Chavismo acusa a Guaidó de liderar banda para apoderarse de Citgo

En una alocución televisada, la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, calificó de «insólita» la decisión de un tribunal federal de EEUU que rechazó esta semana la apelación presentada en 2018 por Pdvsa tras el embargo de las acciones de PDV Holding (PDVH), la compañía matriz de Citgo en suelo estadounidense, a favor de la minera canadiense Crystallex.

«Denunciamos ante el mundo que hay una operación de crimen organizado internacional para robarse los recursos de Venezuela», dijo Rodríguez.

Adelantó que denunciarán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en «todas las instancias internacionales», lo que consideran una violación al derecho internacional.

Rodríguez esgrimió que Crystallex «nunca tuvo derechos mineros, nunca tuvo títulos legítimos ni propiedad sobre la mina» y defendió la decisión de «retirar el contrato de servicio» a la firma canadiense por incumplir la normativa ambiental venezolana.

La funcionaria indicó que uno de los antiguos abogados de Crystallex, José Ignacio Hernández, este año fue designado como procurador ad-hoc por la Asamblea Nacional (AN), por lo cual consideró que la medida judicial es un «gran fraude material y procesal» que pretendería «apropiarse ilegítimamente de Citgo».

Según la versión del régimen chavista, Voluntad Popular (VP), organización en la que militan Guaidó y Leopoldo López, «ya ni siquiera es un partido político» pues «hace mucho tiempo abandonaron el camino de la política (…) para dedicarse a acciones terroristas».

Asimismo, consideró que VP «busca estafar, apropiarse y robar los activos de Venezuela en el exterior» y «en connivencia con los Estados Unidos». El «petróleo, oro y la deuda venezolana» serían los principales objetivos de esta supuesta trama denunciada.

Sostuvo que «a la cabeza de este grupo criminal» está el Gobierno de Estados Unidos.

En la supuesta estructura «criminal» estarían involucrados, además de Guaidó, el representante de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo, Ricardo Haussman; del enviado para EEUU, Carlos Vecchio; y del procurador ad-hoc, Hernández, entre otros.

Desde enero, la Administración de Donald Trump no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela, al considerar que las elecciones de mayo de 2018 no cumplieron con los requisitos legales.

Al respecto, Rodríguez esgrimió que «bajo el falso supuesto de que no reconocen al Gobierno venezolano», se «montan operaciones para robarse nuestros activos en el exterior», lo que sería «una gran estafa mundial».

Asimismo, a propósito del reinicio de conversaciones entre oficialismo y la oposición venezolana en Barbados, bajo el auspicio de Noruega, Rodríguez se preguntó «si este tipo de operaciones, este tipo de estafas y fraudes no atentan contra el espíritu mismo del diálogo».

No obstante, dijo que la delegación de Maduro está en Barbados «con toda la disposición de llegar a un acuerdo de convivencia en el marco del respeto mutuo y de la soberanía nacional».

Este miércoles, el fiscal general designado por la oficialista Asamblea Constituyente, Tarek Saab, informó a través de su cuenta en Twitter del «inicio de una investigación penal» contra José Ignacio Fernández por su «apátrida participación» en el juicio de Crystallex contra Citgo en Estados Unidos.

Saab rechazó el fallo del tribunal de Estados Unidos pues considera que implica una violación a la soberanía venezolana.