Cuarentena cierra salidas a crisis política de Venezuela

La cuarentena social impuesta en el planeta para luchar contra el coronavirus sofoca la estancada lucha política en Venezuela. Es casi seguro que será postergado cualquier proceso electoral, comenzando por la elección de un nuevo parlamento. El actual debería renovarse en diciembre de este año, según la vigente Constitución de 1999.

El gobernante Nicolás Maduro dijo el fin de semana a la radioemisora argentina AM 750 que “a estas alturas, de verdad yo no sé si va a haber elecciones este año».

«Tenemos esta prioridad (enfrentar la pandemia de Covid-19) y hoy sería una irresponsabilidad de mi parte decir que tiene que haber elecciones”, agregó.

Maduro es desconocido como presidente de Venezuela por más de 50 gobiernos, comenzando por la superpotencia hemisférica: Estados Unidos, y por la Unión Europea. Estas democracias de corte occidental en cambio consideran como «presidente  interino», legítimo, al líder opositor Juan Guaidó, cabeza del Poder Legislativo, la Asamblea Nacional.

Juego cerrado

Ambas figuras encarnan hoy la aguda confrontación política que ya lleva más de dos décadas en Venezuela. La pugna pudo desembocar este año en una temprana renovación del parlamento, según los deseos del gobierno chavista, para tomar desprevenida y casi totalmente ilegalizada a la oposición.

Por su parte los opositores quieren unos comicios en diciembre, con la elección de la Asamblea y la de un nuevo presidente de Venezuela.

Pero el arribo del coronavirus y la cuarentena desde el 16 de marzo congelaron los planes de unos y otros: los del oficialismo para imponer su ventaja y los de la oposición para arrancar acuerdos.

Estos compromisos pasan por tener un Consejo Electoral equilibrado. También, porque en los comicios se permita la participación competitiva de todos los partidos políticos y de sus líderes históricos. Hoy, los principales opositores han sido proscritos por el chavismo. Algunos analistas apuestan a que unas negociaciones de este tipo se adelantan con alguna mediación europea.

Aunque este martes Guaidó negó cualquier posible negociación con Maduro.

La pandemia sorprende a los venezolanos bajo los efectos de la mayor crisis económica y social en varias generaciones.

La depresión económica ha liquidado en cinco años, hasta 2019, 65% del PIB (Producto Interno Bruto anual, suma total de riqueza de una nación).  El país sufre la mayor hiperinflación en la historia del continente. Los alimentos están a precios inalcanzables para la mayoría y el salario mínimo es de tres dólares mensuales. Además, han colapsado los servicios públicos básicos. Más de cinco millones de venezolanos (15% de la población total) han migrado huyendo de la crisis.

Pugna constante

En ese clima, Guaidó renovó su propuesta de un gobierno plural de emergencia –sin él y sin Maduro–, que permita el ingreso de ayuda internacional para atender lo que la oposición califica como la “emergencia humanitaria compleja” del país y conduzca un proceso de transición política.

Maduro ha planteado “hacer a un lado la confrontación política” para encarar la emergencia. Reclama que cesen las sanciones con las que Washington bloquea activos, negocios e ingresos desde el exterior, tanto del Estado venezolano como de las principales figuras civiles y militares del gobierno.

La emergencia sanitaria adicional creada por la pandemia revitalizó la capacidad de Maduro de decidir sobre la suerte de los venezolanos en medio de la cuarentena.

También ha ratificado la oportunidad de captar la mayor atención de la ciudadanía en sus apariciones, en las que informa sobre la situación y gira instrucciones en público. Dos de sus inmediatos colaboradores civiles, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, también aumentan la frecuencia de sus apariciones.

Ahora, Maduro además plantea que dependerá de la situación pospandemia una pronta o tardía realización de elecciones. Afirma que eso puede decidirlo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos dictámenes, a lo largo de los años, siempre han sido abiertamente favorables al chavismo.

Control chavista

En 2017, en medio de un ciclo de cinco meses de fuertes protestas contra el gobierno, el TSJ, dominado por el chavismo, se arrogó las funciones legislativas del parlamento opositor, que desde entonces quedó neutralizado por completo y sin poder real.

El gobernante tiene el control del territorio, con el apoyo de las fuerzas militares y policiales y de todo el aparataje estatal. Esto incluye una Asamblea Nacional Constituyente, paralegislativa, con poderes «supremos y soberanos», que le permite a Maduro gobernar por decreto.

En tanto, el líder opositor apenas si puede maniobrar con un reducido y acosado grupo de colaboradores. Algunos de ellos desde dentro del país, y otros refugiados en embajadas, o en un autoexilio forzado para no ser encarcelados en Venezuela.

Con la clandestinidad o el exilio evitan correr la misma suerte de varios otros miembros del equipo de Guaidó: media docena de sus más cercanos colaboradores son prisioneros de la policía política y algunos están procesados por tribunales militares.

