El 10 de enero es una fecha clave en lo que pueda pasar con el gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, la oposición desde la Asamblea Nacional, trabaja por el llamado "gobierno de transición" posterior a la actual administración; situación "aderezada" por el comunicado del Grupo de Lima -coalición de 13 países- en el que anuncia el desconocimiento del Ejecutivo.
Para los militantes del PSUV, es un día importante porque Maduro asumirá un segundo mandato, el cual se prevé durará hasta 2025. Varias figuras del Gobierno han dicho en reiteradas ocasiones que el gobernante fue «reelecto» en buena lid y que su mandato será legítimo. El mandatario dijo el 9 de enero que «una simple toma de posesión se ha convertido en un acto político mundial», caldeando aún más los ánimos de las ya radicales facciones políticas de Venezuela.
Además, el mapa geopolítico mundial ha cambiado considerablemente desde 2017. Elementos como sanciones, alianzas con naciones no tradicionales, las protestas antigubernamentales que dejaron más de 120 fallecidos y la «instalación» de una Asamblea Constituyente que no contó con una convocatoria y participación popular como tal, ya que Nicolás Maduro la invocó «a nombre del pueblo», son ingredientes para la nueva etapa que inicia el 10 de enero.
El eje de todo este asunto es la elección del 20 de mayo de 2018, unos comicios considerados por los 14 países del Grupo de Lima: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía; los 28 países de la Unión Europea y Estados Unidos como írritos por varias irregularidades como ventajismo electoral, inhabilitacíón de partidos y candidatos presidenciables, abstención de la oposición, denuncias por parte de los otros dos aspirantes: Henri Falcón y Javier Bertucci, entre otras cosas.
Organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal, Súmate, Voto Joven, el Observatorio Electoral Venezolano, la Red Electoral Ciudadana, entre otras, expresaron su preocupación frente a diversas irregularidades durante la convocatoria y el proceso electoral, incluyendo la inhabilitación de candidatos, el impedimento de participación de partidos opositores, la falta de competencias constitucionales de la Asamblea Constituyente para convocar a elecciones, la falta de tiempo para los lapsos establecidos en la normativa electoral y la compra de votos.
Por otro lado, organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, los países miembros del Grupo de Lima, y naciones como Australia, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, República Dominicana y Suiza rechazaron la convocatoria por su falta de transparencia y de garantías electorales y afirmaron su no reconocimiento a los resultados. Sin embargo, otros como China, Corea del Norte, Cuba, Irán, Rusia y Turquía expresaron su apoyo a los comicios.
La jornada comicial de ese día se caracterizó por pocos electores en los centros de votación y una gran abstención por parte de los venezolanos. El Observatorio Electoral Venezolano (OEV), a lo largo del día, informó a través de su cuenta de Twitter sobre las irregularidades que se presentaron durante el sufragio. Sus corresponsales denunciaron “chantaje” con bonos de hasta Bs 10.000.000 en los estados Zulia y Trujillo, así como una coacción en el voto asistido a cambio de una caja Clap.
Varios centros de votación permanecieron abiertos en Venezuela, tras la jornada formal de 12 horas en la que el presidente Nicolás Maduro buscó un segundo período, según reportes oficiales. En recorridos hechos por El Estímulo también se evidenció la poca afluencia de personas.
Mientras, en varias ciudades del extranjero se protagonizaron protestas en rechazo a las elecciones y para solicitarle a la comunidad internacional que repudiaran ese acto.
A altas horas de la noche, como es costumbre, el Consejo Nacional Electoral dio el resultado de las elecciones. Nicolás Maduro ganó con un porcentaje del 46% de los votos de un padrón electoral de 20.526.978 personas. Lo que quiere decir que hubo un 64% de abstención.
Por ello, es necesario establecer una interrogante o más bien recordar cómo se llegó a esta fecha. Un punto de partida muy plausible es el 31 de marzo de 2017, cuando la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, anunció por el canal del Estado que en Venezuela se había generado una «ruptura del hilo constitucional», luego de que el Tribunal Supremo de Justicia aprobara las sentencias 155 y 156, en las que les quitaba las competencias a la Asamblea Nacional para asumirlas el Poder Judicial y levantar la inmunidad parlamentaria, cosas que después revirtió.
Esto se debe a que el Parlamento fue considerado «en desacato» por haber «violado» una orden del TSJ al incorporar a los diputados del estado Amazonas a la Plenaria, debido a supuestas irregularidades en el proceso de elecciones parlamentarias en 2015. Además se venía de un proceso de diálogo -uno de los tantos- que resultó fallido en 2016 y que Estados Unidos -en el gobierno de Barack Obama- considerara a Venezuela como una amenaza a la estabilidad de su país y la región.
Un día después, el 1 de abril, Nicolás Maduro se reunió con Ortega Díaz en Miraflores al convocar al Consejo de la Defensa de la Nación el viernes 31 de marzo con la intención de resolver el conflicto entre la Fiscalía General de República y el Tribunal Supremo de Justicia por esas «diferencias»
En un comunicado leído por el vicepresidente Tareck El Aissami, una vez levantada la reunión del Codena, se solicitó al TSJ revisar las polémicas sentencias 155 y 156, por las que diversos sectores de la oposición nacional denunciaron un autogolpe de Estado y encendió las alertas de la comunidad internacional.
