El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció este 9 de abril que al menos 10 periodistas y trabajadores de la prensa fueron agredidos y robados por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el marco de las manifestaciones de gremios para exigir el aumento de salarios en Venezuela.
El SNTP señala que registró 10 casos, pero aclara que no fueron los únicos. «Fueron (…) afectados de distintas maneras: golpeados con los escudos antimotín, les destruyeron sus equipos para la cobertura -como teléfonos y micrófonos-, les partieron lentes de visión y les robaron algunas de sus pertenencias», detalló la organización.
Uno de los casos de los trabajadores de la prensa agredidos lo registró la ONG Provea, cuyo fotógrafo, Sergio González, fue agredido con un escudo policial en la Plaza El Venezolano, en el centro de Caracas y a pocas cuadras de la Asamblea Nacional y el Palacio de Miraflores, que era el destino final de la movilización de gremios y sindicatos.
Sobre este hecho, el Colegio Nacional de Periodistas dijo: «Rechazamos la agresión que sufrió el fotógrafo de Provea durante la cobertura de la manifestación al Centro de Caracas. Siguen violentandose principios constitucionales. Respeto a los derechos civiles, políticos y democráticos».
Otros de los periodistas agredidos fueron: Maryorin Méndez; José Mireles Alcalá de El Martillo; Francisco Cáceres de La TV Calle; Ana Rodríguez Brazón, corresponsal del diario El Tiempo de Colombia; y el equipo de VPI TV.
No solo fueron agredidos durante esta manifestación, sino adultos mayores, estudiantes y sindicalistas que asistieron e intentaron llegar al lugar de destino. Según Provea, los manifestantes tuvieron que pasar al menos ocho piquetes de la PNB durante la jornada.
«Las autoridades insisten en obstaculizar la libre expresión y el derecho de reunión pacífica de los ciudadanos, elementos esenciales para la construcción de la democracia y el sostenimiento del Estado de Derecho», indicó Provea más temprano.
El SNTP exigió «el cese inmediato de las agresiones contra la prensa y la investigación con sanción a los funcionarios responsables». Y agregó: «El Estado está obligado a garantizar condiciones para el ejercicio periodístico. Para esta denuncia mantenemos en resguardo fotos, videos, nombres y testimonios de las víctimas, que evidencian la acción deliberada contra periodistas identificados».