Una muestra de las posibilidades de acción opositora es la reciente jugada de trasladar $342 millones del Estado venezolano, represados en el Citibank de Estados Unidos, a las bóvedas de la Reserva Federal de ese país, para que así queden a disposición de Guaidó y no de Maduro.

Apuesta de los $100

Con esos recursos, Guaidó lanzó la iniciativa de entregar 100 dólares mensuales durante tres meses a miles de médicos y otros trabajadores de la salud. Este sería un reconocimiento y compensación por sus esfuerzos en la lucha contra Covid-19, un auxilio significativo ante la bajísima remuneración de los servidores públicos en el país.

El auxilio está pendiente de instrumentarse el mes próximo con la ayuda de la Organización de Estados Americanos  (OEA) –que reconoce a Guaidó y no a Maduro–. Pero queda por verse si podrá sortear las barreras que el oficialismo pueda colocar para absorber, impedir o desprestigiar la iniciativa.

En los medios –audiovisuales y electrónicos, bajo férrea vigilancia del poder – y en las redes sociales, continúa hoy la pugnacidad y alcanza a la lucha contra la pandemia.

El gobierno culpa a sectores de la oposición y genéricamente «a la derecha» y a personas adineradas, de conductas que facilitaron dos brotes del virus.

Mientras, los opositores culpan a los chavistas de relajar los controles cuando se trata de sus allegados. A ellos les achacan varios casos salidos de una fiesta en el paradisíaco archipiélago de Los Roques, y en una academia de beisbol en la turística isla de Margarita.

Hasta el 20 de abril, Venezuela registraba oficialmente 225 casos (63 de ellos en un foco en Margarita), con  10 fallecidos en todo el país.

Masas ausentes, conflictos latentes

Cerradas las escuelas y suspendidas las actividades laborales no esenciales, la mayoría de la población ha acatado la instrucción universal de recluirse en sus casas. Pero en sectores populares de Caracas y otras ciudades la gente va a las calles a buscar provisiones y también ingresos en la economía informal.

Sin embargo, la cuarentena suprimió la efervescencia de las manifestaciones políticas y sobre todo las protestas callejeras.

Son menos evidentes los reclamos públicos por los malos servicios de agua, electricidad, gas, salud y alimentos subsidiados. Intensas protestas poblaron el paisaje venezolano, intermitentemente, entre los años 2014 y 2019.

No obstante, en algunas localidades, en medio de la cuarentena, han asomado pequeñas protestas focalizadas, principalmente por falta gasolina, agua y de alimentos racionados por el gobierno.

Olla de presión

Los venezolanos intentan eludir el rigor de la cuarentena, porque más de la mitad de quienes trabajan lo hacen en el sector informal de la economía. Eso supone que centenares de miles de personas están privadas de ingresos al ordenárseles, en la práctica, quedarse de brazos cruzados.

Académicos que han estudiado por años la situación social venezolana concuerdan en que la cuarentena no podrá sostenerse por mucho tiempo sin riesgo de estallidos. La falta de provisiones e ingresos familiares es un dilema potencial ante un eventual crecimiento acentuado de infecciones por el nuevo coronavirus.

Un aspecto nada menor es la escasez de gasolina en todo el país, que generalizó un drástico racionamiento, con algunos casos de corrupción por parte de los custodios militares del proceso. La gasolina en Venezuela ha sido gratis por años, pero en medio de la escasez es ofrecida en el mercado negro a más de un dólar el litro.

Los conductores y transportistas extienden las quejas generalizas y expresan su angustia, pues la grave escasez de combustibles afecta el suministro de alimentos desde las zonas rurales y las agroindustrias hacia los centros de consumo urbanos.

Cerco internacional

Estados Unidos y sus aliados lanzaron recientemente una operación aeronaval para contener el flujo de drogas desde Colombia y Venezuela. Esto acentúa la animosidad de Washington hacia el gobierno de Maduro. De esta forma, trata de aumentar la presión para que el heredero de Hugo Chávez abandone el poder, pero la iniciativa entraña riesgos de incidentes con resultados impredecibles.

El mes pasado, el Departamento de Justicia estadounidense lanzó una requisitoria contra Maduro y una docena de otros altos mandos civiles y militares de Venezuela. Al estilo del Viejo Oeste,  ofreció recompensas millonarias a quienes faciliten sus capturas.

Maduro ha respondido estrechando lazos con potencias rivales: China, Rusia e Irán, así como los muy firmes que mantiene con Cuba. También sube el volumen a los micrófonos para la confrontación con los vecinos, particularmente Brasil y Colombia.

La apuesta estadounidense es a que se quiebre el apoyo sostenido que han brindado a Maduro la jerarquía militar y la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela.

La pelota cae con más frecuencia y opciones en ese lado de la cancha del juego político venezolano. Pelota que rueda lentamente, debido a la cuarentena, por ahora.