Venezuela

Orden de captura contra la recién electa directiva de la AN opositora

Durante la noche del sábado se dio a conocer la medida contra Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez, presidenta y vicepresidentas de la Asamblea Nacional opositora electa en 2015. Este lunes las medidas en contra de la junta directiva se ampliaron y el Fiscal señaló al gobierno interino de ser una organización criminal

El Estímulo
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Comprender la razón de ser y la utilidad práctica de ciertos requisitos de la vida democrática nos interesa como venezolanos. Apelar a la memoria no es suficiente, porque casi tres décadas después quedan pocos que se acuerdan y además, porque tampoco se trata de idealizar con nostalgia la democracia que tuvimos. No me pasa por la cabeza proponer la restauración de aquella etapa en la que tuve tantas responsabilidades que no fue tan buena como nos gusta recordarla ni tan mala como la propaganda interesada la ha presentado para ahorrarse comparaciones que la dejan mal parada. Usando metáfora procesal, intentar reponer la causa al estado donde se encontraba en 1998 es absurdo e inútil y ya nos consta que la historia no se devuelve, como ha quedado comprobado con el intento de regresar a la gesta independentista o a la guerra federal, fracasado y costoso. Bien parados en el presente hay que mirar adelante, para no reincidir en errores e intentar no cometer yerros nuevos y acaso peores. Una vez, cuando lo recibía en el extinto Congreso, al Presidente de Italia Oscar Luigi Scalfaro le comenté que se sentiría en casa, pues había sido parlamentario distinguido por varias décadas. Me replicó con una pregunta: En Venezuela ¿El Congreso controla al Gobierno? que respondí explicándole las competencias del órgano a ese efecto. No le bastó y me dijo, mientras caminábamos al lado de la fuente rumbo al hemiciclo, “No sé en Venezuela, pero si en Italia el parlamento hubiera controlado al Gobierno realmente, nos habríamos ahorrado muchos dolores de cabeza”. Scalfaro, un estadista trascendente, se había significado como enemigo frontal de la corrupción. El poder distribuido en niveles y dividido en funciones que diseña el 136 constitucional no es un capricho sino el resultado de la experiencia histórica de este y todos los países. El poder concentrado tiende inevitablemente al abuso por el exceso que produce la superstición de la omnipotencia. Todo estaría perdido, dice Montesquieu, si uno solo o un grupo o aún el pueblo todo, ejerciese todos los poderes. Democráticamente, no es concebible el poder ilimitado. Tampoco, por cierto, si la medida es de eficiencia o eficacia. Si lo duda, revise cuales son los países más avanzados, aquellos a donde tanta gente quiere irse. Controlar el poder es una constante aspiración humana, para que el poder le sirva y no le estorbe u oprima. Para el control fiscal existe la Contraloría que debe controlar. Para el control judicial están los tribunales que deben impedir abusos, corregir desviaciones y restablecer cauces. Para el control político está el parlamento que entre nosotros es la Asamblea para el poder nacional, el Consejo Legislativo para el regional y el Concejo Municipal en el ámbito local, cuerpos que tienen tres tipos de funciones: las de representación, la de legislación y las de control. En cuanto a la Asamblea Nacional, la mitad de las atribuciones que le asigna el artículo 187 de la Constitución son de control. Una genérica en el numeral tercero “Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional” y las restantes son para impartir aprobaciones y autorizaciones que no deben ser saludos a la bandera, sino actos responsables, bien analizados con base a información completa y confiable, debatidos abiertamente y solo entonces decididos. No hacerlo así y despachar los asuntos velozmente, como si de la línea de producción de un matadero se tratara es la irresponsabilidad de quienes no están cumpliendo con su deber. Mecanismos pone en sus manos la Constitución (Art. 222) para cumplir: interpelaciones, investigaciones, preguntas, además de las dichas autorizaciones y aprobaciones previstas constitucional o legalmente. Y todos los funcionarios (Art.223) están obligados a dar toda la información que se les requiera. Como conclusión de cualquier investigación que determine responsabilidades políticas, puede la Asamblea solicitar a la Fiscalía o a la Contraloría las acciones para hacer efectiva la responsabilidad penal o administrativa. El control parlamentario es un requisito de buen funcionamiento del Estado Democrático, para mantenerlo al servicio de todas las personas. Exigirlo como ciudadanos es pertinente hoy y lo será mañana. diálogo Dinorah Figuera asegura no representar un desafío para la oposición venezolana

El jueves 5 de enero fueron designadas al frente de la Asamblea Nacional opositora, el sábado en la noche el sistema de justicia se ocupó de ellas emitiendo una orden de captura contra Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez. El lunes ya circulaba una alerta roja en Interpol.

