La Sala Constitucional del TSJ, dominado por Nicolás Maduro y el chavismo, con magistrados militantes del Psuv, ordenó a la Fiscalía General de la República emprender acciones penales individuales contra los diputados, a quienes acusa de usurpar las funciones de presidente de la República.
Según un comunicado leído ante cámaras de la televisión oficial por el magistrado Juan José Mendoza, ex diputado del Psuv y presidente de la Sala, las recientes actuaciones de la directiva de la Asamblea Nacional “violentan expresamente” el articulo 236 de la Constitución Nacional en sus numerales 4 y 15 constitucionales “al pretender usurpar competencias del presidente” y su atribución exclusiva de designar jefes de delegaciones diplomáticas.
“Ante conductas de tipo delictivo se exhorta al ministerio publico para que de manera inmediata proceda a determinar responsabilidades a que hubiera lugar de los integrantes de la Asamblea Nacional”, dijo el funcionario.
La nueva decisión del TSJ es una respuesta a la decisión del parlamento, que el martes designó al abogado constitucionalista Gustavo Tarre Briceño como representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y ratificó que -según el parlamento- el país no se saldrá del sistema interamericano, al contrario de lo decidido por el chavismo.
Mendoza afirmó que las decisiones del parlamento son “un acto de fuerza que pretende derogar el texto constitucional” y que la sala «se ve obligada a actuar» en justicia.
“Todo lo relativo a los actos de gobierno le corresponde al presidente de la República como jefe del poder ejecutivo”, dijo.
“Incurren en usurpaciones de atribuciones del Poder Ejecutivo… en consecuencia esta sala ratifica la inconstitucionalidad de las actuaciones del poder legislativo nacional”, dijo al reiterar las sentencias del tribunal de 2017 y 2019 que insisten en considerar en desacato al parlamento opositor.
La sala constitucional “constata el reiterado desacato en el que sigue incurriendo a los fallos de este tribunal y la violación expresa del texto constitucional”.
Por tanto, en su sentencia, el TSJ ordena a los diputados que conformaban la anterior junta directiva del lapso vencido a que asuman «sus funciones directivas y secretariales en la Asamblea Nacional».
“Ante conductas de tipo delictivo se exhorta al Ministerio Público para que de manera inmediata proceda a determinar responsabilidades a que hubiera lugar de los integrantes de la Asamblea Nacional”.
Sin embargo, el artículo 200 de la Constitución otorga inmunidad parlamentaria a los diputados, por lo cual solo la Asamblea puede autorizar previamente al TSJ la detención de sus parlamentarios.
Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia by El Estímulo on Scribd
Por otra parte, el artículo 233 estipula: «Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: su muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional».
Así como lo señala Carta Magna, la Asamblea Nacional declaró a Nicolás Maduro como usurpador del Ejecutivo el pasado 5 de enero, ya que cometió una falta al someterse a comicios electorales que fueron catalogados como ilegítimos. Ahora, el presidente del Legislativo, Juan Guaidó deberá asumir el mandato para convocar elecciones.
Otro artículo que han mencionado los parlamentarios es el 350 que indica: «El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos«.]]>