Visitas suspendidas. Insumos para los presos políticos reducidos al mínimo. Amenazas por pernoctar a las afueras de los centros de reclusión. Excarcelaciones paralizadas. A todo eso se enfrentan los familiares de los presos políticos de El Rodeo I y otros penales en las últimas semanas. De la calle no se van y aquí exponen sus motivos
Lacrimógenos y gas pimienta. Esas fueron dos formas de tortura que usaron contra los presos políticos del centro penitenciario de El Rodeo I el pasado 9 de abril, de acuerdo a la denuncia hecha por sus familiares hoy 15 de abril desde el Ministerio Público. Fue un castigo, dijeron. El motivo lo aclaró Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel: «Una protesta en la cual exigían su libertad, el cese de los tratos crueles; y en la que los extranjeros exigían una visita consular».
Las primeras denuncias de este nuevo caso de torturas las compartió el Comité por la Libertad de los Presos Políticos el 9 de abril. Los familiares subieron a una colina para comunicarse con los privados de libertad mediante gritos y así conocieron lo que ocurría.
«La respuesta del régimen venezolano fue torturarlos, amenazarlos con armas de fuego, someterlos durante toda la madrugada de miércoles a jueves a gases lacrimógenos y gas pimienta, lo que generó una situación bastante alarmante en varios presos políticos», dijo Andreína Baduel, quien además indicó que las visitas de su hermano están suspendidas hasta nuevo aviso.
«Mi hermano se desmayó. Él tiene secuelas de tortura que no han sido atendidas (…) tres presos políticos colombianos se descompensaron por la arremetida a la que fueron sometidos. El Estado sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad», agregó.
El Ministerio Público respondió a las denuncias del comité el 10 de abril y negó la información que compartieron los presos políticos a sus familias: «El MP (…) realizó una visita de supervisión (…) a los fines de velar por el respeto de los derechos de los privados de libertad en ese establecimiento (…) verificaron in situ las grabaciones de seguridad».
El MP dijo que «se pudo constatar la aplicación de los procedimientos y protocolos de rigor durante los hechos acaecidos en ese establecimiento, conforme a las normas que rigen el uso progresivo y diferenciado de la fuerza y el respeto a los derechos humanos». El comunicado lo firmó el nuevo fiscal Larry Devoe.
El Clipp ve respondió: «Como hablan de videos pedimos que los muestren, así como hemos mostrado nosotros las denuncias de nuestros presos políticos pidiendo auxilio».
En la manifestación de este miércoles no solo había familiares de civiles y militares recluidos en El Rodeo I, sino en el Fuerte Guaicaipuro, el Centro de Formación para Procesadas Femeninas «La Crisálida» y el Instituto Nacional de Orientación Femenina.
Sol Ocariz, dirigente del comité, comentó a El Estímulo que, por primera vez, funcionarios del Ministerio Público aceptaron conversar con familiares voluntariamente: «Solo pasaron cuatro y ellas llevaron los documentos de todos los que vinieron a esta manifestación el día de hoy. Ahí les explicamos todo: el incumplimiento de la Ley de Amnistía, las denuncias de tortura y malos tratos, la situación que viven los que pernoctan fuera de las cárceles. Todo. Eso es un logro y nuestras exigencias».
El proceso de excarcelación que inició el pasado 8 de enero en Venezuela parece estar en pausa. El último reporte del Foro Penal fue el 29 de marzo, cuando sacaron de la cárcel a Blanca Suárez, abogada del Diario La Voz, detenida el 25 de febrero de 2025.
Quienes buscan amnistía se enfrentan a un panorama similar. El 8 de abril, Alfredo Romero, director del Foro Penal, dijo: «Lamentablemente la Ley de Amnistía está sirviendo más que para agilizar la libertad de presos políticos, como un embudo para relentizar o paralizar la libertad de muchos presos políticos que hoy son 485».
Para el Foro Penal, la cifra de presos políticos se mantiene. Otra ONG, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) maneja un número mayor: 674 personas.
