La Asamblea Nacional Constituyente venezolana decidió por unanimidad retirar la inmunidad parlamentaria al diputado chavista Germán Ferrer, esposo de la exfiscal Luisa Ortega Díaz, por estar supuestamente vinculado a una red de extorsión.
La propuesta fue sometida a la votación del pleno de más de quinientos asambleístas, todos partidarios del Gobierno de Nicolás Maduro, por el constituyente Diosdado Cabello, quien aseguró que Ferrer «reúne el prontuario suficiente para que su inmunidad parlamentaria sea allanada de manera inmediata y sea sometido a la justicia».
El parlamentario chavista «está siendo en este momento procesado por hechos de corrupción, asociación para delinquir, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y extorsión», dijo el primer vicepresidente de la Constituyente y exasesor jurídico de Maduro, Elvis Amoroso.
A Ferrer se le implicó en el funcionamiento de una supuesta red de extorsión que operaba gracias a su relación con Ortega, para pedir dinero a las personas implicadas en delitos para evitar que el Ministerio Público formalizará las acusaciones.
En esta supuesta asociación estaban además implicados dos fiscales de la gestión de Ortega Díaz, que fue relevada de su cargo por esta misma Asamblea Constituyente, acusándole de «faltas graves» contra su investidura.
Estas acusaciones supuestamente descubiertas por los oficialistas, se hicieron públicas justo después de que Ortega Díaz y Ferrer, ambos cercanos aliados del Gobierno, se manifestarán en contra de la «ruptura del orden constitucional» propiciado por el Gobierno de Maduro.
No obstante, Cabello precisó hoy que esta acción no es un «hecho de retaliación política, como ellos han querido poner que ahora son perseguidos políticos, no, aquí hay hechos de delincuencia, una gran mafia», dijo.
La acusación contra el esposo de Ortega ya fue formalizada frente al fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Tarek William Saab-, y el Tribunal Supremo de Justicia, que dictó casi enseguida orden de captura contra Ferrer, y su presuntos aliados.
Los delitos que se le atribuyen a Ferrer se sustentan en los comprobantes de apertura de una cuenta por varios millones de dólares en un banco internacional, unos documentos con la supuesta rúbrica del diputado.
Estas pruebas «son de tanta seguridad, que el fiscal general ha pedido que sean resguardados en al bóveda (caja fuerte) del Banco Central de Venezuela», aseguró Cabello.
Con el retiro de la inmunidad de Ferrer, la Constituyente cumple con la formalidad para que los órganos de seguridad y justicia tengan carta blanca para su detención y enjuiciamiento, ambos procedimientos que ya se habían iniciado el miércoles, a las pocas horas de que se hizo la denuncia.
Este miércoles el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ordenó la detención de Ferrer, de quien se desconoce su paradero]]>
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