Los desalojos incluyeron a "ochocientos mineros ilegales (...) de la mina 'La Bulla' en el Parque Nacional Yapacana, estado Amazonas", informó en Twitter el general en jefe Domingo Hernández Lárez, al compartir videos y fotografías en las que se observan bosques completamente arrasados por la minería
Unos 1.300 mineros ilegales fueron desalojados del parque nacional Yapacana, una vasta reserva hídrica y forestal en la Amazonía de Venezuela que registra gigantescas áreas devastadas por la agresiva extracción de oro, informaron este lunes autoridades militares.
Desde el fin de semana han sido desalojadas «1.281 personas quienes de manera voluntaria comprendieron que ningún derecho humano prelará sobre los derechos ambientales», informó en Twitter el general en jefe Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela (FANB).
Durante el despliegue, activado el 1° de julio como parte de la «Operación Autana 2023» que la Fuerza Armada ejecuta en Yapacana, el parque nacional más extenso del país -con 320.000 hectáreas-, se activó un «canal humanitario» para evacuar a los mineros y sus familias.
Los desalojos incluyeron a «ochocientos mineros ilegales (…) de la mina ‘La Bulla’ en el Parque Nacional Yapacana, estado Amazonas», añadió Hernández Lárez, al compartir videos y fotografías en las que se observan bosques completamente arrasados por la minería.
Niños y mujeres también fueron evacuados, tal como se aprecia en videos divulgados por Hernández Larez.
«La minería ilegal arbitraria sin el respeto a la legislación nacional ha traído graves consecuencias ambientales por lo que la FANB se encuentra en campaña de desmantelamiento de campamentos, desalojo de mineros a través de una ruta de evacuación de minería ilegal para un posterior saneamiento y reforestación», indicó en otro mensaje.
«Todos los campamentos que violen en ordenamiento territorial serán destruidos y las poblaciones mineras expulsadas», afirmó el jefe militar.
En el lugar, ubicado en el sur de Venezuela, hay presencia de mineros locales y otros procedentes de Colombia, Brasil y Ecuador, algunos de estos detenidos en diferentes procedimientos.
Pobladores de Amazonas entrevistados por AFP denuncian el avance de la minería ilegal en sus territorios y la participación cada vez mayor de indígenas en dichas actividades. También proliferan enfermedades como el cáncer por la contaminación de ríos con mercurio.
La ONG SOS Orinoco denunció que 2.227 hectáreas en el Yapacana (unos 3.200 campos de fútbol) habían sido arrasadas por la minería ilegal en 2020, según un informe que acompañó con fotos satelitales.
Aunque el gobierno de Maduro intenté crear la percepción de lucha contra la minería, lo cierto es que el papel del Estado en el ecocidio en Venezuela es clave.
Una investigación de la Coalición contra la Desinformación (C-Informa) mostró que para los expertos ambientales el Arco Minero es la legitimación de la ilegalidad ambiental en el país. A pesar de que la Ley venezolana establece la protección de esta área, la minería legal e ilegal encuentra respaldo en un Gobierno que ve en el oro la posibilidad de obtener dinero en medio de una crisis petrolera que ha mermado los ingresos a las arcas de la nación.
En su informe de 2022,«El Arco Minero del Orinoco y la destrucción de la reserva natural más importante de Venezuela», la ONG FundaRedes denunció las ilegalidades que ocurren en un territorio de 111.843,70 kilómetros y que representa el 12,2% de la superficie del país.
La destrucción de la reserva ambiental más importante de Venezuela, ubicada en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro se genera como «consecuencia del extractivismo, la deforestación y tala indiscriminada de grandes extensiones de bosques y la minería ilegal por parte de organizaciones criminales», alertó FundaRedes.
Sin embargo, el informe de FundaRedes pone el acento en un asunto clave:«Desde su aprobación, el Arco Minero del Orinoco (AMO) incumple un esencial y vasto articulado presente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuelay en leyes orgánicas, así como la Declaración Universal de los DDHH, entre otras disposiciones y tratados suscritos por el Estado en materia de protección del ambiente».
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