Carnet de la patria: entre la resistencia y la humillación en Venezuela

Esta tarjeta electrónica de racionamiento ya es usada por el gobierno de Nicolás Maduro como requisito excluyente para la entrega de bolsas de comida subsidiada, dotación de viviendas y hasta para tener acceso a la banca oficial. Ahora será exigida para el pago de las pensiones de millones de jubilados, de bonos en bolívares con los que el gobierno pretende contentar a la gente y, dentro de poco, para comprar gasolina.

Para terciar en este debate, El Estímulo consultó a personas anónimas y a líderes de opinión: Susana Raffalli, Margarita López Maya, Colette Capriles, Félix Seijas R, Alfredo Infante, John Magdaleno y Alejandro Gutiérrez intervienen en este texto sobre el debate que cobra fuerza en el limitado espacio del mundo digital. 

Definido como un sistema de “apartheid” social, o de segregación política, el carnet de la patria también surge ahora como una especie de «acta de rendición», que están obligados a acatar los venezolanos comunes ante un gobierno chavista que ejerce el poder como si fuera un ejército de ocupación dentro de su propio territorio.

Miles de soldados, guardias nacionales y policías se encargan de reprimir hoy a la disidencia y de apagar cualquier intento de protesta, aunque sea pacífica. A estos uniformados se suman miles de fiscales civiles e integrantes de bandas paramilitares llamadas localmente “colectivos”.

Todos son el sistema pretoriano en el que se basa el gobierno de Maduro para mantener su “pax” (impuesta por las armas).

Son las mismas fuerzas que el año pasado reprimieron a sangre  y fuego una ola de protestas masivas que durante cinco meses sacudieron las calles de Venezuela y que fueron sofocadas con saldo de unos 130 asesinatos, más de 2.000 heridos y centenares de presos políticos. Las denuncias de violaciones a los derechos humanos han llegado hasta la Corte Penal Internacional (CPI).

“Más humillada imposible. Yo no me quiero sacar eso. Me niego. Está en contra de mi voluntad”, expresa una madre soltera, profesional media, que gana dos salarios mínimos. Está preocupada por los rumores según los cuales el gobierno exigirá el carnet para pagar el nuevo salario mínimo nacional de 180 millones de bolívares mensuales (menos de 30 dólares).

“No me lo voy a sacar. Yo estoy inscrita en el Seguro Social y tengo mi RIF” (Registro de Información Fiscal), expresó al pedir preservar su nombre en el anonimato por temor a represalias.

Pero, ¿qué significa toda esta agresiva política del gobierno? ¿Aceptarlo es una rendición, un acto de protesta, una imposición? Acceder a sacárselo, ¿sería un acto de resistencia civil pasiva, y una demanda justificada por bienes que no le pertenecen a Maduro, ni al chavismo sino a todos los venezolanos?

¿Es una derrota para esos millones de anónimos opositores que están sin norte, sin líderes políticos porque los de siempre están en el exilio, en prisión, muertos o peleándose entre ellos por los restos de un futuro que ni siquiera existe?

Después de todo el chavismo es una minoría, según todas las encuestas, que controla a sus anchas a cerca del 80% restante de la población. Pero es una minoría violenta, fuertemente armada, que controla todas las instituciones y que no reconoce a la oposición, hasta el punto de suprimir al parlamento opositor electo en diciembre de 2015.

Ahora, una vez acorralada la vasta mayoría, la aprieta duro por el estómago.

Como son muchas interrogantes difíciles de responder o de llevar a un consenso, El Estímulo llamó a los universitarios, usó los comodines y descartó variables. Estas son algunas de las respuestas en este foro de expertos desde diferentes especialidades.

La activista en derechos humanos Susana Raffalli ha denunciado reiteradamente los graves problemas de desnutrición que sufren hoy los venezolanos por la falta de acceso a los alimentos. Para ella, el asunto del carnet solo es parte de un plan mucho más ambicioso.

“Más allá de lo simbólico creo que en el contexto de todo lo planificado, está bordado finamente y se está cumpliendo todo lo que establecen en el Plan de la Patria (el programa de largo plazo heredado por Hugo Chávez para convertir a Venezuela en un Estaso socialista al estilo cubano) y el carnet tiene que ver más con los mecanismos en marcha para la dominación a través del estado comunal y la territorialización que eso amerita”, comentó Rafalli.

Pocos analistas dudan que el Estado Comunal será impuesto pronto en una nueva constitución que prepara el chavismo y donde el carnet de la patria será solo un detalle.

“Como en monarquías y califatos no somos ciudadanos sino una suerte de vasallos, donde el señor te retribuye a ti directa y personalmente a cambio de tu voto”, dice la historiadora Margarita López Maya.

