Informe de Almagro denuncia que se consolida dictadura de Maduro

Almagro insistió en que la situación actual de Venezuela “representa un riesgo para la paz y seguridad hemisférica, debido a la grave crisis humanitaria y migratoria y los vínculos comprobados de estructuras del Estado con el crimen organizado internacional».
El diplomático difundió su cuarto informe a los estados miembro de la Organización y pidió acciones contundentes para frenar al gobierno chavista de Maduro.
Advirtió que desde que presentó un primer  informe el 30 mayo de 2016 sobre Venezuela la situación se ha agravado aceleradamente.
«Durante los últimos 18 meses, el Régimen ha destruido deliberadamente la institucionalidad, ha vaciado de contenido la legalidad y el Estado de Derecho y ahora se apresta a desnaturalizar definitivamente la Constitución venezolana, gobernando a través de una entidad impuesta a través de elecciones fraudulentas».
«El Régimen en Venezuela avanzó a paso firme avasallando los derechos de su gente».
«En Venezuela se han violentado en forma sistemática y reiterada los elementos esenciales y los componentes fundamentales de la Democracia como los define la Carta Democrática Interamericana. No hay respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales; no hay estado de derecho; se atenta permanentemente contra los partidos y organizaciones políticas; no hay separación e independencia de los poderes públicos; y, a partir del 30 de julio, ya no hay elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo».
«En el caso de Venezuela, el esquema represivo del Estado no admite la vigencia de los procedimientos que aseguren las garantías referidas en tanto,
– Se mantiene personas secuestradas por períodos largos de tiempo,
– No se cumple con las boletas de excarcelación,
– Se tramitan procesamientos por la justicia militar y
– Se asesina manifestantes.
Señala, apoyándose en datos de respetadas organizaciones civiles, que hay registrados 645 presos políticos, este año 130 venezolanos fueron asesinados en manifestaciones que además dejaron 16.000 heridos.
«En este proceso tenemos el efecto más desgarrador de todos, la profundización de la crisis social del país. Un país que ya tiene más de 2 millones de desplazados, que han debido emigrar por razones sociales, económicas y políticas, mientras 54% de los niños se encuentran en estado de desnutrición», señala el informe.
«El golpe a la sociedad es sistemático y se manifiesta en el deterioro a las variables sociales del país que reflejan la degradación de las condiciones de vida de la población. La ruptura del orden constitucional y democrático por parte del régimen se ha erigido sobre una estrategia sistemática de violación de los derechos humanos, en un proceder propio de los regímenes autoritarios o dictatoriales».
«El Gobierno ha negado al pueblo venezolano el derecho a la vida, a la integridad física, y a la libertad de reunión y asociación, aunque estos derechos estén establecidos en la Constitución y en el derecho internacional. El Régimen ha respondido a las protestas en todo el territorio nacional con represión y terror. Propio de un sistema dictatorial, se han criminalizado las protestas y militarizado excesivamente la respuesta estatal a éstas, tras la manifestación de miles de civiles que han salido a las calles a oponerse al Gobierno».
«El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) estima un total de 2.675 manifestaciones desde el 1 de abril hasta el 19 de junio de 2017. Según el Ministerio Público, al 31 de julio el total de muertos en manifestaciones ascendía a 121 personas. Del total de muertes, según la fuente oficial, un 25% son debido a acciones de los cuerpos de seguridad del Estado y en un 40% se comprueba la participación de civiles armados que actúan en coordinación con cuerpos de seguridad», cita el documento.
«Similar a las dictaduras militares del siglo anterior, el Gobierno de Venezuela ha torturado sistemáticamente a personas detenidas».
La situación crítica persiste. Se estima que la economía se contraerá por segundo año consecutivo – en 2016 se contrajo por 18% y este año por 12%53. La hiperinflación que vive el país se asemeja a cifras de la década perdida en los ochentas – se espera que alcance el 2,000% al final de 2017. Tan sólo en la semana previa a la elección de la ANC, la expansión monetaria creció en 10%, el nivel más alto en 25 años.
Todo este cuadro agrava directamente la calidad de vida del pueblo venezolano. La tragedia humana que vive Venezuela se refleja en los elevados niveles de desnutrición infantil (11,4 por ciento versus el umbral de crisis del 10% de la OMS), mortalidad materna e infantil, y casos de enfermedades prevenibles y erradicadas.
