El gobierno arranca el "Registro Único de Vivienda" para auditar a casi 18.000 damnificados, mientras la ONU gestiona financiamiento internacional para el ensamblaje de estructuras modulares
El plan de reconstrucción y contingencia tras los terremotos del pasado 24 de junio entra en una fase de auditoría técnica y captación de recursos globales. A partir de este sábado 11 de julio, el Gobierno nacional inicia un censo biométrico masivo dirigido a las miles de personas que perdieron sus hogares. Este mecanismo busca centralizar la asignación de soluciones habitacionales en un «Registro Único de Vivienda».
De acuerdo con el balance oficial actualizado, el doble sismo ha dejado un saldo de 4.118 fallecidos, 16.740 heridos y un total de 17.907 personas sin vivienda. De esta población damnificada, el 96% (17.266 personas) se encuentra distribuido en los 89 campamentos transitorios habilitados de emergencia en Caracas, Miranda y La Guaira, siendo esta última la entidad que registra el mayor nivel de colapso en estructuras residenciales.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, detalló que el censo se ejecutará mediante un sistema de lector de huellas dactilares dentro de los refugios provisionales.
Ante el compromiso gubernamental de edificar «ciudades antisísmicas» antes de que concluya el año, la viabilidad real del plan descansa sobre el apoyo logístico y financiero multilateral.
El Subsecretario General de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, confirmó que la estrategia inmediata para resolver el déficit habitacional provocado por el desastre contempla la importación masiva de viviendas prefabricadas y modulares al país.
Fletcher señaló que la organización ya se encuentra en labores de recaudación de fondos internacionales para poner en marcha el ensamblaje rápido de estas estructuras en los terrenos que actualmente evalúan expertos en mecánica de suelos y subsuelos.
Este despliegue coincide con las gestiones financieras directas iniciadas por la presidencia encargada con países como Estados Unidos y Brasil, así como con misiones técnicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. El objetivo de este acercamiento multilateral es doble: por un lado, flexibilizar las limitaciones de flujo de caja derivadas de las sanciones y, por el otro, estructurar líneas de financiamiento rápido que permitan costear una reconstrucción que los analistas locales estiman en un piso mínimo de entre $13.000 y $15.000 millones de dólares.
Con información de agencias
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