Venezuela denuncia "motivación política" de CPI en caso por crímenes de lesa humanidad
La Fiscalía venezolana defiende que el sistema de justicia actúa, con más de 450 condenas de militares y policías por violar derechos humanos
Venezuela alegó que la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad durante el gobierno de Nicolás Maduro tiene una «clara motivación política», al anunciar este lunes que formalizó una apelación contra la autorización a reanudarla.
La decisión «tiene una clara motivación política y se inscribe dentro de la estrategia de ‘cambio de régimen’ impulsada por potencias extranjeras contra el país, sobre la base de una falsa acusación por crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido», expresó un comunicado divulgado por el canciller Yván Gil.
El gobierno venezolano anunció en el documento que presentó sus fundamentos frente a la Sala de Apelaciones de la CPI, denunciando «errores de hecho y de derecho que vulneran disposiciones fundamentales del Estatuto de Roma y del Derecho Internacional».
La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI autorizó el pasado 27 de junio a la oficina del fiscal Karim Khan a reanudar investigaciones por supuestos crímenes de lesa humanidad, considerando insuficientes los procesos judiciales en el país caribeño.
Esa instancia «desechó sin fundamento la mayor parte de las pruebas presentadas por Venezuela en la investigación y sanción de delitos contra los derechos humanos acaecidos en el país», respondió Venezuela.
La Fiscalía venezolana defiende que el sistema de justicia actúa, con más de 450 condenas de militares y policías por violar derechos humanos.
«Las investigaciones nacionales en general parecen centrarse en los perpetradores directos y/o de rango inferior», sostuvo en su momento la CPI, que subrayó que «parece haber períodos inexplicables de inactividad investigativa».
La CPI, con sede en La Haya, inició su investigación formal en noviembre de 2021.
El gobierno de Venezuela aseguró que «continuará haciendo uso de todas las acciones disponibles en el derecho internacional» contra lo que definió como una «ofensiva que abiertamente utiliza la institucionalidad de la CPI con fines contrarios a su naturaleza y razón de ser».
