En presentación de su último informe sobre Venezuela como Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet "le baja dos" al tono de las denuncias sobre la situación de los prisioneros, ejecutados y torturados por el régimen chavista que encabeza Nicolás Maduro. "Persiste la preocupación por las condiciones en las prisiones de Helicoide y Boleita", dice el informe.
Las libertades cívicas siguen restringidas en Venezuela, dijo este miércoles la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Pero reconoció lo que calificó como una serie de mejoras tras la aceptación del Gobierno de Nicolás Maduro de colaborar con su organismo y permitir su trabajo sobre el terreno.
En la presentación de un informe sobre las actividades de su Oficina en Venezuela, Bachelet dijo que entre mayo de 2021 y abril de este año su equipo allí documentó 166 casos de «restricciones indebidas».
Esto incluye casos de criminalización y amenazas contra voces disidentes, además de 34 violaciones de la libertad de expresión.
El informe dice que se constataron situaciones de acoso, censura y confiscación de equipos profesionales y el bloqueo de portales web, además del uso de la legislación antiterrorista y contra el crimen organizado para impedir el trabajo de defensores de derechos humanos y periodistas.
La alta comisionada también informó de ciertos avances, como el hecho de que no se haya registrado ninguna muerte en protestas pacíficas relacionadas sobre todo con la situación socioeconómica, como si ocurrió en las protestas antigubernamentales de 2017.
(NDR: en esas protestas masivas que se prolongaron durante cinco meses, los cuerpos de seguridad ejecutaron a mansalva a al menos 125 manifestantes, según denuncias presentadas por activistas de los derechos humanos ante la Corte Penal Internacional. También hubo centenas de prisioneros y decenas de heridos por la represión contra los manifestaciones pacíficas y las violentas).
El informe de Bachelet documenta menos detenciones arbitrarias (en momentos en que el país está pacificado a la fuerza).
Igualmente, se determinó que hubo «menos muertes en el contexto de operaciones de seguridad que en años pasados», aunque «de todos modos, una sola muerte es demasiado», enfatizó el informe citado por la agencia EFE.
Entre las medidas positivas de las que informó Bachelet destaca la disolución de las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía, conforme a una recomendación que había formulado en este sentido. Comentó que ésta es una oportunidad para «reforzar la naturaleza civil de las fueras de seguridad».
En realidad, la FAES sigue activa, pero con cambio de nombre, denuncian los activistas de derechos humanos y familiares de las víctimas.
La FAES, una fuerza de la Policía Nacional actúa en barriadas pobres y en predios rurales, ejecutando de manera sumarial a sospechosos de cometer crímenes ordinarios. Según las denuncias documentadas por activistas y familiares, la mayoría de las víctimas son pobres, criminalizados de antemano solo por vivir en el lugar donde viven.
Hoy el informe de Bachelet mencionó el procesamiento de militares y policías involucrados en siete muertes en las protestas de 2017, así como el hecho de que el fiscal general haya compartido información sobre algunos casos.
El equipo de la oficina de Bachelet que trabaja en Venezuela visitó entre mayo del año pasado y abril pasado 21 centros de detención, realizó 259 entrevistas confidenciales con detenidos y se obtuvo la liberación de 68.
En el ámbito de la detención, la alta comisionada mencionó que persiste la preocupación por las condiciones en las prisiones de Helicoide y Boleita, donde consideró que hay riesgo de malos tratos y de detenidos incomunicados.
Asimismo, señaló que las autoridades ya no permiten el acceso del personal de su organismo a esos dos centros de reclusión, ni a locales militares de detención.
Bachelet recordó que éste era el último informe que presentaba ante el Consejo de Derechos Humanos sobre Venezuela en vista de que el próximo 31 de agosto concluirá su mandato como alta comisionada de la ONU.
Durante su periodo, la Oficina de Derechos Humanos consiguió establecer un diálogo con el Gobierno de Maduro, que recientemente aceptó ampliar a 16 el número de empleados de esta entidad en Caracas.
(Con información de la agencia EFE)
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