Moisés Uribe, Andrés Carvajal y Luis Quinchia son los tres nombres de ciudadanos colombianos que, según el comité, resultaron gravemente heridos durante los actos de violencia. El Ministerio Público aseguró que entrevistó a Quinchia para «desmentir» rumores de su presunta muerte. Sin embargo, no hay fe de vida que pruebe su estado físico y de salud.
El Comité por la Libertad de Presos Políticos aseguró que el consulado colombiano no ha podido visitar a sus ciudadanos recluidos en el Rodeo I. La situación con los detenidos colombianos la confirmó Karina Sepúlveda, familiar del preso político colombo-venezolano Javier Giraldo,a El Estímulo: «Mi esposo es de nacionalidad colombiana (…) y está preso por una llamada telefónica. El consulado dijo que nos iba a ayudar, pero no ha pasado nada».
«Yo hablé con la canciller Villavicencio en Colombia. Ella ofreció ayudarnos, pero no he visto resultados. Fui al consulado de aquí (en Caracas) y nos dijeron que se iba a ver Petro con Delcy Rodríguez, pero no hubo reunión. Supuestamente este mes», dijo.
Sepúlveda tuvo que irse de Venezuela para evitar la persecución tras la detención de su esposo Javier, quien está acusado de terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir y conspiración con un gobierno extranjero. Regresó a Venezuela apenas se aprobó la Ley de Amnistía.
De Javier sabe a través del testimonio de otro detenido político: «Por medio de otro preso, él me manda razones. Yo he ido a El Rodeo, pero no me han permitido visitar porque él declaró que estaba solo. Yo estoy moviéndome, tratando de buscar ayuda. Metí el documento, pero me negaron la amnistía».
Karina ha estado en contacto con otros familiares de colombianos detenidos en Venezuela. Este miércoles esperaban entregar un comunicado ante la Embajada de Estados Unidos para buscar apoyos para conseguir su libertad.
En total, los familiares registran 16 colombianos detenidos en Venezuela por motivos políticos. El Foro Penal maneja una cifra menor, pero continúa siendo el grupo más grande de extranjeros.
Estos son sus nombres: Martín Rincón Quitián, Carlos Alberto Cañas Carreño, Danner Barajas Luque, Arlei Espitia Lara, Luis Eduardo Quinchia, Pantaleón y José Luis De la Asunción Aragón (familiares), Moisés David Uribe Garizao, Jhon Naider Berrios Berrios, Antonio José Pérez Suárez, Ender Yesid Gómez Soto, José Colina (colombo-venezolano), Luis Carlos Peña, Javier Giraldo, Gusman Humberto Ramírez Angarita.
Carmen Hurtado tiene más de 90 días durmiendo a las afueras de El Rodeo I y fue una de las madres que se acercó al Ministerio Público este miércoles: «Mi hijo se llama Ángel Orlando Perdomo, tiene seis años preso y lo implicaron en el caso Gedeón: lo detuvieron el 20 de mayo de 2020 (…) lo acusan de terrorismo y traición a la patria porque es militar. En su causa hay 90 personas, pero ahí hay 42 por eso».
«A mi hijo lo detuvieron a La Victoria, estado Aragua, iba a visitarme a San Juan de Los Morros porque tenía permiso y se lo llevaron. Ya cumplió dos años en El Rodeo I. Yo supe de él seis meses después de la detención. Su caso está estancado», explicó.
«Estar afuera de El Rodeo I es fuerte. Nosotros vivimos por los apoyos, por los donativos. Yo estoy con mi familia del campamento, yo no tengo familia aquí, sino en Guárico (…) las condiciones de ellos adentro son fuertes. Los vemos solo 20 minutos y aunque a nosotros nos quitaron las capuchas, a ellos se las dejan. Ya van dos semanas que les quitaron las cartas, los libros, las proteínas, fotos. Todo esto a raíz de estas denuncias de tortura».
Carmen y el resto de madres lo tienen claro: «Estamos aquí porque necesitamos respuestas y vamos a seguir aquí. Vamos a hablar porque solo haciendo bulla es que se puede lograr algo».
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