, pues persiste la situación de «desacato» en que lo declaró el 11 de enero de 2016.
La medida hace parte de lo que la oposición denomina la «escalada definitiva» para poner fin al gobierno del presidente Nicolás Maduro, tras casi cuatro meses de protestas que han dejado un centenar de muertos.
Como parte de esa ofensiva, este jueves convocó a una huelga de 24 horas que se cobró cinco vidas y detuvo parcialmente las actividades en Caracas y otras importantes ciudades del país.]]>
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El peligroso escenario Nicaragua despunta en el horizonte de Venezuela. Según los politólogos John Magdaleno y Ramón Guillermo Aveledo, esto traería una profundización de las violaciones a los derechos humanos, civiles y políticos, y a nadie le convendría esto, ni al régimen ni al resto de los venezolanos.
Aunque el gobierno ha insistido en que habrá elecciones presidenciales este año, eso lejos de dar certezas alimenta la incertidumbre dada la ausencia de una fecha precisa, la falta de garantías para asegurar unos comicios confiables y, especialmente, es una incógnita la estrategia que seguirán María Corina Machado y la Plataforma Unitaria
