Venezuela

Padre de David Valllenilla: "Hay gran impunidad en el asesinato de mi hijo"

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Foto: Gabriela González

Otros 365 días han pasado de un asesinato que sigue impune. En esta oportunidad, el de David Vallenilla, un joven enfermero de 22 años. 

David fue asesinado en la autopista Francisco Fajardo a la vista de todos los manifestantes y de las cámaras que estaban cubriendo la manifestación aquel día. 

Un sargento de la Policía Aérea de la base militar Generalísimo Francisco de Miranda de La Carlota, portando una escopeta le disparo. Aún y cuando el joven estaba caído. 

A pesar que fue un hecho público y comunicacional y que el autor material está detenido. -y el padre de Vallenilla lo pone en duda- el asesinato de David sigue impune. Y como en todos los otros casos, el Estado sigue en silencio. Un silencio ensordecedor que convierte a las familias en victimas dobles. 

El 22 de junio de 2018, el aniversario del asesinato de este joven coincide con el informe del Alto Comisionado para la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU, que vio la luz este viernes y que se titula «Venezuela: La impunidad continúa en medio de una situación sombría de derechos humanos». 

El informe, que el papá de David Vallenilla considera «simbólico», recomienda al Consejo de Derechos Humanos enviar una comisión de investigación a Venezuela y que el país sea llevado a la Corte Penal Internacional. Algo con lo que está de acuerdo el progenitor del muchacho asesinado.  

«Las instituciones han sido aniquiladas. Como abogado, creo que las instituciones tienen que perdurar pero quienes están al frente de ellas hoy, las han acabado», dice David Vallenilla padre. 

Ante ese escenario, sus esperanzas para hacer justicia están arraigadas a kilómetros de Venezuela. En las instancias internacionales, a las que agradece sus pronunciamientos pero destaca que se  deben buscar «las formas» para solucionar los problemas. Una de ellas, a su juicio, es que los militares «hagan respetar la Ley».  

«Venezuela tiene tantas necesidades», sostiene y recuerda que su hijo observó esas necesidades como enfermero y con el temor expreso de que a sus padres les faltara algo. «El informe (ONU) refleja esas necesidades que tiene el país», indicó.

Impunidad

Ha pasado un año desde el asesinato de su hijo sin que el responsable sea castigado.

-¿Qué espera del sistema de justicia a raíz de lo expuesto en el informe?  

-El responsable fue plenamente identificado por las autoridades pero aquí  hay una gran impunidad. Se ha violentado el debido proceso porque el Estado no presentó a ese funcionario -a pesar de estar identificado- dentro de las 12 horas que señala la Ley. Ya allí, hay una denegación de justicia por parte del Estado».  

Las audiencias han sido diferidas en once oportunidades. Audiencias que son preliminares. Es decir, un año después no se ha entrado en la fase de juicio. 

Los motivos han variado. Desde que no había juez asignado a la causa, el no traslado del detenido hasta la ausencia del abogado defensor. 

– ¿A qué le atribuye estos diferente todo y retardo en la causa?

– «Forma parte de un manejo estratégico del Poder Ejecutivo sobre otros poderes. No hay independencia. Está sometido el Poder Judicial. La idea es no hacer justicia.  Y por eso, voy a luchar muchísimo. No quiero que pase lo que pasó en el Caracazo donde no hubo responsabilidad penal. Solo unas indemnizaciones», dijo.

Vallenilla defiende el informe del Alto Comisionado que relata el caso del joven enfermero en su página número 11. «Las informaciones  que allí aparecen son de primera mano porque yo las he dado» e insiste que no descarta asistir a alguna instancia «si tengo que hacerlo». 

– ¿Considera que a raíz de este informe se puedan generar acciones contra el presidente Nicolás Maduro? 

– «Indudablemente que sí. En 2017 hubo la activación del plan Zamora por Maduro. Lo responsabilizo a él por activar un plan donde perdieron la vida muchos jóvenes. Y asumo lo que digo. Nicolás Maduro es el responsable. Además, no ha habido apoyo por parte de las autoridades. 

Aquí no solo es el sargento. Él es el responsable material pero él no actúo solo. Hay una cadena de mando. Ese sargento estaba en una base militar. Ademas, en la escopeta que portaban se consiguieron esferas metálicas. Esferas que yo vi durante la autopsia y que vi cuando se las entregaron al responsable de la cadena de custodia del Ministerio Público. 

Sin embargo, ha existido una negativa constante por parte del comandante para entregar esas pruebas a la Fiscalía. El comandante Jose Táriba Guillen alude a órdenes superiores para esta negativa. Así que, existe responsabilidad de quien ha dado estás  órdenes». 

– ¿Usted ha podido conversar con Tarek William Saab? 

– La situación política del país ha influido en el caso. En el momento del asesinato de mi hijo estaba Luisa Ortega Díaz al frente del Ministerio Público y en ese momento se realizó una investigación importante a cargo del fiscal 126, Luis Gordell. A días de que se diera el acto conclusivo, el fiscal  fue removido. 

Además, ocurrió la destitución de la Fiscal y se trató de desestimar el caso. Sin embargo, mis abogados y yo hicimos una acusación privada y por eso siguen las investigaciones. 

El Fiscal me atendió la misma semana que tomó posesión de su cargo. En cuatro paredes, me dijo que lo que le sucedió a mi hijo fue una ejecución extrajudicial pero es incapaz de decirlo ante la opinión pública. Lo reto a desmentirme». 

Desde allí, no ha vuelto a conversar con quien fue designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para comandar la acción penal.  

– ¿Usted ha podido ver la cara de ese sargento en algún momento? 

– Nunca. Nunca he podido ver el rostro de Arly Cleiwer Mendez Terán. Por eso, dudo que esté privado (preso). No conozco a ese señor». 

A Vallenilla le llama la atención muchas cosas que han ocurrido y que le generan serias sospechas. Por ejemplo, el hecho de que uno de los diferimientos se dio porque el juez de la causa, José Maximino Márquez, no sabía dónde estaba detenido Méndez. Sí en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) o  en Ramo Verde. «Cómo es posible que en un tribunal no sepan dónde está detenido una persona. Eso es grave», sentencia.  

Otro detalle «sospechoso» para él es que el abogado de Mendez reside en Ciudad Bolívar. De hecho, otro de los diferimientos ocurrió por la ausencia del abogado ante lo cual, los representantes legales de Vallenilla y él mismo, le pidieron al juez que subiera al sargento para preguntarle si quería un defensor público. Solicitud a la que el juez Márquez se negó. 

El juez también le ha recriminado a Vallenilla que denuncie denegación de justicia por cuanto él atiende al padre del joven asesinado. 

David Vallenilla, a pesar de todo, incluso del Estado mismo, asegura que mantendrá su lucha por hacer justicia para su hijo. 

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