El Tribunal Supremo de Justicia responsabilizó este martes a los diputados Carlos Alberto Paparoni Ramírez, Miguel Alejandro Pizarro Rodríguez, Franco Manuel Casella Lovaton y Winston Eduardo Flores Gómez de siete delitos, en ponencia de la magistrada Bárbara César Siero.
El documento ordenó procesar a los legisladores por los delitos de “Traición a la Patria, Conspiración, Instigación a la Insurrección, Rebelión Civil, Concierto para Delinquir, Usurpación de Funciones, Instigación Pública a la desobediencia de las leyes y el odio”.
Con esta decisión, se eleva a 14 el número de diputados perseguidos por el gobierno de Maduro desde el 30 de abril, fecha marcada por un movimiento en el que Guaidó apareció acompañado por el dirigente político Leopoldo López y decenas de efectivos de las fuerzas armadas.
Sin embargo, desde que en 2013 asumiera el poder el heredero político del fallecido Hugo Chávez, se contabilizan 28 parlamentarios asediados y arrestados por los cuerpos de seguridad del chavismo.
Asimismo, el Tribunal solicitó al fiscal designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, a continuar con la tramitación de la causa penal correspondiente.
Además de estas agresiones personales se cuentan al menos cuatro ataques contra el Parlamento y sus diputados ocurridos el 5 de marzo de 2016, y el 23 de octubre del mismo año, el 27 de junio de 2017 cuando los colectivos, bandas armadas del chavismo, atacaron a periodistas y trabajadores dentro de la sede del Parlamento y el más grave ocurrido el 5 de julio de 2017 cuando grupos paramilitares armados por el régimen golpearon salvajemente a los diputados Américo De Grazia y Armando Armas, entre otros.