"(...) en vista del quiebre institucional ya existente en Venezuela, el Gobierno de Maduro aprovechó (la pandemia) para policializar y militarizar aún más el país, así como para darle el último zarpazo a la Asamblea Nacional, democráticamente electa en 2015, y al derecho al voto, al organizar unos nuevos comicios parlamentarios, en los que se podía votar, pero no elegir", señala el informe de 2020
Acceso a la Justicia, un observatorio civil que vela por la separación de poderes y el estado de derecho, denunció que la pandemia sirvió al gobierno de Nicolás Maduro como una vía para aumentar la represión y la arbitrariedad contra los ciudadanos y actores sociales de Venezuela.
La información la condensa su informe anual de 2020, cuyo titulo es La anulación definitiva del parlamento electo en diciembre de 2015 y del derecho al voto, y se presentó este miércoles 30 de junio.
«(…) en vista del quiebre institucional ya existente en Venezuela, el Gobierno de Maduro aprovechó (la pandemia) para policializar y militarizar aún más el país, así como para darle el último zarpazo a la Asamblea Nacional, democráticamente electa en 2015, y al derecho al voto, al organizar unos nuevos comicios parlamentarios, en los que se podía votar, pero no elegir», señala el documento.
Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, puntualizó cuatro aspectos principales que ayudaron al regimen de Maduro a reafirmar su autoritarismo tras el inicio del estado de alarma por la pandemia:
Otro de los puntos que Acceso a la Justicia resalta, especialmente por su impacto en las comunidades vulnerables, son las medidas que la administración chavista creó para «estrechar el cerco (…) en torno a las ONG». Por lo que rememoran que la persecución inició con dos resoluciones:
«La primera, emitida por el ministro de Interior, Justicia y Paz junto con el de Relaciones Exteriores, (…) estableció que las ONG internacionales de carácter humanitario deben obtener un certificado en Venezuela para poder funcionar, así sea a través de otras ONG domiciliadas en el país».
Este instrumento, en su artículo 8, ordena a las agrupaciones extranjeras inscribirse en el Registro Especial Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales No Domiciliadas (Regong), el cual podrá ser negado «por motivos de orden público y de soberanía, evidenciados de la información suministrada».
Sobre esto, Acceso a la Justicia dice: «es como un cheque en blanco que permite a las autoridades negar de manera arbitraria la inscripción o prórroga de las ONG extranjeras, por supuestamente representar una injerencia extranjera».
La segunda norma la dictó la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), a través de la circular número SIB-DSB-CJ-OD-06524 del 20 de noviembre de 2020. En dicho texto se ordenó a los bancos y demás instituciones financieras del país implementar «medidas que fortalezcan los procedimientos, mecanismos y sistemas tecnológicos que permitan monitorear las operaciones de negocios o financieras llevadas a cabo por parte de las ONG».
Lo que afectó las actividades de varios programas de alimentación y educación como: Alimenta La Solidaridad y Caracas Mi Convive.
En palabras de Acceso a la Justicia, todas estas medidas buscan prohibir la existencia de aquellos espacios independientes que quedan en el país. La razón es, para ellos, es evidente: las organizaciones disidentes son las que más han denunciado los delitos de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos en Venezuela.
De acuerdo con Daniels, esta situación de instigación podría acentuarse aún más tras los anuncios de ejecución de la Ley de Ciudades Comunales el pasado marzo. La misma pretende respaldar y otorgar mayores poderes a las comunas, incluida la administración de fondos públicos. Algo que terminaría de institucionalizar lo que ya existe en varias zonas del país.
Para ejemplificar su punto, señaló: «la distribución del gas depende de los consejos comunales, y no se se cumple. A pesar de ese fracaso (…) en un servicio público tan importante se le van a otorgar competencias más delicadas. Una de ellas es todo lo relativo a los sitios de resguardo para las víctimas de género. No se tiene la infraestructura para repartir una bombona de gas, entonces no sé en qué medida podría proteger a una mujer en peligro. Esto evidencia, una vez más, cómo el discurso demagógico tiene más importancia que el beneficio de los ciudadanos».
Para revisar el informe de 2020 completo, que consta de 24 páginas, puede acceder a la siguiente dirección web: La anulación definitiva del parlamento electo en diciembre de 2015 y del derecho al voto.
El mismo está dividido de la siguiente manera para dar un abordaje más completo de la situación antes, durante y una proyección de lo que podría pasar después de la pandemia:
Acceso a la Justicia recuerda que si no puede verlo, o no le carga la página, debe ingresar tras haber activado una VPN, ya que la administración chavista censura con frecuencia su plataforma.
Las elecciones parlamentarias son cruciales, no solo para renovar la Asamblea Nacional, sino para la definición de futuro del modelo político para el país.
Durante la presentación del informe anual este miércoles 17 de julio, el codirector de la organización Accesos a la Justicia, Alí Daniels, aseguró que la ausencia parcial o total del estado venezolano en la toma de decisiones políticas son las que han colocado al país es una situación de "emergencia humanitaria compleja", un término que asegura es muy utilizado para las naciones en conflicto
El observatorio venezolano de la justicia, Acceso a la Justicia, confirmó que el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirma el quiebre constitucional y la violación de derechos humanos que ocurre en Venezuela.