Para ella el fulano carnet es como un ejercicio de poder «de tipo tradicional neopatrimonial», donde las relaciones entre Estado y sociedad no son modernas -universales y abstractas- sino afectivas e íntimas, basadas en la lealtad como criterio principal.

“Para quienes fuimos ciudadanos y nos pensamos como occidentales y modernos sin duda es como sufrir una humillación. No existe la igualdad ni la universalidad de derechos”, dice esta también activista política.

Por estos días abundan los testimonios de personas pobres que se niegan a sacarse el carnet. Recuerdan a los pobladores de una ciudad sitiada en una guerra de desgaste. Algunos tendrán que ceder en algún momento o quedarse hasta sin pensiones ni medicinas, ni siquiera podrán entrar a un hospital.

“Pues sí, cada uno de nosotros tiene su punto de quiebre. Y mientras, las fuerzas democráticas no encuentran cómo unirse y con qué estrategia. Se nos viene el comunismo cubano”, dice al consentir en que bajo esta premisa, el que se queje no comerá, o deberá irse del país.

“Creo que regímenes totalitarios como lo que pretende ser Maduro y su cúpula militar-civil son siempre minorías que dominan por la fuerza y el miedo”, dice al hacer una comparación clave en la historia: “Cuba es a nosotros lo que la URSS fue a esos países” de Europa Oriental.

Sobre si ella misma se sacaría el carnet, es enfática: “No, mientras pueda sobrevivir. La cédula (de identidad) era un derecho, el carnet obliga a sumisión”.

El sacerdote Alfredo Infante frecuenta en su trabajo de activista social y pastor de su comunidad las barriadas más pobres de Caracas, en La Vega (oeste de la capital).

También editor de la revista SIC, de la Compañía de Jesús, ha recogido sus propios testimonios:

“¿Que cómo vive la gente del barrio la afiliación al carnet de la Patria? Hay una pluralidad de perfiles. 1) en el estrato D, una mayoría indignada que lo hacen por pragmatismo y sobrevivencia porque no tienen más remedio, pero ese es su límite. No van a reuniones, ni movilizaciones”, explica este también analista político.

“También hay una minoría ideologizada, enchufada y vinculada orgánicamente a la estructura de gobierno; y una minoría militante opositora que se resiste a carnetizarse, pero cada vez más va cediendo y engrosando el número de los carnetizados indignados”, agrega.

En el estrato E, muy vulnerable, hay un sector totalmente dependiente del Estado y los bonos, y tal dependencia se expresa en obediencia, por tanto, acompañan reuniones y movilizaciones por temor a perder los beneficios. No son convencidos, son dependientes».

También hay una minoría militante y convencida comprando el discurso de la guerra económica y con una mentalidad altamente clientelar y asistencial, resume.

Infante observa que el gobierno de Maduro está consciente de que carece de legitimidad y que hay un descontento que raya el 90 % de la población.

Si su objetivo es permanecer en el poder «a como sea» en palabras del propio Maduro, una de sus estrategias es convertir en política de Estado el refrán «por la boca muere el pez», señala Infante.

“La hiperinflacion hace cada día más dependiente a la población de la bolsa de comida CLAP (vendida por los comités del partido encargados del racionamiento) no solo a los sectores populares, sino también a la clase media. Esa dependencia, está siendo ahora «fidelizada», adscrita, con un carnet de identidad que es el carnet de la patria, el cual se está convirtiendo en un requisito para sobrevivir, pues sin él, no se accede a la alimentación, salud, gasolina, pensiones y, a los bonos con efecto de lotería”,explica.

“Se entiende por tanto, por qué el gobierno no toma medidas integrales que paren la hiperinflación, porque ésta es caldo de cultivo de una mayor dependencia. La hiperinflacion tiene un claro objetivo político, la dependencia al gobierno. Si antes sectores de la población, podían darse el lujo de no afiliarse por convicción al carnet de la patria, hoy se va reduciendo el número de personas que pueden mantener tal decisión”, agrega.

Pero como «no todo lo que brilla es oro», la mayoría de los carnetizados, están indignados, y se han sumado no por devoción, ni convicción, sino por necesidad de sobrevivir.

“El gobierno, está poniendo los ingredientes para un tsunami social. Consciente de ello, está mostrando cada vez más su política represora. En síntesis: chantaje y represión son sus divisas”, señala.

“Creo que la mayoría no claudicará, sino que cederá pragmáticamente para sobrevivir. Pero creo, que este desplazamiento pragmático va acompañado de una mayor indignación”, vaticina.

“El gobierno tendrá que inventárselas para convertir la indignación en resignación y claudicación. Prepara sus baterías por allí. Aumentará la diáspora exponencialmente. Tal vez es parte de su agenda. La tarea de la sociedad civil opositora será restablecer la confianza para que la indignación se canalice en movilización y venza los mecanismos de chantajes y represión que pretenden la claudicación. Estamos en un punto de inflexión”, resume.

