2020 debe tener dos elecciones. Las parlamentarias tocan y la presidencial nos la deben. Si las elecciones libres son, como creo, la puerta a la solución de la crisis, un árbitro que garantice a todos “la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales” como pauta el artículo 293 constitucional, es condición necesaria.
Empezando diciembre, participé en el Aula Magna de la UCAB en un Encuentro Nacional de la Sociedad Civil por la Solución Democrática a la crisis venezolana. Allí, doscientos representantes de organizaciones independientes de Caracas y de las regiones, expresando conclusiones de sus consultas con varios cientos más, expusieron no sólo su compromiso con la vía electoral, sino los pasos que habría que dar para asegurar la organización de un proceso confiable para todos los actores. Porque si no es así, podrá haber votación pero no solución. El Observatorio Electoral Venezolano, la Mesa de Entendimiento Electoral de Diálogo Social, el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, Sumate, Ciudadanía Activa y el Proyecto de Articulación Ciudadana por la Solución Democrática formularon sus propuestas, ampliamente coincidentes en los detalles e identificadas en el propósito de que el protagonista sea el ciudadano venezolano.
En enero, luego de los acontecimientos en la Asamblea Nacional que obviamente han dificultado las cosas, han corrido en medios y redes versiones sobre nombres que se barajan para integrar el Consejo Nacional Electoral, por los lados afines al interés del grupo en el poder. Ciertos o no, esa no es respuesta eficaz al problema planteado. La llamada “directiva” que despacha del Capitolio carece de la legitimidad y los votos para elegir o incluso para determinar que hay omisión legislativa y enviar la decisión al palacio del vitral de Alirio Rodríguez. Tampoco es buena noticia que la situación del Parlamento nacional, la mayoría desalojada de su sede y oficinas, tenga que avanzar por su lado en un proceso sin perspectivas de eficacia.
Tener un pedazo de la solución, más grande o más pequeño, por legitimidad o por la fuerza, no basta para que haya solución. Esta requiere de ambos pedazos.
Por otra parte, expertos reconocidos como Eugenio Martínez, llaman además la atención para que los ciudadanos nos fijemos, más allá de los cinco rectores, de todo el esquema operativo, en cuanto a equipos humanos y sistemas tecnológicos. Su argumento no es en absoluto desdeñable.
Objetivamente, la situación presente nos coloca ante dos riesgos para el país. Uno inminente y otro fácilmente predecible. El riesgo inminente es que uno de los lados, el del poder, se precipite y designe un CNE en términos inaceptables. Ni los actores de aquí ni los de afuera creerían en la validez de tal maniobra. El riesgo predecible es que la crisis se prolongue y se agrave.