El anuncio del Poder Electoral coincidió con la firma, de forma unilateral, del documento que se negoció durante tres meses en República Dominicana por parte del presidente Nicolás Maduro y que no firmó la oposición.
Al respecto Lucena dijo: «a pesar de que no se firmó el acuerdo necesario para el país, podemos afirmar que no hay caminos para la paz. La paz es el camino. El único para encontrar la convivencia de la paz (…) y el pueblo sea quien decida su destino libremente».
Lucena, quien tenía meses sin aparecer ante la opinión, lo que suscitó todo tipo de especulaciones, recalcó que el Poder Electoral se compromete «como siempre» a «garantizar las condiciones efectivas para que las diferencias democráticas se diriman con el ejercicio del voto (…) y que se exprese la voz absoluta y sagrada del pueblo. Ese es nuestro compromiso».
De igual forma, recordó que el CNE ha estado en sesión permanente desde el pasado 5 de febrero para analizar los diversos cronogramas y lapsos para llevar a cabo el evento electoral.
Con un cronograma que contempla solo dos días para las postulaciones: del 24 al 26 de febrero y una campaña que solo durará 17 días: del 2 al 19 de abril.
Es decir, los venezolanos tendrán una quincena para «decidir» quién gobernará el país.
Los rectores, con Tibisay Lucena incluida -quien más temprano hizo su reaparición pública para recibir a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez- se reunieron a las 7:00 PM y media hora después, solo esperaban por el canal del Estado, que transmitía el evento en el que se encontraba el presidente Nicolás Maduro, para dirigirse al país.
La «revisión de escenarios» que planteó la rectora Tania D’Amelio fueron puntuales y se limitaron a lo planteado por el gobierno y luego ordenado por el jefe de Estado.
Además de las fechas anunciadas y que se utilizará el Registro Electoral del 20 de febrero, muchas cosas quedaron en el aire.
Por ejemplo, para estos comicios no habrá sorteo de miembros de mesas, cuyo periodo culmina el 31 de marzo. Es decir, serán los mismos que participaron en las elecciones regionales y municipales.
En cuanto al Registro Electoral de los venezolanos que viven en el exterior, el organismo comicial girará una carta a los consulados de Venezuela para que reciban las solicitudes de quienes deseen ejercer su derecho al voto. Sin embargo, no hay garantías para que esto ocurra.
El rector Luis Emilio Rondón, quien salvó su voto en las decisiones anunciadas la noche de este miércoles, invitó e insistió a los venezolanos a que se inscriban dentro y fuera del país.
Sin embargo, dejó claro que los lapsos establecidos son «cortos» y «atropellados», entendiendo que se tratan de las elecciones más importantes.
«¿Está la Constitución vigente?», se preguntó él rector al tiempo que esgrimía que, «a menos tiempo, menos garantías».
También señaló que, sin esas «garantías suficientes», no se disponen de elementos para que no sean ventajosas para algún sector.
Aunque Lucena señaló que habrá 15 auditorías, Rondon insiste en los tiempos.
Por ejemplo, solo hay 10 días para revisar los requisitos de quienes aspiren a dirigir el destino del país o poco más de un mes para que los venezolanos en ele exterior puedan cumplir con los requisitos para ejercer el voto.
En el directorio, que duró tres días, no se hablo de los centros de votación reubicados y si retornarán a los originales o mantendrán las reubicaciones. Tampoco si habrán nuevos movimientos.
Lo otro pendiente es lo referente al acompañamiento internacional. Aún y cuando el documento suscrito únicamente por el gobierno y que Maduro prometió cumplir, contempla la asistencia de la ONU, queda pendiente que esto se concrete y en qué eventos estarán presentes y cómo tendrán acceso.
También si solo será las Naciones Unidas o permitirán que participen otras organizaciones. Un elemento fundamental para unas elecciones que arrancan con una fecha ordenada por el Ejecutivo, con partidos ilegalizados y candidatos inhabilitados.
Entre otros «cabos sueltos» que quedan está la utilización de la tinta indeleble, la colocación de los llamados «puntos rojos» o el proceso de modificación de candidaturas, un paso que le ha jugado «malas pasadas» a la oposición y a candidatos oficialistas que van en una línea contraria al gobierno.