Laidy Gómez, gobernadora de Táchira, criticó al gobierno de Nicolás Maduro por la inacción y pasividad frente a la guerrilla.
“Vladimir Padrino, encargado de seguridad y defensa de la nación, ¿Estos son los resultados de los ensayos militares? ¿De esta manera es que se defiende la patria? Amedrentando a los demócratas”.
La gobernadora mostró fotografías de las pintas hechas por los «colectivos revolucionarios» a las viviendas de dirigentes políticos y sociales en la frontera.
Gomez señaló que el Ejecutivo permite la presencia de grupos armados en el estado Táchira. «Es bajo la mirada complaciente de usted Vladimir Padrino, todo esto ocurre bajo el aval de la fuerzas armadas”.
Los colectivos armados, son guerrillas que actúan con el consentimiento de los que tienen la obligación de defender la patria y la integridad de todos los venezolanos, agregó.
Las reacciones de las guerrillas urbanas, de los colectivos revolucionarios armados amparados por el gobierno nacional, es satanizar, amedrentar y criminalizar el trabajo social y político de líderes locales del estado Táchira, denunció la gobernadora.
Casas con graffitis
Gómez declaró horas después que estos «colectivos revolucionarios» marcaran las viviendas de tres dirigentes políticos y sociales y la designaron como objetivo militar.
La casa de la prefecto de la parroquia El Palotal, Nancy Cortez; la de Giovanny Tarazona, dirigente de Acción Democrática y representante del Sindicato de la Salud del Hospital Samuel Darío Maldonado en San Antonio; y la vivienda de José Peña, dirigente vecinal del barrio Francisco de Miranda de la población fronteriza amanecieron con graffitis amenazantes.
La gobernadora criticó que hagan ejercicios militares en momentos en que los habitantes de Táchira carecen de electricidad, gas doméstico, agua potable o gasolina.
Gómez afirmó que los dirigentes afectados son los que ayudaron con jornadas sociales y deportivas en la zona.
“Luego de las actividades fuimos con unos dirigentes de Acción Democrática a tomar un café. Los dirigentes que me acompañaron, recibieron en la madrugada de hoy la visita de los ‘colectivos revolucionarios’. Ese fue el resultado de los ensayos militares en frontera, marcar casas para generar amedrentamiento”, afirmó.
La política afirmó que el ataque fue porque llevaron bienestar a la comunidad sin pedir el carnet de la patria.
No se puede protestar
Tras las amenazas El Estímulo conversó con habitantes de San Antonio del Táchira quienes aseguraron que quejarse, denunciar o protestar por los deficientes servicios públicos en la población, es una sentencia de muerte en la zona.
“Hace pocos días José Peña organizó una protesta en la plaza Francisco de Miranda de San Antonio, lugar donde instó a Corpoelec a solventar los constantes apagones en la zona, que superan las 12 horas diarias. Su liderazgo ahora lo quieren apaciguar sembrando terror”, señaló Giovanny Ramírez, vecino de la población fronteriza.
Ramírez cree que el pueblo de San Antonio está sumido en el abandono total; calles desoladas, hasta un mes o más se espera para que el agua potable llegue a los hogares; la gasolina solo la surten en una estación de servicio, dos veces al mes; el gas doméstico puede esperar hasta seis meses para ser despachado y vendido en pesos colombianos.
“Las pintas amenazantes en las viviendas son un reflejo de la perdida de institucionalidad en el país. En esta población hay un alcalde, también existe representación de cada uno de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, pero funcionan para unas cosas y para otras no y no se están respetando los reclamos de las comunidades cuando exigen el derecho a los servicios que son responsabilidad del Estado”, indicó Ramírez.