Le medida contra la presidenta y las vicepresidentas del parlamento electo en 2015 la dictó el Tribunal 49 de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y fue informada a través de la cuenta de tuiter de ese despacho durante la noche del sábado 7 de enero.

Comprender la razón de ser y la utilidad práctica de ciertos requisitos de la vida democrática nos interesa como venezolanos. Apelar a la memoria no es suficiente, porque casi tres décadas después quedan pocos que se acuerdan y además, porque tampoco se trata de idealizar con nostalgia la democracia que tuvimos. No me pasa por la cabeza proponer la restauración de aquella etapa en la que tuve tantas responsabilidades que no fue tan buena como nos gusta recordarla ni tan mala como la propaganda interesada la ha presentado para ahorrarse comparaciones que la dejan mal parada. Usando metáfora procesal, intentar reponer la causa al estado donde se encontraba en 1998 es absurdo e inútil y ya nos consta que la historia no se devuelve, como ha quedado comprobado con el intento de regresar a la gesta independentista o a la guerra federal, fracasado y costoso. Bien parados en el presente hay que mirar adelante, para no reincidir en errores e intentar no cometer yerros nuevos y acaso peores. Una vez, cuando lo recibía en el extinto Congreso, al Presidente de Italia Oscar Luigi Scalfaro le comenté que se sentiría en casa, pues había sido parlamentario distinguido por varias décadas. Me replicó con una pregunta: En Venezuela ¿El Congreso controla al Gobierno? que respondí explicándole las competencias del órgano a ese efecto. No le bastó y me dijo, mientras caminábamos al lado de la fuente rumbo al hemiciclo, “No sé en Venezuela, pero si en Italia el parlamento hubiera controlado al Gobierno realmente, nos habríamos ahorrado muchos dolores de cabeza”. Scalfaro, un estadista trascendente, se había significado como enemigo frontal de la corrupción. El poder distribuido en niveles y dividido en funciones que diseña el 136 constitucional no es un capricho sino el resultado de la experiencia histórica de este y todos los países. El poder concentrado tiende inevitablemente al abuso por el exceso que produce la superstición de la omnipotencia. Todo estaría perdido, dice Montesquieu, si uno solo o un grupo o aún el pueblo todo, ejerciese todos los poderes. Democráticamente, no es concebible el poder ilimitado. Tampoco, por cierto, si la medida es de eficiencia o eficacia. Si lo duda, revise cuales son los países más avanzados, aquellos a donde tanta gente quiere irse. Controlar el poder es una constante aspiración humana, para que el poder le sirva y no le estorbe u oprima. Para el control fiscal existe la Contraloría que debe controlar. Para el control judicial están los tribunales que deben impedir abusos, corregir desviaciones y restablecer cauces. Para el control político está el parlamento que entre nosotros es la Asamblea para el poder nacional, el Consejo Legislativo para el regional y el Concejo Municipal en el ámbito local, cuerpos que tienen tres tipos de funciones: las de representación, la de legislación y las de control. En cuanto a la Asamblea Nacional, la mitad de las atribuciones que le asigna el artículo 187 de la Constitución son de control. Una genérica en el numeral tercero “Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional” y las restantes son para impartir aprobaciones y autorizaciones que no deben ser saludos a la bandera, sino actos responsables, bien analizados con base a información completa y confiable, debatidos abiertamente y solo entonces decididos. No hacerlo así y despachar los asuntos velozmente, como si de la línea de producción de un matadero se tratara es la irresponsabilidad de quienes no están cumpliendo con su deber. Mecanismos pone en sus manos la Constitución (Art. 222) para cumplir: interpelaciones, investigaciones, preguntas, además de las dichas autorizaciones y aprobaciones previstas constitucional o legalmente. Y todos los funcionarios (Art.223) están obligados a dar toda la información que se les requiera. Como conclusión de cualquier investigación que determine responsabilidades políticas, puede la Asamblea solicitar a la Fiscalía o a la Contraloría las acciones para hacer efectiva la responsabilidad penal o administrativa. El control parlamentario es un requisito de buen funcionamiento del Estado Democrático, para mantenerlo al servicio de todas las personas. Exigirlo como ciudadanos es pertinente hoy y lo será mañana. diálogo Dinorah Figuera asegura no representar un desafío para la oposición venezolana
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El tribunal apunta la «presunta responsabilidad» de las tres diputadas en los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales «en virtud de su participación en hechos irregulares relacionados con el nombramiento ficticio de una Junta Directiva de una supuesta Asamblea Nacional Ilegítima para el robo de activos venezolanos en el exterior».

