La designación de Larry Devoe como fiscal general no es sorpresa para muchos, pues quedó encargado del cargo tras la salida de Saab. Su elección para la Fiscalía fue votada por la mayoría: solo se abstuvieron 10 diputados
La Asamblea Nacional aprobó este miércoles 9 de abril la designación de Larry Devoe como fiscal general de Venezuela y a Eglée Gonzalez Lobato como defensora del pueblo.
Devoe, quien ya fungía como fiscal encargado tras la renuncia de Tarek William Saab el pasado 26 de febrero, obtuvo 275 votos de 285 diputados. Según Jorge Rodríguez, presidente la AN, obtuvo la misma cantidad de votos.
El nuevo fiscal general es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Está especializado en Ciencias Penales y Criminalísticas.
En noviembre de 2016 formó parte de la delegación de Venezuela en Ginebra, Suiza, ante el Examen Periódico Universal (EPU) realizado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde aseguró que el gobierno venezolano (dirigido por Nicolás Maduro) cumplía estándares internacionales de Derechos Humanos, algo que negó y probó la Misión de Determinación de Hechos de la ONU.
Eglée Gonzalez Lobato, quien es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), fue una de las candidatas propuesta por los diputados de oposición de la Asamblea Nacional.
Ha sido profesora de la cátedra de Derecho Constitucional, Teoría Política y Estructuras Político-Constitucionales Comparadas y consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Se materializó el rumor de la renuncia de Tarek William Saab a su puesto como Fiscal General de la República. Pero la AN le encontró empleo en minutos
El fiscal general, Tarek William Saab, informó que 34 personas están siendo investigadas por los hechos del pasado 30 de abril, día que Guaidó y López llamaron a los venezolanos a desconocer al gobierno de Maduro protestando en las calles del país
La familia del diputado Juan Requesens, detenido hace dos meses por su presunta implicación en el atentado con explosivos del cual salió ileso el presidente Nicolás Maduro, desmintió el 5 de octubre las pruebas presentadas por el Gobierno venezolano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
