Un despido masivo de al menos 20 funcionarios del Ministerio Público en la entidad, sin falta justificada se ha evidenciado en los últimos días. Los afectados denuncian incumplimiento a la garantía constitucional (brevedad de la justicia) y a la tutela jurídica efectiva que se debe brindar a los venezolanos y fue denunciado por la directiva del Colegio de Abogados de la entidad, presidida por Henry Flórez.
Sin razón justificada, el Fiscal Superior del Táchira envió una comunicación a los empleados públicos donde se les notificaba de su remoción del cargo. Ante esto, los juristas tratan de reclamar los derechos de los agremiados «porque es obligación», dijo Flórez.
“La causa de estos despidos puede ser por razones políticas, teniendo en cuenta que los representantes del Ministerio Público, hasta hace pocos días, se habían identificado en lo profesional y capacidad para ejercer el trabajo con la Fiscal Luisa Ortega Díaz. Hacemos un llamado porque este tipo de acciones (despidos) la están profesionales del derecho, atentando contra el gremio ejerciendo la justicia en nombre del el Estado venezolano”, acusó.
Similar situación, dijo el presidente del Colegio de Abogados del Táchira, se está repitiendo en otras zonas del país como el estado Carabobo, Lara y Sucre, donde presuntamente también se han ejecutado despidos “con matices políticos” en el Ministerio Público de cada una de las entidades.
La directiva del Colegio de Abogados en pleno hizo un llamado de atención al nuevo Fiscal Superior del Táchira, Euclides Abril y a la presidenta del Circuito Judicial Penal del estado, Lady Yorley Pérez, para que revise la acción porque se están viendo afectados funcionarios públicos con carrera administrativa de 24 y 25 años de servicio.
“Hay un grupo de colegas que están ya prestos para una jubilación que se la han ganado en retribución a la inversión hecha por el Estado venezolano en su proceso de selección, preparación y formación de cada uno de ellos a lo largo del tiempo», puntualizó.
El Colegio de Abogados del Táchira solicitará se convoque a un Consejo de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, instancia superior que desarrollará las acciones necesarias de continuar las presunta retaliación política con los agremiados.
Docentes destituidos
Hasta la Defensoría del Pueblo de San Cristóbal, acudió la directiva del Colegio de Profesores con la finalidad de solicitar una medida de protección para 60 docentes de diferentes municipios de la entidad que hasta la fecha no han cobrado el sueldo correspondiente y se presume que fueron retirados de las nóminas tanto del Ministerio de Educación como de la Dirección de Educación del estado.
Los despidos presuntamente se estarían aplicando a los docentes que participaron en las protestas previas a las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, dijo Pedro Guillen, presidente del Colegio de Profesores.
“Los docentes han acudido a la Zona Educativa y no han obtenido respuesta. Lo que se les ha informado es la suspensión directa de la nómina. Es una violación de los derechos humanos y el derecho a la libre protesta. No se trata de ningún delito, solo han ejercido un derecho ciudadano. Hay docentes presos por irregularidades bien marcadas cobrando salarios porque no tienen medida o sentencia firme”, puntualizó.]]>