Para esa fecha, varios dirigentes opositores realizaban viajes al extranjero para exigir la liberación de presos políticos y denunciar arbitrariedades del Gobierno venezolano. Cuando se suceden las polémicas decisiones, la Mesa de la Unidad declaró que eso había sido un golpe de Estado. Además, ocurrió el retiro de los embajadores de al menos tres países de la región y una fuerte protesta por parte de la comunidad internacional, la cual calificó el hecho como un “retroceso de la democracia venezolana”.
Comenzaron las protestas y las primeras condenas por parte de la comunidad internacional debido a la forma de cómo los funcionarios policiales y militares reprimieron las manifestaciones pacíficas, que intentaban llegar al Palacio de Miraflores -sede del Gobierno nacional ubicado en el centro de Caracas. Paralelamente, en el Parlamento se inició la discusión y preparación de la designación de un Tribunal Supremo de Justicia nuevo, el cual fue designado a mediados de 2017 para sustituir a los conocidos «magistrados express», quienes habían sido nombrados por la Asamblea manejada por Diosdado Cabello a finales de 2015.
En la actualidad, está ese TSJ en el exilio con magistrados en varios lugares del mundo como Chile, Colombia y EEUU. En una sesión extraordinaria, que contó con la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, se declaró a Maduro culpable del delito de corrupción por el caso Odebrecht y se le ordenaba el abandono de cargo.
Además de esta situación, en la Organización de Estados Americanos se llevaron a cabo al menos dos Consejos Extraordinarios y una Asamblea General de ese ente multilateral, en donde un grupo de países puso sobre la mesa la discusión de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, propuesta hecha por el secretario general de ese organismo, Luis Almagro. Las deliberaciones no dieron los votos necesarios para que se generara ese episodio. Por un lado, el Gobierno de Nicolás Maduro anunció su retiro de la OEA, mientras que 12 países -en principio- decidieron conformar lo que actualmente se conoce como el Grupo de Lima y hacer presión al gobierno venezolano.
Luego, tanto un informe llevado a cabo por la OEA -impulsado por Almagro- y uno realizado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en el que registraron las violaciones a los DDHH, fue llevado por seis países a la Corte Penal Internacional para abrir un proceso contra el mandatario.
El 1 de mayo de 2017, Nicolás Maduro «invoca» a una Asamblea Constituyente con la excusa de reformar la Carta Magna, pero la misma no contó con el voto de los venezolanos para ver si querían o no que se cambiara el Texto Fundamental de 1999. Eso provocó el repudio de varias naciones por dicho llamado y la posterior elección de los constituyentes el 30 de julio, en donde la oposición no participó en el proceso al considerarlo írrito.
Al inicio de las protestas de 2017, específicamente en marzo, EEUU -ya con Donald Trump en el poder-sancionó al presidente del TSJ, Maikel Moreno y a los otros siete magistrados de la Sala Constitucional por la usurpación de funciones de la Asamblea Nacional. Desde ahí, se han establecido penalizaciones más férreas contra funcionarios venezolanos y empresas como Pdvsa, siendo las más recientes las promulgadas el 8 de enero por el Departamento del Tesoro, en donde el presidente de Globovisión, Raúl Gorrín, y otras seis personas fueron penalizadas, luego de que un exministro chavista, Alejandro Andrade, los vinculara con una trama de corrupción.
Canadá, Panamá, Suiza y el Senado de México promulgaron sanciones también.
La Unión Europea se sumó a este procedimiento luego de pasar varios meses «estudiando» la situación y acuciados por la presión internacional sobre una promulgación al respecto. Antes de noviembre de 2018, solo se aprobó un embargo de armas y de material susceptible para la represión. Luego, se emitieron sanciones por el deterioro progresivo del país.
A finales de ese año convulso, una nueva mesa de diálogo se planteó entre Gobierno y oposición, encuentros que se llevarían a cabo en República Dominicana con delegaciones establecidas por ambas partes. Para la fecha, se le había levantado la inmunidad parlamentaria a Freddy Guevara y estaba en calidad de «huésped» en la embajada de Chile en Caracas junto al secretario nacional de Copei, Roberto Enriquez.
Esas conversaciones duraron hasta febrero de 2018, en donde la oposición aseguró que no se llegó a un acuerdo y denunció que la delegación del oficialismo, encabezada por Jorge Rodríguez, se llevó un documento unilateralmente firmado con un borrador, que eran los puntos que los acompañantes a la reunión como México y Chile habían propuesto y que se retiraron de la mesa por considerar que la negociación no fluía y que se estaban irrespetando algunos pasos.
El papel de Santo Domingo llegó a Caracas en donde en un acto en el Poliedro a principios de 2018, fue firmado por Maduro. El CNE había fijado los comicios en principio para el 22 de abril, pero postergados para el 20 de mayo para que coincidiera con las elecciones a los consejos legislativos.]]>
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