En declaraciones a periodistas, la diputada aseguró que la comisión tiene en su poder varios papeles similares e informó que acudirán al CNE para solicitar una explicación ya que los únicos que pueden manejar este material son los miembros del ente electoral.
Asimismo, solicitarán a la Fiscalía que investigue este caso «por utilización indebida de material electoral en fines distintos a los que están establecidos en la ley».
«Así tratan los votos en Venezuela el CNE, así trata el CNE la voluntad de los venezolanos siendo esto, pues, un hecho muy grave por lo que representa (…) la burla a la voluntad ciudadana», agregó.
La oposición acusa al CNE de ser un ente que trabaja a favor del Gobierno de Nicolás Maduro y lo señala de cometer irregularidades en procesos electorales.
Esta circunstancia y otras han llevado a la principal alianza opositora del país, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), a no participar en los comicios presidenciales del próximo 20 de mayo.
El ente legislativo también pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) investigar la «ejecución extrajudicial» del expolicía Oscar Pérez y seis de sus compañeros, sublevados contra el Gobierno, debido a que en el país hubo «denegación de justicia».
«Hoy mismo está siendo remitido, ya en pocos minutos, la solicitud vía electrónica a la Corte Penal Internacional para que abran la investigación de oficio por el caso de la masacre de Oscar Pérez», dijo Solórzano.
La diputada hizo esta declaración tras presentar el informe final de esta investigación en la que se determinó una «ejecución extrajudicial» en contra de Pérez y sus compañeros, quienes fueron abatidos el 15 de enero durante un operativo de seguridad, un hecho que fue considerado por el Parlamento como una «masacre».
Pérez y los otros seis integrantes del grupo murieron en enero pasado en una casa a las afueras de Caracas donde los encontraron las fuerzas de seguridad, que utilizaron armamento de guerra en el operativo.
Solórzano, que inició esta investigación tras considerar que hubo irregularidades, explicó que hacían esta solicitud a la CPI debido a que hubo una «clara y franca denegación de justicia», pues a la comisión se le negó, entre otras cosas, acudir al lugar.
Indicó que enviarán a la CPI «pruebas» de cómo «resultaron asesinados Abraham Agostini, Daniel Soto, José Díaz, Abraham Lugo, Jairo Lugo, Oscar Pérez y Lisbeth Ramírez», todos ellos, muertos «con tiro de gracia en la cabeza», según consta en las actas de defunción, remarcó.
Dijo además que «todos» los cuerpos tenían heridas de arma de fuego, según el testimonio de los familiares, y añadió que en una sola acta de defunción, la de Agostini, se señala que murió a causa de un «proyectil único».
«Los demás no dicen cuántos tiros tenían (…) no lo sabemos», apuntó en referencia a las actas de defunción.
Solórzano denunció también que «se violó el principio de inspección ocular (…) no se fijó fotográficamente a los cadáveres ni el lugar» en que ocurrió el suceso.
«Se violó todo el procedimiento de manual criminalístico de custodia», continuó y aseguró que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) no abrió una investigación por el hecho.
La comisión además ha establecido una «cadena de mando responsable de los hechos» que va desde el presidente «Nicolás Maduro», implicando al Ministerio de Defensa, de Interior, la Guardia Nacional, la Policía Nacional, el Servicio de Inteligencia y los «funcionarios actuantes» en la operación.
La diputada indicó que mantienen abierta la investigación por los policías que murieron en el operativo, uno de los cuales, dijo, era «colectivo» como se le llama a miembros de grupos chavistas organizados, calificados por la oposición como paramilitares.
Por este hecho también hay 30 detenidos, apuntó.]]>
