Venezuela

"Lo de Cicapra fue una ejecución y forma parte de una política de Estado"

"Todos los que estaban allí fueron ejecutados", aseguró el diputado opositor Américo de Grazia sobre la nueva masacre ocurrida en una mina del sur del estado Bolívar, en la que -afirmó- 18 personas murieron abaleadas, entre ellas una mujer y dos menores de edad.

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FOTOGRAFÍA: DAGNE COBO BUSCHBECK | ARCHIVO

De Grazia insistió este miércoles en negar la versión del gobierno, en la que sostiene que lo ocurrido el 10 de febrero en la mina ubicada a las afueras de Guasipati fue producto de «un enfrentamiento» entre sujetos armados con una comisión del Ejército.

«Lo de Cicapra fue una ejecución. Todos los fallecidos los trasladaron en helicópteros del Ejército a Guasipati y de allí los llevaron a la sede del CICPC (Policía Científica) en San Félix», explicó a El Estímulo el legislador vía telefónica.

El diputado aseguró que gente «inocente sin antecedentes penales» figuran entre los ejecutados. La versión fue avalada por Mixae Vera, hermana de Geovanny Vera, una de las víctimas confirmadas en el yacimiento. “Haciendo esto lo que consiguieron fue la muerte, primera vez que entraban a ese sector buscando el pan de sus hijos y lo que consiguieron fue la muerte en esa masacre”, afirmó Mixae en declaraciones a la agencia Reuters.

«Unas de las víctimas era ebanista, acompañaba a un taxista que vendía combustible en la mina. Ambos lo sorprendieron la incursión de los militares», añadió De Grazia, quien dijo que «hay mucho miedo» entre los familiares para denunciar lo ocurrido en Cicapra.

El Centro de DDHH de la Ucab denunció algunas víctimas de la masacre presentaron disparos en la cabeza, «lo que nos coloca ante una práctica de ejecuciones extrajudiciales que se está volviendo reiterada», destacó esa ONG en Twitter.

Los fallecidos provenían de diferentes localidades del estado Bolívar, como Upata, El Manteco o Ciudad Bolívar. De los cadáveres, figuran dos menores de edad y una mujer. Solo dos personas quedan por identificar, según el diputado.

El diputado acusó a un teniente Ejército que identificó como los apellidos «Romero Vergara» de liderar la comisión militar que sorprendió al grupo en el yacimiento rico en oro y operado, según De Grazia, por «pranes» jefes de mafias que extraen y venden las riquezas minerales de Bolívar.

«30 masacres en 12 años»

De Grazia aseguró que las masacres en las minas ubicadas en la entidad son recurrentes y forman parte de una «política de Estado» que ahora están vinculadas con el Arco Minero del Orinoco, la zona con una extensión similar a Cuba con la que el gobierno de Nicolás Maduro aspira obtener las divisas que ya no genera la industria petrolera venezolana.

Desde 2006, en Bolívar se han registrado 30 masacres mineras en las que policías, guardias nacionales y efectivos del ejército están involucrados, apuntó el legislador.

«Las masacres en Guayana y en el marco del Arco Minero son recurrentes y se han convertido en una política de Estado. Así es como actúa el régimen para poderse empoderar absolutamente de todo el beneficio que pudiera dar el oro en estas circunstancias», explicó De Grazia a la radioemisora RCR.

Sobre el origen de esta nueva masacre, De Grazia manifestó el vínculo que mantienen los «pranes» o jefes de mafias mineras con una élite militar que se beneficia de la millonaria extracción del oro y diamantes en el sur de Bolívar.

«En las minas de Guayana existen ‘pranes’ que operan en las minas (…) Los ‘pranes’ no cayeron en paracaídas. Los ‘pranes’ son los operadores financieros de una élite militar y se producen las masacres porque ellos son agentes de retención», dijo.

«La élite militar le cobran un diez ahora un ‘triesmo’, comenzaron con el diez por ciento a los mineros de la zona, y ahora van por el 30 por ciento (…) Y cada vez esa élite militar se hace más ‘agallúa’ porque quieren darle al Banco Central, porque quieren traficar con oro hacia Aruba, porque quieren sacarla por los caminos verdes, porque se quiere beneficiar desde el general grandotote hasta el sargento mas chiquitico», explicó.

El dipuitado agregó que una comisión de la Asamblea Nacional acudirá a la fiscalía y otros órganos para denunciar el caso, «aunque sabemos que en este país no hay justicia y mucha impunidad», acotó.

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