En otras palabras, las imputan por ser electas como las titulares de la junta directiva de la AN-2015, una instancia respaldada en este momento por Estados Unidos, Canadá, Alemania y Francia, entre otros países. En cualquier caso, es improbable que se cumpla la medida: ninguna de las tres vive en Venezuela.

«Grupo delictivo»

A propósito de esto, el lunes 9 de enero el Fiscal Tarek William Saab anunció, ya de manera formal, la orden de captura contra Figuera, Fernández y Vásquez. Pero amplió las medidas: «Además de las órdenes de aprehensión se solicitó alerta roja internacional, medida de incautación y aseguramiento de los bienes, bloqueo e inmovilización de cuentas y prohibición de enajenar y gravar bienes», que fueron acordadas por el Juzgado Segundo de Control contra el Terrorismo.

Saab también advirtió que estarán atentos a las respuestas de los sistemas judiciales de España y Estados Unidos, donde viven las tres directivas recién juramentadas: «Vamos a ver qué hacen los gobiernos de esos países con nuestras solicitudes».

El sábado el tribunal que actuó dejó por fuera a los otros dos miembros de la directiva del parlamento opositor. Este lunes enmendaron la omisión: «Adicionalmente, el día de hoy, se acordaron órdenes de aprehensión contra el falso Secretario de esta Asamblea ilegítima, José Figueredo Márquez y el falso subsecretario Luis Alberto Bustos», dijo el Fiscal.

Saab cargó contra todo el llamado «gobierno interino» al que calificó de «grupo delictivo»: «Debemos recordar que el 23 de enero de 2019 en un acto público, el exdiputado innombrable se autoproclamó como presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela violando la Constitución de la República con apoyo de gobiernos extranjeros, en especial, el gobierno de Estados Unidos. A partir de ese momento, un grupo delictivo autodenominado «gobierno interino» desarrolló una serie de actividades ilícitas, apoyadas por el gobierno estadounidense y ejecutadas con la colaboración de otros gobiernos sumisos que les permitieron apoderarse de importantes activos de la República en el extranjero, como Citgo y Monómeros».

El Fiscal encadenó la existencia del gobierno interino que encabezaba el diputado Juan Guaidó proclamado presidente -«a través de una figura fantasmagórica»- a las medidas aplicadas por Estados Unidos y otras naciones contra instituciones del Estado y representantes del gobierno de Maduro y esbozó algunas estimaciones que intentan achacar el desplome de la industria petrolera nacional a las sanciones: «Entre enero de 2015 y junio de 2020, producto de la agresión de EEUU contra Pdvsa, la producción cayó 87 %. pasando de un promedio 2,4 millones de barriles diarios a 339 mil barriles diarios en junio de 2020. ¿Cómo se pretende que se produzca igual? Investigaciones económicas estiman en 214.000 millones de dólares las pérdidas de la industria petrolera debido a la caída de la producción, a las sanciones, la guerra de precios y el sabotaje contra Pdvsa».

Bajo el criterio de conceptualizar al gobierno interino -que en su momento fue reconocido como legítimo por más de 50 países- como grupo criminal el Fiscal informó sobre otras medidas: «Por los hechos irregulares desarrollados por esa organización denominada “Gobierno Interino”, el MP inició 22 investigaciones, por usurpación de funciones, legitimación de capitales, terrorismo, tráfico de armas, traición a la patria y asociación, entre otros. A las que se suman otras 5 investigaciones relacionadas con irregularidades cometidas en la empresa Monómeros, para un total de 27 causas contra esta banda de delincuencia organizada que ha desangrado al país».

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