Además, el pueblo venezolano no tiene su seguridad garantizada. Caracas es la ciudad más violenta del mundo. Y de acuerdo al índice Law and Order Index publicado por Gallup en agosto de 2017, Venezuela es el país más inseguro de los 135 países analizados.
Un 88% de las personas no se sienten seguras caminando solas en la noche en el lugar que viven y un 86% expreso no tener confianza en la policía.
Asimismo, el Gobierno de Venezuela ha violado el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información. La censura directa e indirecta, el acoso y la intimidación a personas y a medios que critican al Gobierno se han intensificado.
La Secretaría General de la OEA entiende que la democracia en Venezuela fue eliminada el 30 de julio de 2017, tras la instauración de una Asamblea Constituyente ilegitima. Durante los últimos 18 meses, el Régimen ha destruido deliberadamente la institucionalidad, ha vaciado de contenido la legalidad y el Estado de Derecho y ahora se apresta a desnaturalizar definitivamente la Constitución venezolana, gobernando a través de una entidad impuesta a través de elecciones fraudulentas.
Entre las conclusiones del informe se destaca una serie de demandas:
PRIMERO:
REITERAMOS la solicitud que formuláramos en el pasado para que la comunidad internacional continúe aplicando sanciones cada vez más duras contra el régimen y autoridades del régimen.
SEGUNDO:
RECONOCER que una gran parte de los países del hemisferio han declarado que no aceptarán los resultados de la Asamblea Constituyente del 30 de julio de 2017 y que, en consecuencia, los actos derivados de la misma carecerán de legitimidad internacional.
TERCERO:
REAFIRMAR la solidaridad con el pueblo de Venezuela.
CUARTO:
ADMITIR que la situación actual de la República Bolivariana de Venezuela representa un riesgo para la paz y seguridad hemisférica debido al incremento de su aislamiento, el monto de sus deudas externas e internas, la grave crisis humanitaria y migratoria, los vínculos comprobados de estructuras del Estado con el crimen organizado internacional, la escala de los índices de delitos con violencia, la represión sistematizada por entes del Estado hacia la población, la adquisición de armamento militar que posiciona al país como el principal comprador de armas en Latinoamérica y la multiplicación de la Milicia Bolivariana Nacional.
QUINTO:
ORDENAR la reparación al pueblo venezolano por la violación de los instrumentos internacionales mencionados anteriormente mediante las siguientes acciones:
– La anulación del proceso de Asamblea Constituyente.
– La cesación inmediata de la represión. – La liberación de todos los presos políticos.
– La investigación a gran escala de los actos de figuras clave del Régimen y sus subordinados para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos contra la población civil. – La realización de elecciones libres, justas y universales, a la brevedad, con observación internacional calificada.
– El retorno al orden constitucional con pleno respeto de la separación de poderes de los poderes públicos.
– El establecimiento de un mecanismo eficaz de lucha contra la corrupción.
– La integración al Tribunal Supremo de Justicia de los Magistrados juramentados
Venezuela es hoy un país que no tiene un gobierno legítimo. Es una dictadura que, a través de un organismo carente de legitimidad de origen, impuesto por la élite en el poder, busca destruir la institucionalidad estatal y la Carta Magna en un período de dos años.
«En ese tiempo se dedicará a perseguir, torturar e incluso matar a todos aquellos que se opongan a sus atropellos. Es un régimen que desconoce la dignidad del pueblo soberano y que ha perdido por completo el respeto por su voluntad. Es un régimen que se impone de la manera más cobarde, a través del terror e infundiendo el miedo. Que se enfrenta diariamente en las calles a un pueblo valiente que no se cansa de reclamar por los medios que le quedan, la voz y la presencia, los derechos que nunca debió haber perdido».
Almagro ha promovido en la OEA la iniciativa insólita de celebrar cuatro audiencias con el fin de que un grupo de expertos independientes determine a final de octubre si hay fundamento para denunciar a las autoridades de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, señala por su parte la agencia EFE.
La OEA no puede enviar un caso al tribunal de La Haya como institución, pero sí cualquiera de los 28 Estados miembros del organismo que son parte también del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte, explica
En los 15 años de la CPI, ningún Estado del mundo ha denunciado a otro, por lo que sería histórico que alguno de los países americanos lo hiciera ahora con Venezuela.]]>