La oposición venezolana ha institucionalizado el actual conflicto político a través de un “estatuto” emanado de la Asamblea Nacional; un hecho inédito en una coyuntura de posible “cambio” que no se define hasta el momento.
1) Preliminar:
Fue confuso determinar y concluir sobre la naturaleza «democrática» del proyecto bolivariano desde el año 1999; cuya referencia eran los triunfos electorales de Hugo Chávez a pesar de la desconfianza manifestada con respecto al sistema electoral automatizado Smartmatic a partir del 2004.
En lo internacional se aceptó a pesar de las observaciones puntuales del gobierno norteamericano incluso de la Unión Europea sobre un «desempeño no democrático» y el apoyo a movimientos subversivos particularmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
El reconocimiento del triunfo electoral presidencial de Nicolás Maduro en abril del 2013, resultó forzoso para la oposición liderada por Henrique Capriles; el respaldo de Unasur cuyos gobiernos para el momento se consideraban afines a la Revolución Bolivariana hizo que el reclamo opositor languideciera.
A partir del 2014, en virtud de las manifestaciones conocido por «la salida» liderado por Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledezma calificados de «radicales» se comenzó a mencionar «el desempeño no democrático» del gobierno de Maduro incluso señalado como una dictadura asociando el carácter represivo que originó un saldo trágico de jóvenes manifestantes asesinados – caso Geraldine León y Génesis Carmona entre otros– patrón de conducta que se señala reforzada actualmente.
La oposición comenzó a ganar terreno político particularmente debido al paulatino y sostenido deterioro económico de Venezuela no continuándose la controvertida prosperidad de los gobiernos de Hugo Chávez a través del gasto social mantenido con menores recursos por Maduro.
A raíz del triunfo electoral contundente de la oposición en las elecciones parlamentarias del 2015, se logró una mayoría calificada escamoteada y desconocida por el oficialismo que ignoró la nueva mayoría en la Asamblea Nacional (AN) con apoyo del Tribunal Supremo de Justicia; se lograba un espacio institucional y de poder que no contaba hasta entonces.
Inicialmente la oposición se limito a una expresión partidista manifestada en la Coordinadora Democrática actualmente Mesa de Unidad Democrática.
Las elecciones parlamentarias de 2015, el frustrado referéndum presidencial de 2016 y elecciones presidenciales de 2018, reflejó un continuo descenso de la aceptación electoral del oficialismo en beneficio de la oposición y necesidad de cambio para acometer el deterioro económico que generaría la crisis humanitaria y la diáspora venezolana.
El filosofo alemán Carl Schmitt conceptualizó el estado de excepción caracterizado porque la crisis política no puede ser resuelta por mecanismo inmanentes al estado de normalidad institucional, siendo la política un duelo de vida o muerte por la sobrevivencia del sistema jurídico y constitucional vigente. Para ser resuelta requiere una facultad por principio ilimitado producto de la suspensión del orden vigente en su totalidad. Una sociedad se encuentra en “estado de excepción” cuando su legitimidad, instituciones y juridicidad se ven suspendidas sine dia – sin plazo o fecha determinados- por causas de hechos extraordinarios.
Origina los conceptos de dictadura soberana y comisarial producto de la dialéctica entre lo que no termina de nacer y lo que no termina de morir; situación que el orden constitucional y estado de derecho se suspende o aparta para posiblemente hacer nacer lo nuevo; siendo el Soberano quien resuelve la excepción; una decisión radical con el objetivo de definir la crisis política al restablecer el orden o instituir uno nuevo que corresponda a la acción no necesariamente al pueblo como abstracción sino a una persona, partido, grupo, estamento o clase social.
El “Estatuto que Rige la Transición Democrática” dictado por la Asamblea Nacional (AN) -05-02-2019, busca restaurar la democracia constitucional establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como necesidad urgente ante la persecución y caos consecuencia del socialismo real atribuido al gobierno de Maduro. Se pretende con el estatuto ofrecer un cauce ordenado y racional al proceso de cambio político en el país.
La restitución o transición implica tres fases progresivas: 1) Cese de la usurpación del presidente Nicolás Maduro al considerarse el proceso electoral presidencial de Mayo del 2018 no legítimo. 2) Instalación del gobierno provisional. 3) Realización de elecciones libres, transparentes y competitivas. La conceptualización de la transición resulta sui generis en virtud que se inicia sin todavía haber removido el obstáculo que significa la usurpación.
