América Latina, que vio salir a millones de personas hacia Estados Unidos o Europa a finales del siglo XX por motivos económicos o políticos, está bajo la presión de atender a los venezolanos que en un importante número están migrando a pie o en autoestop.
Una crisis que quedó retratada en las imágenes de caminantes por márgenes de carreteras, que el chavismo niega como un montaje «tipo Hollywood» contra el gobierno de Nicolás Maduro.
A falta de una política coordinada, cada país está adoptando sus propias medidas para encarar el inusual flujo migratorio que van desde la exigencia de visa o pasaporte -un documento al que los venezolanos no pueden acceder fácilmente en medio de la escasez-, hasta el despliegue de tropas para evitar situaciones de violencia, como en el caso específico de Brasil.
Y aunque muchos se han encontrado con un trato solidario, expertos estiman que la región no puede preciarse de tener una política de fronteras abiertas.
«Es un marco de medidas restrictivas que va en contra de la movilidad humana. Vulnera los derechos e incrementa las posibilidades de inseguridad ante (…) el tráfico de personas», sostiene María Amelia Viteri, investigadora en migraciones de la Universidad San Francisco de Quito.
De cara a una reunión el próximo lunes en Quito a la que están convocados 13 gobiernos, incluido el de Maduro, para analizar la crisis migratoria, así está respondiendo el continente al coletazo externo de la situación en Venezuela.
¿Fronteras abiertas?
Alrededor de 2,3 millones de venezolanos (7,5% de la población de 30,6 millones) vive en el exterior, de los cuales 1,6 millones han emigrado desde 2015, cuando recrudeció la situación económica.
El 90% se ha quedado en América Latina, según cifras del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Principal destino de la diáspora venezolana, Colombia ha recibido casi un millón de personas y regularizado temporalmente a unos 820.000. Para ingresar a su territorio, los venezolanos necesitan cédula si es que van de paso hacia otros países o pasaporte vigente si quieren tramitar su estadía.
Antes de que estallara la crisis económica en Venezuela, el país con mayores reservas petroleras en el mundo minado por la escasez y la hiperinflación, los venezolanos podían moverse por varios países apenas con su cédula.
Todavía Bolivia les permite el ingreso con este documento y una estancia de 90 días en condición de turistas. Desde 2014 ha recibido a unos 25.600 venezolanos y la cifra va en aumento.
Amparados en las políticas del bloque del Mercosur -que suspendió a Venezuela como socio-, Argentina y Uruguay también les facilitan el ingreso con cédula, aunque quienes lleguen en avión deben portar pasaporte.
En 2015, 1.100 venezolanos tramitaron su residencia legal en Uruguay y la cifra está aumentando a un ritmo de 20% anual. En Argentina están radicados 95.000 (30.000 pendientes de regularización).
Brasil, que decidió desplegar tropas para reforzar la seguridad en el estado de Roraima, punto de entrada por tierra de miles de venezolanos, también los deja ingresar con cédula. Sin embargo, el gobierno estudia imponer límites a la migración ante episodios de violencia y xenofobia. Desde 2017 habían llegado 110.000 venezolanos, según cifras con corte a mayo.
Nuevos controles
En medio del éxodo de venezolanos, uno de los más grandes en la historia de América Latina según la ONU, Perú y Ecuador impusieron el requisito del pasaporte.
Quito debió suspender ese requerimiento por orden judicial, pero a cambio exige ahora un certificado adicional que avale la autenticidad de la cédula y que debe ser otorgado por Caracas o un organismo internacional.
Entre enero y agosto de 2018, a Ecuador ingresaron 641.353 venezolanos (80% con pasaporte) y salieron 524.857, según la cancillería.
Perú también impuso el pasaporte, pero abrió la opción de refugio. En los últimos tres años han ingresado 414.000 venezolanos, incluidos 120.000 que pidieron el estatus de refugiado.
A excepción de Costa Rica, los países centroamericanos, incluido Nicaragua -estrecho aliado de Maduro- exigen visas a los venezolanos.
El gobierno chileno, entretanto, estableció una «visa de responsabilidad democrática», que desde abril último debe ser tramitada en sus consulados en Venezuela y asegura residencia por un año y acceso a contrato de trabajo. Empero, si es por turismo deben presentar pasaporte.
En el primer semestre de 2018 ingresaron a Chile 124.501 venezolanos frente a 177.347 en todo 2017.
Asilo
Estados Unidos aparece como una opción solo para quienes, en busca de asilo, pueden demostrar que sufren violencia y persecución política.
El año pasado más de 27.000 venezolanos pidieron asilo, casi el doble que en 2016 y cinco veces más que en 2015, cuando Venezuela estaba en el quinto lugar luego de China y otros países hispanoamericanos.
«Las solicitudes de asilo se han disparado en los últimos años», dijo a la AFP Michael Bars portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). «Nuestro sistema es proclive a vacíos legales, fraude y abusos, y esto impide a solicitantes de asilo legítimos ser procesados rápidamente», añadió.
En lo que va de 2018, casi 16.000 venezolanos ya han pedido asilo. Según datos del censo de 2016, unos 300.000 venezolanos viven en Estados Unidos. De ellos, casi la mitad (144.000) residen en Florida.