Foro Penal: Una Comisión de la Verdad ahora podría detener proceso en Corte Penal

Ante las movilizaciones planteadas por la oposición y la presunción de una nueva ola de represión, está ONG abre “una línea” de comunicación con la sociedad y otras ONG, nacionales e internacionales, para que puedan ser “contraloras” de la actuación política no solo del gobierno sino también de la oposición.
Además, el Foro Penal advierte sobre la Amnistía -aprobada en forma de acuerdo en la Asamblea y con intención de ser convertida en Ley- y la justicia transicional.
Lo primero, es que Foro Penal aclara que son dos mecanismos distintos.
La amnistía es para “borrar” todo lo que pueda haber en contra de una persona, privada o no de libertad, mientras que la justicia transicional se basa en otorgar ciertas garantías e incentivos “para quienes hayan cometido crímenes y se muestren dispuestos a aceptar sus culpas”.
Por ello, no deben estar en un mismo cuerpo normativo.
El abogado Gonzalo Himiob explica que la Amnistía debe “respetarlas pautas internacionales y especialmente, el mandato del artículo 29 de la Constitución que expresamente excluye a violadores de derechos humanos”.
El tercer elemento es que la Amnistía debe “respetar los criterios técnicos y fácticos que permitan su validación y aceptación nacional e internacional”.
Foro Penal recuerda que en 2016 trabajaron en una Ley de Amnistía que rechazan, fuese modificada posteriormente en la Asamblea. Una Ley que, igual que otras tantas, fue bloqueada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
A pesar de ello, desde la ONG manifiestan su disposición a colaborar con los parlamentarios.
Himiob y Alfredo Romero, directivos de la organización, piden también estar alertas porque, según ellos, la lista de presos políticos que maneja la Asamblea cuenta con 117 personas que fueron presos políticos pero que hoy están excarcelados con medidas cautelares aunque mantienen su estatus de “perseguidos”. “Esto es incorrecto y puede dar al traste con la buena fe de los diputados”, dice Himiob.
Romero, por su parte, deja en el aire la pregunta de si para personas como el doctor José Alberto Marulanda y tantos otros presos sin prueba, son audiencia, aplicaría una Amnistía cuando lo que se debería en esos casos es aplicar la ley y liberarlos.
Según Foro Penal, hasta la fecha existen 281 personas privadas de libertad por razones políticas.
Dicen entender el mensaje político de brindar garantías a oficiales y funcionarios que decidan contribuir con la restitución del orden democrático pero dejan claro que su responsabilidad está con las víctimas.
“Se requieren mensajes claros para que la sociedad civil esté informada. Para una transición pacífica es necesario un avance en derechos humanos”, sostienen Himiob y Romero.

Proceso en CPI en peligro

Los abogados alertan además qué hay una iniciativa, sin decir expresamente de quién, que busca solicitar ante la ONU una comisión de la verdad para investigar las violaciones a los derechos humanos.
Ante esto, expresan que de ocurrir, eso pondría en riesgo todo el trabajo que vienen realizando distintas organizaciones de derechos humanos en la Corte Penal Internacional (CPI).
“Una Comisión de la verdad que se solicita ante la ONU es, en estos momentos, completamente contraria a los criterios que la propia ONU establece para sustentar este mecanismo ya que uno de esos criterios es que haya finalizado la represión o exista el cese del conflicto. Algo que no está ocurriendo en Venezuela. Presionar una comisión ahorita, puede frenar a la CPI”, manifiesta Himiob.
El abogado señala otros criterios que norma la ONU para esta comisión: que sea aceptada por toda la ciudadanía; que la comisión es uno, pero no el único, mecanismo para la justicia de transición; que una comisión de la verdad debe ser un modelo único y específico para cada país y la voluntad política como cuarto elemento.
En cualquiera de los dos mecanismos, amnistía o justicia transicional, es esencial el “interés” de las victimas.
La ONG sostiene que los errores que presentan estos instrumentos discutidos en la Asamblea “aún pueden ser corregidos y recuerdan que “no puede haber transición sin sociedad civil”.]]>