Kenny Molina, esposa de Javier Tarazona, y la abogada Rachel González, advirtieron este viernes al Ministerio Público sobre el complejo cuadro de salud del activista detenido que podría producirle una "muerte súbita" si no recibe atención inmediata
Familiares y abogados de Javier Tarazona, un activista detenido en Venezuela tras denunciar vínculos del gobierno con grupos irregulares, pidieron este viernes su libertad ante el «complejo» cuadro de salud que presenta y que podría terminar en una «muerte súbita».
Tarazona, director de la ONG Fundaredes, fue detenido el 2 de julio pasado y enfrenta un juicio por «terrorismo e instigación al odio».
«Javier tiene problemas de frecuencia cardíaca elevada, arritmia cardíaca elevada. Tiene problemas de hemorroides internas, tiene problemas de insuficiencia venosa grado II, entre otras patologías que hacen que pueda correr peligro su vida y sufrir una muerte súbita», indicó la esposa de Tarazona, Kenny Molina, frente a la sede de la fiscalía en Caracas, donde entregaron un documento para pedir su excarcelación.
El activista está recluido en El Helicoide, sede del servicio de inteligencia. Fue arrestado junto a otros dos miembros de la ONG que posteriormente fueron excarcelados. Amnistía Internacional lo consideró como un «preso de conciencia».
Su arresto siguió a una serie de denuncias en las que vinculó al gobierno del presidente Nicolás Maduro con disidentes de la disuelta guerrilla colombiana de las FARC y combatientes del ELN.
La ONG y sus abogados -que insisten en que el activista fue detenido de manera «arbitraria»- señalaron también que Tarazona contrajo en cautiverio covid-19, en octubre pasado.
«Sí se le ha dado atención allí -en la cárcel-, pero ha sido una atención primaria y él requiere su libertad para poder ser atendido» por especialistas, insistió la esposa.
En marzo de 2021, Fundaredes informó, primero que las autoridades, sobre enfrentamientos en el estado fronterizo de Apure (oeste) entre militares venezolanos y grupos armados colombianos.
De acuerdo con cifras oficiales, 16 efectivos de la Fuerza Armada murieron en esos combates.
El fiscal general, Tarek Saab, acusó a Tarazona de difundir «difamaciones» para crear «una matriz de opinión negativa internacional», comprometer la seguridad y alentar más sanciones contra el país.
Según el último balance de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 243 «presos políticos».
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