Es de destacar la figura del presidente encargado recae en el presidente de la Asamblea Nacional cargo no previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela pero bajo el mismo termino le fue adjudicado a Nicolás Maduro y ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia para afrontar la situación política generada la agonía del recién reelecto presidente Hugo Chávez – 2012- hasta el proceso electoral de abril del 2013.
El gobierno provisional está sujeto a reglas de gobernabilidad y directrices de un programa mínimo aprobado por la Asamblea Nacional bajo los principios de economía social de mercado.
La designación recayó en el diputado Juan Guaido Márquez.
El presidente encargado de conformidad con el artículo 233, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela realizaría y convocaría a elecciones ante la «ausencia o falta absoluta» del presidente de la República dentro de los treinta (30) días continuos después de asumir el cargo; pero ante la «imposibilidad» de realizarlo particularmente por la continuidad del gobierno de Maduro, el Parlamento podrá ratificarlo como presidente provisional para la celebración de elecciones libres que culminara con la juramentación del nuevo presidente electo para el periodo 2019- 2025.
La incidencia del deterioro económico en lo político aunado a los intereses y actores internacionales; no haberse concretado el quiebre militar esperado con el frustrado ingreso de la ayuda humanitaria a través de las fronteras con Colombia y Brasil en febrero, la situación de crisis de urgencia del sistema eléctrico; produce agobio y cansancio en la población circunstancia que favorece al oficialismo en detrimento del gobierno provisional de Guaido.
Ante la situación se vuelve a sugerir el dialogo o negociación entre gobierno y oposición a través del “Mecanismo de Montevideo” que el canciller Jorge Arreaza considera la opción más lógica para lograrlo; planteándose la incolumidad del “Estatuto de Transición” frente a la coyuntura y pragmatismo político.
El presidente interino Juan Guaidó el 30 de abril, afirmó en Twitter el inició la fase final de la Operación Libertad con las principales unidades de las Fuerzas Armadas y convocó al pueblo a la base aérea de La Carlota en Caracas con el fin de propiciar el quiebre militar reivindicando la fase de cese de la usurpación por indispensable para dar inicio a la transición; siendo el sector militar fundamental para el cambio político y forma como el Soberano pudiera manifestarse para cesar el “estado de excepción”.
El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, dio a conocer el comunicado del Grupo de Lima y en el se afirma que respaldan los procesos populares emprendidos por el pueblo venezolano. Manifiestan que no pueden considerarse las acciones como golpe de estado; aseguran que reconocen la autoridad y legitimidad de la Asamblea Nacional y del presidente Guaidó, y no el régimen usurpador de Nicolás Maduro, por lo cual los hechos no pueden considerarse golpistas. Reiteran el llamado a las fuerzas armadas a que manifiesten su lealtad al presidente encargado Juan Guaido para que fieles al mandato constitucional, cesen de servir como instrumentos del régimen ilegítimo.
El vicecanciller uruguayo, Ariel Bergamino, el 30 de abril, a la prensa que su país “no tiene elementos” para catalogar de golpe de Estado la situación de Venezuela, en la que el jefe del Parlamento y presidente encargado, Juan Guaidó, se levantó con un grupo de militares en contra del Gobierno de Nicolás Maduro. “No tenemos elementos para catalogar si es un golpe de Estado o no, habría que ver también qué entendemos por golpe de Estado. Evidentemente es una situación nueva habrá que ver cómo se desencadena”.
Los planteamientos de Schmitt, parecen estar vigentes en Venezuela.
La mayor contribución que los partidos políticos de oposición y el sector democrático pueden hacer en este instante con miras a 2024 es contribuir a buscar ese “outsider” que agrupe a todo el país que aspira a un cambio. El gran movilizador del cambio político y social en Venezuela tiene que ser la unión de fuerzas económicas, sociales, políticas en torno a un proyecto de País
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La estrategia de Donald Trump, que incluyó fuertes sanciones y la amenaza latente de que "todas las opciones están sobre la mesa", no dio frutos y Nicolás Maduro sigue en el palacio de Miraflores.