Félix Seijas R es estadístico con PhD, director de la encuestadora Delphos,  profesor de la UCV y analista político.Es el indicado para formularle una pregunta clave: ¿está triunfando el gobierno en su política de control social? ¿Este carnet es el acta de rendición de sus opositores tras el paso de la aplanadora?

“Va avanzando, sí. Es un asunto de persistencia. No quiere decir que lo logren, pero sí van avanzando”, resume para este enfoque.

El carnet de la patria cumple varios propósitos:

“Por un lado, en un país con un desorden tremendo en registros administrativos, viene a servir de registro de todos. Lo mismo hubiese sido migrar a una cédula de identidad con chip, pero no hubiese sido tan «sexy» para los revolucionarios que a todo le ponen nombres exóticos», dice.

“La denominación va acorde con la narrativa que el régimen viene manejando a través de la palabra «patria» (que no nación). Es un signo y un símbolo. Te registra, te centraliza, te humilla en diversas formas, y ayuda a convencerte de que son más fuertes de lo que tú podrías llegar a ser, por lo que vas rindiendo las posibilidades de lucha (que no te veas como agente de cambio, castrar en tu mente esa capacidad). Y castiga a los rebeldes. Si te resistes, queda excluido. Así que es un instrumento de exclusión”, explica.

La internacionalista Giovanna De Michele tiene un enfoque acorde con su especialidad: cree que la masificación del carnet le servirá a Maduro para escapar de las denuncias en la Corte Penal Internacional de segregación anticonstitucional por limitar los beneficios sociales sólo a los inscritos en este sistema del partido en el poder.

“Debe tener un propósito de gran valía para el gobierno el fulano carnet para que asuma los costos financieros y políticos de esa carnetización forzada”, dice.

“Yo creo que esas personas acceden a obtenerlo como consecuencia de la profunda necesidad; de lo contrario no lo harían; con lo cual se pudiera afirmar que las necesidades y penurias a las cuales está sometido el pueblo venezolano son directamente proporcionales al incremento de personas que han accedido a obtener el carnet de la patria”, dice.

Para Maduro, en su discurso que escamotea la realidad, “el Carnet de la Patria es una creación milagrosa de la revolución bolivariana, que nos ha permitido llevar la protección social directamente a nuestro pueblo y sin intermediarios. Hoy este mecanismo cuenta con la confianza de cerca de 18 millones de carnetizados”.

Foto: Ricardo Hernández/AVN

Colette Capriles es politóloga, psicóloga social y con postgrado en filosofía. A comienzos de año participó como asesora por el lado de la disidencia en unos fracasados diálogos entre el gobierno de Maduro y los divididos partidos la oposición organizada.

“Para mi el carnet es primariamente una cartilla de racionamiento electrónica. Tiene una función de asignación focalizada de recursos, considerando el esquema general de la economía política chavista: un tercio de la población debe ser subsidiada, sin ninguna relación con su productividad o su inserción en los mercados. El proyecto es tener una sociedad dual en la que una parte produzca bajo relaciones de mercado controlado y otra parte sea “beneficiario” o cliente, sin capacidad productiva”, resume.

“La dominación política y humana que ejerce el chavismo no es por el carnet de la patria. Este no es sino un instrumento de los muchos que tiene”, agrega.

En la histeria del Twitter muchos discuten la validez de sacarse o no el carnet. Una discusión estéril que en realidad no tiene mayor eco en la vida física. En los últimos días se multiplican las colas en ciudades del país de personas dispuestas a sacarse el documento.

Capriles rechaza que se lleve al paredón a quienes se han registrado en el carnet.

“No me parece correcta la visión de convertir este asunto en una manera de juzgar moralmente a quienes no tienen más remedio que formar parte de la economía subsidiada, porque justamente eso fortalece el impacto sociológico que pudiera tener, y favorece el apartheid”, dice.

“Coincido en que sí hay un impacto simbólico (en la moral de los opositores), pero me pregunto cuál es la vivencia de quienes están en absoluta necesidad. El discurso del gobierno es que el carnet los protege del capitalismo salvaje. Y de alguna manera logró crear una economía salvaje que obliga a todos a someterse a los racionamientos implicados en el carnet”, resume.

Apunta también a otro ángulo: las futuras formas de control social contenidas en las posibilidades digitales del carnet, las cuales van desde elecciones hasta control directo de cuentas y consumos personales, geolocalización y vigilancia política.

“Es el sueño de la economía dirigida de Stalin. Para los soviéticos el problema no era político sino técnico: cómo lograr la planificación perfecta para apropiarse del excedente productivo y redistribuirlo. Hoy estamos en el ciber estalinismo, fascinado por las posibilidades digitales de control».

