Tarazona indicó que su denuncia «viene con la data en mano para que no vengan con mayor lentitud de la que hasta ahora han demostrado frente a las denuncias de faltantes de municiones y armas de guerra que hay en los parques de guerra y batallones del territorio”.
Asimismo precisó que la data (con fecha de corte del 19 de marzo de 2019) contiene «el tipo de arma, el serial, y la marca de cada arma una a una».
El director de Fundaredes instó al Ministerio Público a efectuar las investigaciones correspondientes para averiguar «dónde están estas armas que aparecen como solicitadas y que están faltantes en las guarniciones y polvorines de los cuerpos policiales venezolanos”.
«Hemos conocido de algunas detenciones, sobre todo en la frontera, donde sujetos de grupos irregulares terminan manifestando cómo estas armas han sido extraídas del parque militar venezolano», denunció Tarazona. «Vemos con preocupación como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la disidencia de las FARC, el EPL, el Frente Bolivariano de Liberación, grupos paramilitares como Los Rastrojos, Los Urabeños, Las Águilas Negras, tienen un arsenal de armas permanente y constante».
«¿Acaso esas armas pertenecen a los grupos milicianos, pero aparecen solicitadas? ¿Acaso estas armas son las que están siendo denunciadas por la Fiscalía General de Colombia, donde se dice que están siendo usadas por los grupos irregulares colombianos en Colombia?», se preguntó Tarazona.
El activista refirió que la data llegó a Fundaredes gracias a miembros del estado y las Fuerzas Armadas venezolanas, «quienes han visto con estupor e indignación como en los últimos meses han caído miembros de las fuerzas armadas venezolana en ataques de grupos irregulares colombianos».
Igualmente, Javier Tarazona recordó que los grupos irregulares colombianos operan en 12 estados de Venezuela y cuentan con cinco emisoras en frecuencia modulada. «¿Acaso ellos tienen estas armas que aparecen como solicitadas por el estado venezolano», dijo.
Tarazona también informó que se está tramitando una medida cautelar y de protección ante la CIDH para los miembros de Fundaredes, «porque estamos siendo amenazados por nuestras investigaciones. Y será responsabilidad del estado venezolano lo que pueda ocurrir a cualquiera de los integrantes de Fundaredes por elevar estas denuncias».