Las encuestas previas al 28J daban cuenta de una intención de emigrar en al menos 12% de los consultados. Si bien no todos los que pronosticaron salir del país, lo harán en el corto plazo, la ola represiva que ha seguido después de las elecciones posiblemente acelere los planes, junto a la incertidumbre económica que de nuevo se instala en el país.
Aunque en general se enmarca a los migrantes venezolanos en la categoría de migración forzada por una crisis económica y social generalizada, la variable política también constituye un factor para tomar la decisión de salir del país.
Es cierto que, como ha señalado el experto estadounidense en temas de migratorios Douglas Massey, los venezolanos sencillamente huyen de su país para poder sobrevivir, la revisión de algunas cifras sin embargo apunta a que el trasfondo de la inconclusa crisis económica y su impacto directo en la población, parece tener luego un disparador de orden más político, para efectivamente emigrar.
Si bien hay disparidad de cifras entre las que ofrece la Plataforma R4V, que reúne los esfuerzos de las agencias especializadas ACNUR y OIM, y las que recaba el Observatorio de la Diáspora Venezolana, asunto que hemos analizado en un texto previo en El Estímulo, en este caso tomaremos lo indicado por las entidades de Naciones Unidas.
En su último reporte ubican en 7,7 millones la cantidad de venezolanos migrantes y refugiados, de los cuales una parte sustantiva ha terminado por asentarse en Sudamérica (antes de la pandemia de la COVID-19) y desde 2021 empujan con fuerza la ruta a través del Darién, Centroamérica y México con el plan de ingresar sin documentación, en su gran mayoría, a Estados Unidos.
Las cifras de R4V no incluyen los años previos a 2015, básicamente porque se tomó como punto de partida aquel año para consolidar estadísticas y esfuerzos de intervención humanitaria en relación a esta salida masiva de venezolanos y venezolanas de su país.
Entre 2017-2018, y recordemos el contexto de represión masiva y prolongada de 2017, un tema que es objeto de investigación por la Corte Penal Internacional, salieron del país 2,4 millones de personas. Es el primer salto de envergadura en el flujo migratorio venezolano en toda su historia. Según las cifras de OIM y ACNUR, Venezuela pasó de tener 689.109 migrantes y refugiados al concluir 2016 a contar con 3.489.321 al cierre de 2018.
La crisis humanitaria estaba instalada en el país, sin duda, desde 2015, pero ni ésta se había agravado, ni tampoco había vivido la sociedad la razzia policial y militar de 2017. Lamentablemente no hay cifras confiables para comparar el impacto que tuvo en la migración la represión masiva de 2014 con la de 2017, siendo que esta iba acompañada políticamente con el desconocimiento de la voluntad popular, que le dio un triunfo claro a la oposición en las elecciones legislativas de 2015.
El gobernante Nicolás Maduro dijo el 6 de agosto que se habían detenido a 2.229 personas en los días posteriores a las elecciones del 28 de julio. Esta cifra, en 10 días, equivale al 50% del total de detenciones que registró la ONG Foro Penal durante ocho meses de protestas en 2017. La ola represiva masiva, sin precedentes en el país por su volumen en tan corto tiempo, según defensores de derechos humanos, es sólo comparable a los primeros días del golpe de Estado en Chile en 1973.
Tal arremetida contra las protestas, junto al clima de miedo que se ha instalado en ciudades y pueblos de Venezuela, podría ser (o tal vez está siendo) el disparador para que presenciemos la tercera oleada masiva de migración venezolana conectada con una coyuntura política.
La segunda oleada se puede ubicar tras la abrupta caída de la esperanza en torno a la efectividad de la presidencia interina de Juan Guaidó, para lograr un cambio democrático en Venezuela. Sobre las características de aquel momento político, en 2019, justamente se puede leer otro texto de reciente publicación en El Estímulo.
Aquel 2019, que estuvo rodeado de movilizaciones y expectativas, alimentadas también por un discurso internacional que parecía destinado a impulsar la transición, fue un año de una ralentización en el flujo migratorio. En ese 2019 el flujo fue ligeramente superior al medio millón.
2020-2021 fue un período de falta de perspectivas de cambio (se había diluido la promesa de Guaidó), junto a un recrudecimiento de la crisis económica y la política de represión selectiva llevada delante de manera notable en las barriadas populares por parte de la tristemente celebre FAES, como documentó Michelle Bachelet en sus informes como alta comisionada de la ONU para los derechos humanos. Todo aquello empujó de nuevo la noria migratoria.
En esos dos años salieron más de dos millones de personas de Venezuela, si nos guiamos por las cifras de ACNUR y OIM de aquel momento.
En los días previos a la jornada electoral del 28 de julio, el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB presentó el estudio que le había encargado a la firma Delphos sobre el clima electoral. Una pregunta a los consultados tenía que ver sobre qué haría usted en caso de que Nicolás Maduro continuase en el poder. Un 12,8% de los encuestados dijo que “buscaría la manera de irse del país”.
Sobre una población total de 28 millones de venezolanos (ocurrió un decrecimiento poblacional en comparación con censo de 2011), esto representaría 3,5 millones de personas. Sin embargo, no puede pasarse por alto que ya el país ha visto como emigraban 7,7 millones, con lo cual -siendo realistas- ese 12,8% que fotografió Delphos equivalen hoy a 2,6 millones de personas. Todo esto, asumiendo que la población dentro de Venezuela está por debajo de los 21 millones.
Un estudio similar de ORC Consultores detectó que 18% de los encuestados estaría dispuesto a migrar en un plazo de seis meses si Maduro conservaba el poder.
Es difícil prever si tal cosa ocurrirá con tal intensidad en un plazo de tiempo tan definido. El resultado electoral, con una apabullante votación a favor de Edmundo González Urrutia, junto a los distintos informes de expertos (Centro Carter, Panel de la ONU), tal vez abran un compás de espera en algunos casos hasta ver con claridad qué sigue en la dinámica política. Para otros, en tanto, el fraude en sí, junto a la represión posterior, constituye una prueba de que no hay posibilidad de enmienda democrática en el chavismo. Para unos habrá un tiempo monitoreando qué pasa y qué pasos dar para migrar, para otros en tanto los planes se aceleran.
Lo señalado por David Smolansky, el ex alcalde de oposición que justamente se vio obligado a salir hacia Brasil, como contó luego de la persecución judicial que vivió dentro de Venezuela, puede ser una señal de un fenómeno ya en marcha y de una magnitud a considerar seriamente: “La emigración a Brasil se ha multiplicado por 7 desde el 28J. Antes de las elecciones emigraban 50 venezolanos a Brasil diariamente, pero después del 28J están emigrando 350 personas todos los días. Es decir, sólo en agosto podrían emigrar más de 10 mil venezolanos a Brasil”.
En el Foro de La Toja, que reúne a figuras políticas y económicas en el noroeste de España. Edmundo González dijo que dejó Venezuela "a causa de presiones inenarrables y amenazas extremas que tocaban incluso a lo más cercano de mi vida familiar"
"Las mismas actas chimbas (falsas), balurdas (vulgares) que ya las desmontamos, que ya las destrozamos, de (la líder opositora) María Corina Machado, ahora las está mostrando la empleada de la USAID", dijo Rodríguez en referencia a Jennie Lincoln, jefa de la misión de observación de esta organización durante las elecciones del 28 de julio
En un comunicado, se dice que "el Ministerio Público recabó suficientes elementos de convicción y fehacientes pruebas que incriminan a los referidos investigados" que serán presentados en las próximas horas en tribunales "para ser imputados por los graves hechos irregulares que se les atribuyen
