Tras el anuncio de acciones por parte de la Policía Nacional contra la Corrupción, fuentes del oficialismo reseñaron la captura de los jueces Cristóbal Cornieles Perret y José Mascimino Márquez; además del alcalde del Municipio Santos Michelena del estado Aragua. También apresaron al jefe de la Sunacrip, Joselit Ramírez
Algo se agita puertas adentro en los círculos del poder político. Este viernes se hizo público -a través de la cuenta personal de Twitter del ministro de Comunicación- un comunicado de la Policía Nacional contra la Corrupción en el que se anunciaron procedimientos contra «una serie de individuos que violando el sagrado juramento de honestidad, moral y ética que realizaron para asumir las responsabilidades asignadas, podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos». Dice el documento que esto es producto de una «investigación profunda» sobre funcionarios del Poder Judicial, la industria petrolera y de «algunas alcaldías municipales del país».
Nombres no hubo en el tuit del ministro, pero en la noche cayeron algunos personajes. La cuenta oficialista La Tabla informó sobre las detenciones de Cristóbal Cornieles Perret, presidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas; de José Mascimino Márquez García, juez cuarto de control con competencia en delitos asociados al terrorismo y de Pedro Hernández, alcalde del Municipio Santos Michelena del estado Aragua. El mismo viernes también fue detenido el ahora exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, Joselit Ramírez, presuntamente incurso en delito de corrupción.
Al juez Cornieles -de acuerdo a la información- se le imputarán cargos por actos de corrupción. Cornieles fue juramentado el 29 de octubre de 2022 como juez de la Corte de Apelaciones y presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, por la presidenta del TSJ, magistrada Gladys Gutiérrez.
Al juez José Mascimino Márquez García también le impondrán cargos por supuesta corrupción. El de Márquez García es un nombre conocido por el antichavismo. A cargo del Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control, ratificó en 2021 la privativa de libertad contra el entonces diputado Freddy Guevara e hizo lo mismo contra el periodista Ronald Carreño, desestimando los argumentos de su defensa. En 2020 ordenó que mantuvieran detenidos a 12 pemones acusados de participar en el asalto al Batallón de Infantería de Silva 513 Mario Montilla, en el estado Bolívar. Actuó igualmente en el Caso Gedeón; ordenó la captura del politólogo Nicmer Evans y ordenó al menos un allanamiento a la residencia de la jueza María Lourdes Afiuni.
También apareció vinculado a un asunto extraño: la liberación -en enero de este año- de Oswaldo José Cheremos Carrasquel, miembro de la organización criminal Tren del Llano. «Cheremos Carrasquel, conocido como «el Pelón» Cheremos, quien presuntamente le suministra armas a la organización delictiva Tren del Llano,quedó en libertad el 9 de enero de 2023, con una medida de presentación, tras las presuntas gestiones de una mujer –quien habría sido asistente de un diputado oficialista–, que se presentó en tribunales como «enviada» de la Asamblea Nacional, en combinación con un funcionario del Circuito Judicial Penal Caracas», se lee en la reseña de la historia publicada por el diario Tal Cual: «El presunto terrorista fue liberado, con régimen de presentación cada cinco días, por el juez cuarto con competencia antiterrorista José Mascimino Márquez García,quien obedeció la orden del funcionario del Circuito Judicial de Caracas, Mario Aquino, para que «el Pelón» Cheremos fuera enjuiciado en libertad».
El 15 de enero, Cheremos Carrasquel fue detenido nuevamente en lo que parece haber sido una «corrección» hecha por el mismo juez que ahora acaba de ser apresado durante la noche de este viernes 17 de marzo.
El tercer caído en esta tanda de acciones, el alcalde Pedro Hernández, está señalado de asuntos relacionados con el despliegue y asentamiento de bandas criminales -como las lideradas por El Conejo y El Koki- en zonas del estado Aragua.
Joselit Ramírez, de acuerdo al diario oficialista Últimas Noticias, está involucrado en la «desaparición» de 3 mil millones de dólares producto de ventas de petróleo que no «ingresaron» al Estado. Ramírez, a quien se le relaciona con Tarek El Aissami, está en una lista de buscados por las autoridades de Estados Unidos que ofrecen una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura. Así lo describen: «un funcionario del gobierno venezolano acusado de tener profundos lazos políticos, sociales y económicos con múltiples supuestos capos del narcotráfico, incluyendo a Tareck EI Aissami».
«El pliego acusatorio alega que Ramírez Camacho trabajó con otros para violar y evadir sanciones de OFAC relacionadas con narcóticos, entre otras regulaciones relacionadas. En conexión con este esquema ilegal, Ramírez presuntamente coordinó viajes para individuos y funcionarios del gobierno de Venezuela sancionados por OFAC, notablemente durante la campaña de «reelección» del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros. Además, se alega que Ramírez Camacho conspiró con otros para blanquear pagos para los actos ilícitos mencionados mediante contrabando de dinero en efectivo a granel desde Caracas, Venezuela hacia Nueva York, NY».
En ese momento, 2020, el gobierno venezolano difundió un comunicado rechazando la «persecución» contra el jefe de la Sunacrip, «un compatriota insigne».
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