“Es obvio que se intensifica la experiencia de control del gobierno sobre la vida cotidiana. Pero no creo que la mayoría de la gente lo viva como “indignidad” sino más bien como injusticia y chantaje. Lo que es clave en este asunto es que la relación con el Estado y (por lo tanto) con la garantía de los derechos humanos y constitucionales se condiciona y se particulariza. Ya no son derechos universales, son particulares, solo para una parte de la población que ha cumplido con un registro especial”, dice.

El politólogo John Magdaleno, director de la consultora Polity y especialista en datos no apuesta a que el gobierno logrará la dominación total de la población mediante el hambre.

Se pregunta si la población pudiera más bien ver medios como el carnet de la patria “con creciente cinismo”, como instrumentos de fuerza que suman a la deslegitimación del régimen.

Los chavistas, “ciertamente podrían estar buscando una derrota moral, apoyados en la lógica militar con la que suelen operar actores del gobierno, pero también seguir profundizando los clivajes existentes en la población, esto es, las líneas de división social”.

“No estoy tan seguro que esa sea una de las victorias finales del régimen. Aquí viene una cadena consecutiva de acontecimientos, en mi modesta opinión muy probablemente capitaneados desde dentro de la coalición dominante”, pronostica sobre este episodio de intentar doblegar a la gran masa de venezolanos con hambre y apagar los últimos focos de resistencia.

Sobre la oposición, señala que los dirigentes están demasiados concentrados en la «guerra reputacional» interna como para colaborar orquestadamente de modo que se produzca el inicio de la transición hacia la democracia.

“Pero la experiencia internacional sugiere algo de interés. De los 70 casos de transiciones exitosas a la democracia que hemos examinado, el 56% han sido promovidas desde dentro del régimen autoritario porque el desempeño del sistema afectó directa y sensiblemente a sectores que formaban parte de la coalición dominante”, señala.

Está de acuerdo en que muchos están en el dilema moral de sacarse el carnet aunque lo aborrezcan “porque la creciente precarización socioeconómica los obliga a evaluar alternativas para sobrevivir”.

“Yo nunca me sacaré el carnet de la patria, pero no critico a los que lo hacen porque sé que tienen como imperativo sobrevivir. Es una cuestión práctica, literalmente de vida o muerte”.

Ve como un grave error el cuestionar a las personas obligadas a sacarse el documento porque ello le facilita al régimen el establecimiento de un nuevo clivaje, una nueva línea de división sociopolítica. Los que no pueden sobrevivir sin eso versus los que sí pueden”.

“Unos (los últimos) censuran a los primeros, que se ven obligados a hacerlo para poder sobrevivir. Y de este modo, se genera un debate al interior de la oposición que contribuye, a la postre, a una mayor fragmentación, ya no solo del liderazgo sino también de la base opositora. Permitirle eso a un autoritarismo hegemónico con rasgos totalitarios (que camina aceleradamente hacia un estado pre-totalitario), es decir, permitirle que logre establecer esa nueva línea de división es, en mi opinión, un gravísimo error.

El economista Alejandro Gutiérrez, profesor de la Universidad de los Andes, y doctor en Estudios del Desarrollo y máster en Economía no duda de los objetivos de control políticas del carnet.

“Pero los necesitados no tienen otra opción. La oposición está desarticulada. Creo que ahora el gobierno va a aumentar la cobertura y las incorporaciones al carnet de la patria. Sin embargo, las elecciones del 20 de mayo demostraron que tener el carnet de la patria no significa ser partidario del régimen”, señala recordando la diferencia de votos que se atribuyó Maduro en esos cuestionados comicios.

En un texto más elaborado señala que se trata de un instrumento, una base de datos, que obtiene información de los beneficiarios, la cual es usada por el gobierno para facilitar la sistematización y administración de los programas sociales.

Hasta allí pareciera que no hay mayores problemas.

“Los problemas y la desconfianza surgen porque la naturaleza del régimen es totalitaria y esa información recabada, contenida en el carnet de la patria, es usada con fines de control político de los beneficiarios de los programas sociales, violando la libertad de pensamiento, opinión y otros derechos establecidos en las Leyes y en la Constitución”.

“De esta manera se establece una discriminación entre los venezolanos, ya no somos iguales ante la Ley. Muchas personas se han visto obligados a inscribirse. Tengo testimonios de varios de ellos que cuando fueron a obtener el carnet de la patria fueron humillados y objetos de burla por los funcionarios que estaban recabando la información. Más aun, con el “paquetazo de Maduro.  Negarle el pago de la pensión a un ciudadano es un delito que en algún momento será castigado.

“Obviamente, que ante la desarticulación de la oposición, el gobierno avanza para aumentar el control político de los ciudadanos y consolidar una autocracia. Esa es la naturaleza del régimen”, resume.