El costado menos técnico del fraude

La decisión de remontar las desventajas y los desequilibrios institucionales, y participar, a todo evento, en las consultas chavistas, se ha topado con un episodio que se puede convertir en un toda una referencia en el anecdotario de desventuras de la sociedad democrática, y sentar una especie de jurisprudencia. La concreción de los resultados ofrecidos materializan un disparate político muy alejado de la realidad nacional, cuyos elementos no podemos analizar al voleo, ni de forma tan superficial.  La palanca electoral ha tenido, hasta el momento, algunos momentos estelares con resultados políticos objetivos. Transitar la ruta electoral sigue siendo un imperativo, y por eso mismo es muy importante no descuidarse en la interpretación de sus aspectos fundamentales.
Llegará el momento de hacer la navegación técnica.  Podemos quedarnos con la interpretación de los procedimientos. Puede que haya llegado el momento del “suficiente”.  Hasta las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, aún con las celadas administrativas del CNE, parecía estarse expresando, con relativa elocuencia, una traducción aceptable entre los estudios de opinión pública y los resultados electorales.
En el medio de la crisis más grave que le ha tocado vivir en a Venezuela en más de 100 años, con un calamitoso e inédito proceso hiperinflacionario a cuestas, un salario convertido en chatarra, una crisis alimentaria y una inocultable crisis humanitaria, traducida en la escasez de medicamentos; un opaco y cuestionado liderazgo chavista, desacreditado en todas las encuestas desde hace unos 3 años, le propone al país que hemos regresado a los tiempos electorales abundantes del año 2006.  Los tiempos en los cuales había recursos, había arrastre en el liderazgo y existían programas sociales qué defender.
Terminó por hacerse habitual que el Poder Electoral organice migraciones masivas e inconsultas de votantes, no haga efectiva las sustituciones de candidaturas o distribuya a conveniencia del chavismo el mapa de circuitos electorales. El alto gobierno tiene una panorámica en tiempo real del curso de las votaciones, y puede alterarlas en pleno desarrollo, interviniendo descaradamente en su gesta, acarreando votantes, o inhibiendo a otros,  gracias al control total que tiene de las nóminas oficiales, el orden público,  y los procesos de consulta. De esta forma retarda indefinidamente, o adelanta, de ser necesario, el cierre de mesas, para movilizar a aquellos que hayan decidido no movilizarse.
De hecho, en estas elecciones jamás se decretó el cierre de mesas.  Lo mismo hace el CNE con la propia selección de la fecha de cada consulta; adelantada, ocultada o retardada, siempre procurando salvaguardar el interés del Ejecutivo. El CNE permite, además, que el chavismo organice tinglados electorales, o actos provocadores de carácter proselitista, pero con personas armadas, que con frecuencia asaltan votantes, el mismo día de cada consulta. Todo lo anterior con la actitud comprensiva, colaboradora y protectora de las Fuerzas Armadas.
A muchos ya también les luce como parte del paisaje la inhabilitación de candidatos, el encarcelamiento y el exilio de otros tantos,  el uso tutelar de los medios radioeléctricos, el acoso con el Carnet de la Patria, la asimetría en los espacios de promoción, el control total de los recursos públicos para el proselitismo. La propia desnaturalización de la gestión de cada gobernador opositor una vez que triunfa; la asfixia administrativa y el empeño en malponerlo con el electorado. El chavismo, y el CNE ha sido uno de sus instrumentos, ha convertido el peculado de uso, la apropiación de los recursos públicos,  en una de las prácticas habituales de su folclor político, y en toda una religión tribal de estado.  
Debemos hacer, además, una valoración cualitativa, general, inevitable, en torno al comportamiento político y la conducta institucional de Tibisay Lucena, Socorro Hernández, Tania D’Amelio y Sandra Oblitas, que hace mucho tiempo ha rebasado lo admisible.  Es imposible no pasar por remojo las máculas existentes sobre estos comicios sin interpretar a sus protagonistas.  Estas son funcionarias que han perdido todo el decoro y el respeto público gracias a su actitud parcial y complotada, completamente deshonesta, especializada únicamente en maniobrar para favorecer los intereses del chavismo en detrimento del interés nacional y del propio fervor popular. El retrato más preciso de lo que entendemos como el títere instrumental de una dictadura ejerciendo una parodia consultiva para legitimarse sin legitimidad.
La pugna de los factores democráticos deberá seguir teniendo, inevitablemente, un planteamiento electoral. Renovar las autoridades electorales, que es una atribución del Poder Legislativo,  deberá ser el primer requisito para un proceso de negociaciones, o un acuerdo político tutelado por la comunidad internacional. Es el único camino para poner cualquier fin de esta crisis: organizar elecciones libres y justas, puesto que las actuales no fueron, ni libres, ni justas.]]>